El 28 de septiembre, fue el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, y con ello, se conmemoró el primer año del aborto legal en la Argentina, a través de la Ley Nacional N° 27.610, de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, ocurrida en diciembre de 2020. Este primera conmemoración trajo consigo nuevamente la demanda por la revisión de las causas penales contra mujeres que fueron denunciadas o condenadas bajo la etiqueta de "aborto".

De acuerdo a la información que el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, brindó a Salta/12, se supo que desde el 2012 hasta el 31 de enero de 2021, existieron 151 denuncias en la provincia bajo dicha etiqueta. De ese número, y sin mayores detalles, se muestra que 3 mujeres fueron condenadas, sin precisar datos que permitan saber si mantienen una condena efectiva o de cuánto tiempo es la misma.

La falta de información respecto a la criminalización existente hacia las mujeres, varones trans y personas no binarias con capacidad de gestar, no es una falencia exclusiva de Salta, sino que se repite en varias de las jurisdicciones del país. Así lo señaló el informe denominado La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina, que hasta diciembre del año pasado trabajó con 16 de las 24 jurisdicciones del país, con Salta incluida.

El informe señala que la falta de respuesta sobre este tipo de casos es un dato significativo porque "nos informa sobre un punto ciego del poder judicial, sobre las preguntas que los poderes judiciales no se hacen, sobre la ausencia de problematización de los eventos obstétricos y las políticas penales puestas en marcha para criminalizar a esas mujeres".

En la mayoría de los casos, las situaciones de aborto y otros eventos obstétricos -como una complicación en un parto inesperado, en un parto en condiciones paupérrimas o en un aborto espontáneo, en contextos de precariedad y miedo- terminan en acusaciones penales graves, como homicidio agravado o abandono de persona.

Así lo comparte también la abogada de la Fundación Gema, Tania Kiriaco, quien señaló que la mayoría de las causas se tipifican bajo homicidio agravado por el vínculo. La letrada sostuvo que en base a la cantidad de denuncias que registró Salta, se evidenció el vacío legal que existía en ese tipo de conductas, previo a la sanción de la ley 27.610. "Las mujeres finalmente no van a tener que cumplir ningún tipo de condena", destacó como primer paso para una plena autonomía, sin dejar de lado a las causas vigentes.

Los datos de Salta, señalan que de las 151 denuncias, sólo en 10, se abrieron legajos y se habilitó a la imputación. Mientras que 36 denuncias fueron archivadas; 2, fueron requeridas a juicio; una fue llamada a audiencia de debate, y también se dio la condena a 3 mujeres: en 2015, 2016 y 2018. No se registraron resoluciones vinculadas a sobreseimiento ni a absolución.

En ese sentido, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, están llevando adelante la campaña Libres las queremos, que busca acompañar a las criminalizadas injustamente y pedir por la anulación de las causas vinculadas a aborto. Con la nueva acción encaminada, pudieron saber que en el país existen 1532 causas con dicha etiqueta, y que hasta hace unas semanas, ya lograron la liberación de 9 mujeres que estaban presas.

Su representante a nivel nacional, Rosana Fanjul, contó a este medio que en el caso de Salta "no se ha podido lograr la revisión de las causas". Remarcó que "no es un camino fácil", y que el primer paso para poder actuar es tener el consentimiento de la persona detenida. Y con esta premisa es que se encontraron con casos donde las mujeres acusadas no querían recibir un asesoramiento por declararse en contra del derecho al aborto.

A pesar de ello, desde Libres las queremos, sostienen que la exigencia no es a las mujeres, sino al propio Estado. Fanjul señaló que cuando salió la ley, que entró en vigencia el 24 de enero de 2021, inmediatamente se tendría que haber revisado y caído todas las causas vinculadas por aborto. "El Estado tendría que haberse ocupado de revisar esas causas", reiteró.

Contó que "desde la campaña le transmitimos (al gobierno nacional) la información recolectada en el informe, pero no se accionó", dijo su integrante, agregando que "tuvimos reuniones, pero actuaciones concretas, ninguna". Es por eso que trabajan con equipos interdisciplinarios de "forma artesanal", como ellas la definen, donde revisan cada uno de los casos, logrando "influir" en distintas causas. 

También dijo que no es tan difícil revisar las causas judiciales de las mujeres, que ocupan sólo el 4% de toda la población carcelaria del país. Por eso, es que piden que "liberen con domiciliaria a todas las presas por aborto y eventos obstetricos, y así poder revisar sus causas en libertad". Sostuvo que "sólo hay castigo" porque ni siquiera se puede garantizar la comida en los penales, atención médica, o talleres que den una salida laboral.

En ese sentido, Fanjul afirmó que si bien el feminismo ha demostrado tener en estos años un poder de decisión en la agenda pública; "no somos paraestatales y el Estado debe tomar la responsabilidad y garantizar los derechos de las personas". En la actualidad, el saldo de Libres las queremos, son 9 liberaciones obtenidas de las 1532 causas registradas en todo el país.

Con todo ese recorrido, es que la militante por el aborto legal también afirmó que "el sistema judicial no está a favor de los derechos de las mujeres", ya que en muchos de los casos que han tratado, supieron que las mujeres no contaban siquiera con un defensor oficial. Sumado a que la totalidad de las mujeres criminalizadas se encontraban en situación de vulnerabilidad o pobreza.

"Hay un ensañamiento con los pobres y hay algo puntual con las mujeres detenidas", dado que las causas "no se mueven acorde a lo que realmente suceden en ellas", sino que en algunos casos los letrados toman resoluciones que están muy vinculadas a lo dictaminado por la prensa, con el fin de continuar la criminalización.

Estas situaciones son caracterizadas como "dispositivo de castigo", que refiere a una red que se establece entre discursos, instituciones estatales como policías y poder judicial, medios de comunicación, instituciones médico-científicas, fuerzas de seguridad, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, posiciones morales, "que en conjunto producen efectos de castigo y estigmatización sobre las personas imputadas".

"Esa red crea una racionalidad, produce formas de subjetividad, se inscribe en los sujetos y orienta sus prácticas", señaló el informe "La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina", elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y el Centro Universitario San Martín (CUSAM).

Por eso, Fanjul dijo que la liberación de las mujeres no es el paso último de la nueva campaña porque la gran mayoría de ellas, "tienen que reconstruir su vida después de meses o años de estar detenidas". A modo de ejemplo, sucedió que después de que una mujer obtuvo su liberación, regresó a su casa y se dio con que había sido saqueada.

"No sólo es liberarlas sino contenerlas como compañeras, hasta que puedan reconstruir sus afectos o familias si es que la tienen porque muchas están en estado total de abandono o con sus hijos", expresó. Cuestionando que en estas situaciones no hubo respuestas efectivas por parte de los gobiernos municipales, provinciales o nacional. "Es una tarea bastante cruda", describió, llegando a contar que muchas mujeres no tienen para el alimento diario.

Previo a estos dispositivos de castigos, también el informe señaló que las formas principales en que se inician las causas son por violación del deber de confidencialidad de parte de los profesionales de la salud o por la denuncia de personas allegadas o la misma mujer.

"Se recrudeció"

Fanjul dijo también que la criminalización sobre el aborto "se recrucedió más de lo que había antes de la sanción de la ley". Sostuvo que esto se debió a las acciones de sectores conservadores "que se manejaron de manera más hostil", ante quienes piden por la garantía de la interrupción legal o voluntaria del embarazo (ILE/IVE)). Destacando que en el caso de la ILE, es un derecho ya conquistado hace 100 años en Argentina.

Ante ese panorama es que trabajan de forma conjunta con la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Señaló que la Iglesia sigue siendo un factor determinante en determinados lugares porque "quieren instalar la ilegalidad de la ILE/IVE". Un caso de ello, es lo sucedido con la médica Miranda Ruíz, que afronta una causa penal en Tartagal tras practicar una ILE a una mujer de 21 años de edad.

En ese sentido, la abogada Kiriaco sostuvo que es importante "seguir sensibilizando", ya que la médica "fue denunciada por realizar algo que está permitido". Apuntó que dicha educación debe tener como principales receptores a los efectores de salud, a integrantes del sistema judicial y a los legisladores.

Incluyó a estos últimos porque en el caso puntual de la médica, se vio la contraofensiva antiderecho de los diputados Andrés Suriani y Cristina Fiore; y la concejala de Salvador Mazza, Claudia Subelza, que "subvirtieron el orden porque desconocieron una ley vigente", en palabras de Kiriaco. "Quienes más tienen que capacitarse son los mismos legisladores que deben conocer y respetar las leyes", apuntó.