La Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad investigó un promedio de 300 sumarios policiales este año. De estos, solo 4 casos derivaron en pase a disponibilidad. Desde este año, los casos que involucran violencia doméstica y de género son tratados por el área como faltas graves y de manera multidisciplinaria.
Mario Maturano, director del área creada en el marco de la Ley 5429 de Seguridad Pública, explicó que este año se tramitaron un promedio de 300 sumarios. “La información que tenemos hasta el momento es un aproximado, es decir que aún falta cerrar el año para tener estadísticas completas y comparativas. El procedimiento que hacemos consiste en iniciar el sumario que es una investigación interna ante una falta al reglamento de la fuerza, que luego elevamos al Tribunal de Conducta del Personal Policial. No sabemos aún a cuántos sumarios ya fueron juzgados o están pendientes, y de esa información dependerá el número acabado”, aclaró el funcionario.
No obstante, confirmó que en el marco de las investigaciones iniciadas se decidió el pase a disponibilidad de cuatro policías. Se trata del cabo Nicolás Acosta, acusado por formar parte de una banda que estafaba con la venta de autos robados, el de la cabo Fernanda Santillán, quien fue imputada por la privación ilegitima de la libertad de una ciudadana y los casos de dos efectivos de la Comisaría de la localidad de La Guardia, en el departamento La Paz, quienes fueron denunciados por ingerir bebidas alcohólicas en el destacamento.
Maturano, explicó que el área trabaja con faltas al Reglamento de Disciplina de la Policía y del Servicio Penitenciario. Es decir, que no sólo actúan ante denuncias penales, sino que principalmente lo hacen con faltas administrativas “que son la mayoría” y que implican infracciones al régimen de servicio, abandonos de servicios, deudas frecuentes, o embargos reiterados.
En cuanto al tema de deudas y embargos, refirió que el reglamento fue sancionado durante la última dictadura militar, en 1972. “Quizá juzgar hoy a alguien por sus problemas económicos es injusto. Es por eso que tratamos de diferenciar y analizar qué puede llegar a comprometer la eficiencia o moralidad de la prestación del servicio, como casos de adicciones o ludopatía”, aclaró.
Violencia de género
Por otra parte, el funcionario destacó las investigaciones abiertas por casos de violencia doméstica o de género, aunque no supo precisar por el momento la cantidad. “Uno de los cambios fundamentales que hicimos en el área fue centralizarlos y trabajarlos de manera multidisciplinar”, dijo y agregó que antes de esta decisión, “los reglamentos viejos, cuando había un caso de violencia, se trataba dentro de cada destacamento”.
“Ahora tratamos todos los casos como si fueran graves de manera tal de poder centralizar esta situación y a partir de ahí hacer un abordaje desde todas las áreas. Puede intervenir fiscalía, el juzgado de familia en un primer momento, pero nosotros actuamos inmediatamente reteniendo el arma de fuego y dando intervención al gabinete psicológico de la fuerza”, aseguró.
En este contexto señaló que el trabajo que realizan va más allá de la investigación y también actúa la Dirección de Bienestar Policial que trabaja en la contención social de la familia involucrada. “Es decir que tenemos en cuenta que, en caso de haber niños y ese padre es pasado a disponibilidad en donde va a cobrar un 5% de su sueldo, vamos a tener que establecer algún tipo de seguimiento”, dijo.
También, interviene en estos casos la Dirección de Coordinación del Ministerio de Seguridad. Desde ese lugar, se trabaja con otros organismos, como la Oficina de Asistencia a la Víctima, el Hogar para mujeres Warmi. “Trabajamos con la Ley Micaela en el sentido de hacer un trato diferenciado del personal que está sindicado por hechos de violencia de género de manera tal de articular no solo la represión reglamentaria sino también la capacitación de éste policía o penitenciario. Para nosotros trabajar de esta manera es positivo y una responsabilidad muy grande ya que tratamos de abordarlo con perspectiva de género como corresponde”.
En cuanto a la quita inmediata del arma reglamentaria de un policía o penitenciario acusado de violencia contra la mujer, la dirección trabaja en el marco de la Resolución 471 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que hace un año estableció la “restricción de la portación, tenencia y transporte del arma" en estos casos.
