El jueves pasado sesionaron por primera vez los convencionales constituyentes elegidos para reformar parcialmente la Constitución provincial, y tras jurar y elegir a sus autoridades no arribaron a un acuerdo para consensuar su reglamento de funcionamiento interno. Por lo que ese debate se trasladó a la única comisión conformada, la de Poderes, Peticiones y Reglamento, que se reunió el viernes y lo hará hoy, para el jueves debatirlo en el plenario.

“Es muy importante tratar el reglamento detenidamente, porque sin él no se puede trabajar, la Ley establecía que se iba a tratar con el de la Cámara de Diputados”, explicó uno de los integrantes de comisión, Guillermo Martinelli. Pero como el oficialismo presentó uno, a través de la convencional Matilde López Morillo, con algunas modificaciones, “a nosotros nos cabe la función de hacer algunos cuestionamientos”, agregó.

El pasado viernes, tras convenir que Guillermo Durand Cornejo presidiría la comisión, comenzaron a discutir uno por uno los 136 artículos contenidos en el reglamento. “Llegamos hasta el 37, se modificaron varios y otros se aprobaron como estaban”, detalló el abogado y ex legislador provincial. Quien aseguró que durante el encuentro que mantendrán hoy se tratará el resto del articulado para obtener un dictamen y pase al plenario del jueves “para su aprobación”.

Recién una vez que eso suceda se podrán definir las seis comisiones previstas y que serán las encargadas de analizar los 11 artículos de la Carta Magna que se podrán modificar en esta ocasión de reforma. No obstante ello, ya acordaron que la comisión de Labor Parlamentaria se integrará con el presidente del cuerpo, Antonio Marocco, más los vicepresidentes y las autoridades de cada uno de los 9 bloques políticos ya constituidos.

También se definió que cada una de las comisiones de trabajo estará integrada por 10 miembros con voz y voto, contando con un presidente, un vicepresidente y dos secretarios, pudiendo participar de las reuniones los convencionales que lo deseen.

En cuanto a las modificaciones que se hicieron con respecto al reglamento que presentó la bancada oficialista, Martinelli contó que se preveía crear dos vicepresidencias, pero se terminó agregando una más “para los aliados del oficialismo, que son los radicales”. En ese cargo quedó la convencional por la UCR, María Tusnelda Castañares.

Otra modificación fue la del lugar de reuniones, que según la normativa que regula su funcionamiento, el presidente podría determinar cambios “por razones de fuerza mayor”, algo que la oposición objetó y solicitó que esas modificaciones se deberían definir en plenario de la asamblea convencional. “Así lo establece tanto el reglamento de la Cámara de Diputados como la propia Constitución de la provincia”, describió el ex legislador. Pero quedó pendiente de tratamiento, por algunas diferencias aún existentes, la posibilidad de realizar reuniones virtuales “por razones de fuerza mayor”.

Martinelli relató que el grueso del trabajo, a partir de este jueves, será en comisiones, y que hasta que cada una “haga el despacho, pasará un buen tiempo”. De allí lo revisará la comisión Redactora y finalmente la de Labor Parlamentaria, que estará encargada de elaborar el orden del día y llamará nuevamente al plenario para tratar y aprobar o rechazar los dictámenes emitidos para reformar la Carta Magna.

A las dos ya mencionadas, se sumará una de Administración que entre otras cosas definirá los gastos y necesidades de los convencionales. Allí el representante del Frente de Todos en la Convencional Constituyente esgrimió que si bien la Ley establece que realizarán sus tareas ad honorem, sin sueldo ni dieta, “hay convencionales que no dependen del Estado provincial o municipal, y que tienen que gastar en traslados, hoteles y comidas”. Y lamentó que la propuesta tal cual se presentó excluyó, por sus características, a muchos trabajadores profesionales, autónomos y del sector privado, “que no podrían actuar, porque para eso tendrían que dejar sus funciones por 60 o 90 días”. “Se hizo para gente pudiente o que depende del Estado”, enfatizó.

El convencional lo ejemplificó con el caso de algún docente del interior, que puede conseguir los días de licencia “pero tiene que conseguir los recursos necesarios para trasladarse, pagar su alojamiento y comida en Salta, y con su sueldo de maestro no le alcanza”. Y aclaró que ese punto lo exigió la oposición “aunque el oficialismo se negaba”.

Las otras comisiones girarán en torno a los ámbitos a modificar, según sea sobre el ejecutivo, el legislativo, el judicial, o la Auditoría.

Para Martinelli, el bloque oficialista no debe regirse por apuros de aprobar las modificaciones “hasta que no se logre realmente una Constitución que satisfaga los intereses de la provincia”. “Hay gente que por ahí no tiene experiencia en estas cuestiones, pero nada bueno sale de un día para el otro”, manifestó.

Con respecto a los amparos de inconstitucionalidad que se presentaron a principios de año contra la reforma, el abogado consideró que debido al tiempo que se tomó la Corte de Justicia salteña en abordarlas, “cuando lo haga ya los declarará abstractos, porque ya se instaló la Convención”.

Los temas en debate

Uno de los temas que generó mayor debate fue el del período de mandato de los jueces de Corte. Desde el gobierno, se proponía que, como en la Corte Suprema de Nación, los cargos sean vitalicios, pero para la oposición eso era otorgarle todo el poder a los magistrados elegidos por el gobernador. Por lo que indicaban que se debía estipular un período más largo, pero sin posibilidad de ser renovados.

“Nuestro sector ya dijo, y lo sostendrá, que tiene que ser un mandato de ocho años y que nunca más puedan volver”, indicó el convencional por el Frente de Todos Guillermo Martinelli, “mientras que la de ellos es darles mandato eterno”, acotó con respecto a la mirada que tienen quienes representan al Ejecutivo provincial.

Aquí recalcó que una Reforma de la Constitución “no es como la formación y aprobación de una Ley”, sino que en la Convención se tienen que buscar puntos de coincidencia, “es algo que tiene que durar por lo menos 20 o 30 años, y si se pretende por parte de la mayoría aplicar el número, caeríamos en un craso error”.

En cuanto a los mandatos del gobernador y los vericuetos de interpretación que encontraron los antecesores a Gustavo Sáenz para lograr ser reelectos por un tercer período consecutivo, Martinelli reconoció que la Carta Magna provincial, a diferencia de la Constitución Nacional, “dice que pueden ser dos mandatos consecutivos, y no uno consecutivo”, por lo que permitía esa lectura. Y espera que esta vez se modifique con claridad ese artículo para que no queden grises. A la vez que aclaró que su bancada insistirá con la propuesta de un solo mandato sin posibilidad a reelección.

Por último, otro de los temas que no será de fácil resolución estará en la definición sobre los plazos que tendrán los Concejales, a cuyos mandatos los quieren llevar a cuatro años con la modalidad de recambio de la mitad del cuerpo cada dos. Allí Martinelli recordó que por la Ley de Municipalidades, la mayoría de las ciudades tienen entre tres y cinco concejales, por lo que si se renueva la mitad cada dos años “se eliminaría la minoría”, ya que siempre ingresarían los ganadores.

El convencional ve como única solución, aumentar el número de bancas en por lo menos el doble, “para darles alguna mínima chance a las minorías”. Pero eso se contrapondría con el slogan oficial que llegaba con la idea de renovar la política y generar menos costos, “es un tema que habrá que discutir, si es conveniente sostener la renovación total cada dos años y con la posibilidad de tener representatividad de sectores minoritarios, o aumentar a cuatro años pero duplicando cada cuerpo deliberativo en esos municipios”.

Pedido de suspensión

Ayer, Edmundo Falú y el abogado Pedro Arancibia, solicitaron a la Corte un pronunciamiento urgente sobre la medida cautelar suspensiva que presentaron en marzo de este año. Y denunciaron el retraso que llevan en su tratamiento al considerar que en los casi siete meses transcurridos desde la interposición de la acción popular de inconstitucionalidad, “la Corte no ha atinado ni siquiera a conformarse definitivamente, tras una cadena de recusaciones y abstenciones que los magistrados afectados han tratado de forma manifiestamente contraria a los principios de celeridad judicial que rigen en los procesos de tutela de derechos fundamentales”.

Los denunciantes se reservaron el derecho de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e incluso a los tribunales internacionales, si no tuvieren una respuesta favorable a su solicitud.

En el escrito, recordaron que el proceso de reforma ha sido interesadamente diseñado para evitar la participación de los ciudadanos y que para la elección de convencionales se optó por un sistema electoral que vulnera el derecho fundamental a la igualdad del sufragio, que privilegia el rol de los partidos políticos y que distorsiona severamente la voluntad popular.

También objetaron que las sesiones de la Convención coincidan con una campaña electoral nacional en curso y “singularmente virulenta”, que impide los trabajos para redactar una nueva norma fundamental. Y como ejemplo utilizaron los de Pamela Calleti y Guillermo Durand Cornejo, que ocupan una banca de constituyentes mientras siguen en campaña.