El Ministerio de Salud de Entre Ríos abrió un sumario administrativo a un médico por difundir datos personales e información falsa de una nena de 13 años que accedió a una interrupción legal del embarazo (ILE). El caso se remonta al año 2018, cuando el médico Fernando Julián Rivas, del Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, brindó diversas declaraciones a medios locales en las que cuestionó la realización de la práctica, hizo pública la causal de la ILE y hasta aseguró que se trataba de "un parto inmaduro". Del mismo modo había reaccionado entonces el Obispado local, que llegó a difundir falsamente que "el bebé nació con vida", lo que el propio Ministerio calificó como una "manipulación perversa e intimidación" que violentó "los derechos de la niña". 

La apertura del sumario se confirmó a través de un decreto que lleva la firma del gobernador Gustavo Bordet y de la titular del Ministerio, Sonia Velázquez. El sumario apunta a Rivas por la "divulgación de información y datos reservados de una paciente menor de edad ventilados a la prensa" y por desconocer el protocolo ILE vigente. Además, a Rivas se lo acusa de infringir la Ley provincial 9892, de Carrera Profesional Asistencial Sanitaria, y ahora las autoridades deberán decidir qué sanción le cabe. 

En el decreto, el Ministerio explicó que, a fines de octubre de 2018, la chica ingresó al hospital con dolores abdominales. Tras realizarse una ecografía, se confirmó que cursaba un embarazo de veinte semanas. El 9 de noviembre la niña reingresó al hospital acompañada de su madre y decidió iniciar el protocolo ILE. Las dos fueron atendidas por una médica que informó "cómo se llevaría adelante el procedimiento, obrando solicitud y consentimiento informado de ILE, suscripto por la declarante y su representante legal, y consentimiento médico terapéutico". 

A las 14 del día siguiente, según consta en el decreto que da cuenta de la investigación previa a la apertura del sumario, se registró en la historia clínica del hospital que la paciente expulsó el feto que las autoridades médicas entregaron a personal de la policía. El dato es de relevancia porque la campaña de desinformación montada por Rivas y el Obispado en los medios locales se basó en denunciar falsamente que había nacido un bebé con vida. 

“Esto no es un aborto, esto fue un parto inmaduro lo cual es mucho más grave porque este es un embarazo de más de veinte semanas y obstétricamente después de veinte semanas es parto inmaduro”, decía el médico en una nota del medio "El Entre Ríos", que consigna una entrevista de "Oíd Mortales Radio" en la que Rivas se explayó con información falsa y datos manipulados. La publicación, fechada al 7 de diciembre de 2018, presenta la noticia como "el caso del bebé que, por varias horas, sobrevivió a un aborto". En el decreto, el Ministerio calificó a las declaraciones de Rivas como una "rotunda violación a las normas que regulan el ejercicio profesional de los médicos".

En tanto, en un comunicado firmado por el obispo de Concordia, Luis Collazuol, la iglesia local se había sumado a la campaña denunciando que "el bebé nació con vida y estuvo debatiéndose durante varias horas por seguir viviendo hasta que finalmente su corazoncito dejó de latir”. La campaña incluyó una movilización del grupo Red de Familias Entrerrianas que llegó a pedir la derogación del protocolo ILE en la provincia.

“Dada la conmoción que producen estas versiones, la manipulación perversa y la intimidación que se ha ejercido hiriendo profundamente la sensibilidad social, violentando los derechos de la niña y atentando contra la necesaria tranquilidad de los equipos de salud, se hace imprescindible aclarar que no es posible que ocurra sobrevida dentro de las condiciones establecidas por el protocolo", aclaró entonces el Ministerio. En el texto en el que dio cuenta de la apertura del sumario, además, ratificó: "El personal de Neonatología del mencionado nosocomio no participó ni intervino en el caso, debido a que no se produjo un nacimiento con vida".

Pero además de todo esto, a Rivas se le achaca haber difundido y cuestionado en los medios locales la causal de la ILE, sin el consentimiento de la niña ni de su familia. En este sentido, el Ministerio consideró que Rivas demostró "un total desconocimiento del protocolo para la atención integral de personas con derecho a la ILE, el cual se encontraba vigente y resultaba aplicable al momento de los hechos, sobre todo en lo atinente a los principios rectores del mismo, que hablan de derecho a la privacidad y confidencialidad de las mujeres que se someten a éstas prácticas". 

El protocolo en cuestión establece que "quienes participen en la elaboración o manipulación de la documentación clínica" deben guardar la debida reserva. Además, estipula que "nada de lo ocurrido en la consulta debe ser comunicado a otras personas, como integrantes del equipo de salud, familia o funcionarios judiciales o policiales". En cuanto a la historia clínica, "es de titularidad exclusiva de la persona usuaria y su divulgación configura una violación a su derecho a la intimidad y al secreto profesional".

El propio médico había reconocido en declaraciones al programa radial “Despertá con Nosotros" su "desconocimiento del nuevo protocolo que el Ministerio de Salud de la Provincia adhirió a nivel nacional". Además de Rivas, el Ministerio también pidió que sean sancionadas cuatro enfermeras del servicio de ginecología que "no brindaron asistencia y atención a la paciente ante el requerimiento de la médica tratante cuando les fue solicitado, no resultando de ninguna manera un justificativo a su accionar el hecho de que no compartan por cualquier razón la práctica ILE".