La situación de los barrios populares en la provincia de Salta, fue puesta en discusión nuevamente debido al lanzamiento del programa nacional Mi Pieza, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social; y al proyecto del concejal capitalino, José García (Yo Participo), que busca crear el Programa de Regularización e Integración de Barrios Populares. El replanteo volvió a evidenciar la situación de vulnerabilidad que afrontan los barrios.

En ambos casos, la fuente principal es el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que reúne información sobre las villas y asentamientos del país. En ese sentido, Mi Pieza, se trata de una política de Estado que está dirigida exclusivamente a mujeres porque según el Registro, son quienes están mayormente a cargo. 

Acción que se visualizó en Salta porque en los 154 barrios populares que se registraron, 9.127 hogares están a cargo de mujeres, de un total de 12.854 familias encuestadas. Aún así, se estima en realidad que son 20.680 las familias que integran estos barrios, pero que el resto no fue encuestada porque simplemente no había un adulto en la casa.

La referente de la Mesa de Barrios Populares de la Capital, Saturnina "Dina" Guaymás, charló con Salta/12 y manifestó que la situación que atraviesan es difícil pero "estamos saliendo despacio", con la intención de "seguir en la lucha" que vienen realizando desde 2018, momento en que se fundó la Mesa. La fundación vino como respuesta al decreto nacional 358/17, que habilitó el registro de barrios populares en todo el país.

Desde ese momento comenzaron a trabajar con el objetivo de convertirse en articuladores con las gestiones municipales, provinciales y nacionales. Algo que pocas veces tuvo respuestas. Por lo que los vecinos "están cansados de todas las promesas", dijo Guaymás. Por eso consideró que la propuesta nacional resultó muy acertada, pero aseguró que "sería bueno" que se amplíe la inscripción.

El pedido viene a cuenta porque desde Nación se abrió un primer cupo de 25 mil beneficiarias en todo el país, siendo que sólo en Capital existen 6.642 familias registradas. 

En la provincia, en total fueron 12.854 grupos familiares los encuestados. De ese número se deben diferenciar dos tipos de familias: las "tradicionales", mayormente con dos adultos como figuras de autoridad, y aquellos grupos familiares definidos como monoparentales, que tienen solamente una persona adulta.

De las familias "tradicionales" se desprende que en 8.289 hogares, las responsables son mujeres, en contraposición a 3.469, que tienen una figura masculina a cargo. Mientras que en la dinámica monoparental, se muestra que 838 hogares, están a cargo de mujeres, y 147, de varones.

En ese sentido dijo que espera que estas convocatorias se repitan y extiendan a más beneficiarios, como ser las familias monoparentales a cargo de varones. "Ellos tendrían que entrar", destacando que son un número menor y también afrontan los gastos por cuenta propia. "Todos necesitamos y el programa se armó en un buen momento porque nos viene bien a los barrios populares", destacó.

El programa Mi Pieza se financia por medio del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que se compone con el 15% del Aporte Solidario Extraordinario a las grandes fortunas y el 9% del impuesto PAIS. Los montos a adjudicarse van de $100 mil a $240 mil, y el cobro será a través de ANSES en dos cuotas del 50%. La segunda la recibirán luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación en el celular.

Quienes deseen acceder a este financiamiento deben ingresar a argentina.gob.ar/mipieza y completar el formulario de inscripción. Además, también se señaló que el programa es compatible con cualquier prestación social, incluido el Potenciar Trabajo, pero quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

Al conocerse la nueva política nacional, se presentó el desafío de registrar a los grupos familiares que no habían sido encuestados. Ya que la iniciativa, además de estar orientada a mayores de 18 años, pide como requisito excluyente contar con el Certificado de Vivienda Familiar, que otorga el Renabap. 

Este certificado sirve de título suficiente para la acreditación de domicilio legal o fiscal ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas. Pero de acuerdo al Registro, en Salta oficialmente sólo 4.095 familias tienen el papel en mano. 

Por ello, el delegado del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social en Salta, Diego Arroyo, dijo a Salta/12 que están llevando operativos a distintos barrios, no sólo para completar los trámites sino también para aquellas familias que aún no han solicitado el certificado. Contó que ya recibió varios casos de personas que informaron que no cuentan con el mismo, por lo que indicó que para mayor agilidad deben ingresar en este link de Nación para iniciar el trámite. 

Mientras que aquellas personas que carecen de conectividad pueden acercarse a la sede de la delegación del CDR, ubicada en la calle Benito Graña 273, donde encontrarán personal que las acompañará en la gestión del comprobante.

Los municipios registrados son Capital (39), Salvador Mazza (7), Orán (17), Aguas Blancas (6), San Lorenzo (6), Rosario de Lerma (1), Cerrillos (2), General Güemes (2), Colonia Santa Rosa (3), Embarcación (2), Metán (6), Tartagal (45), Joaquín V. González (2), General Mosconi (4), Rosario de la Frontera (6), Vaqueros (1), Aguaray (1) y Pichanal (4).

Mayor consulta

Por otro  lado, la iniciativa del concejal José García, para crear el Programa de Regularización e Integración de Barrios Populares, llevó a que se diera una mesa de trabajo con funcionarias de la Capital de la intendenta Bettina Romero. En dicho intercambio se presentó el estado de las obras que lleva adelante el gobierno municipal con fondos nacionales; siendo el primer municipio de la provincia que aseguró obras de infraestructura licitada en barrios populares.

Si bien, la gestión de Romero aseguró que en cada ejecución de obra existia un trabajo conjunto con vecinos, Dina Guaymás, reiteró en pleno debate y en el diálogo con Salta/12 que debe darse una trabajo más articulado para ordenar las prioridades en las obras. También dijo que necesitan "que Provincia y Municipio, se sienten junto a nosotros que somos la Mesa para trabajar" en la garantía de los servicios públicos. 

Es que el gobierno nacional activó este año el Fondo de Integración Socio Urbana, con el que la gestión municipal obtuvo proyectos para algunos de los barrios salteños incluidos en el Renabap. Así es que se dispusieron obras de infraestructura en los barrios Sanidad 2, con un monto de $49 millones; 23 de Agosto, con $82.600 millones, y Juan Manuel de Rosas, con $69 millones.

El planteo que presentó la Mesa, indica que la prioridad debe estar puesta sí o sí en el funcionamiento de los servicios públicos, como agua, electricidad y cloacas. Esto porque en el barrio 23 de Agosto se prevé la obra de una plaza, como así también la instalación de redes de agua y cloacas, y de alumbrado público, pavimento y cordón cuneta. A lo que Guaymás indicó que la creación de la plaza hoy no es una prioridad. 

"Estamos dejando pasar el tiempo y no nos estamos beneficiando", destacó la referenta, precisando que lo que se necesita es que "nos sentemos a armar los proyectos juntos porque nosotros sabemos cuál es la prioridad de cada barrio". En Capital existen 39 de los 154 barrios registrados. 

A nivel provincial y en relación a la electricidad, sólo el 38,96% mantiene una conexión formal a la red pública; mientras que el 51,94%, tiene una conexión irregular. Luego se encuentran quienes mantienen una conexión por medio de un medidor comunitario (3,89%); quienes tienen un acceso formal pero con consumo limitado (1,29%), o los utilizan la energía solar (0,64%) o un generador eléctrico (0,64%). El 2,59%, directamente no tiene conexión.

Por el lado del servicio de saneamiento, 103 barrios de toda Salta tienen desagüe sólo por pozo ciego (o negro); mientras que 41, tienen desagüe por cámara séptica. Otros 5 guardan una conexión irregular a la red cloacal pública; 2 tienen desagüe a la interperie y sólo uno tiene conexión formal a la red cloacal, y es Ampliación Toba 1 de la localidad de Tartagal. 

En cuanto al agua, el 90,25% (139 barrios), tienen una conexión irregular a la red pública de agua corriente. Contra un 2,59% (4), que tiene la conexión formal. Otros 6 barrios tienen una bomba de agua de pozo comunitaria; 2, usan camión cisterna; 1, usa una bomba de agua de pozo domiciliaria y, 2, tienen conexión regular al agua corriente de red pública pero sin boleta/factura. 

Es por eso que Guaymás destacó como buena decisión que Nación envíe los fondos, pero exigen que sean bien destinados. "Si ellos (por el Municipio), quieren hacer una plaza, que la hagan con fondos propios" porque "la plaza para los barrios populares no es una prioridad". "Lo que necesitamos es la regularización de los barrios y los servicios en cada uno ellos", agregó.