Organizaciones sociales y ambientalistas porteñas entregaron al bloque legislativo del Frente de Todos (FdT) miles de firmas en apoyo al proyecto para crear un parque público en Costa Salguero. Según confirmaron desde el FdT, la Iniciativa Popular, que se opone a la venta del predio y a la construcción de edificios de lujo en el acceso al río, ya reunió las 40 mil firmas para ser tratada en la Legislatura y solo falta la presentación formal de los apoyos. "Después de 30 años está la oportunidad de recuperar las tierras, necesitamos aumentar las áreas verdes en la ciudad", señalaron las organizaciones.
"La participación ciudadana que despertó Costa Salguero se materializa en esta Iniciativa Popular. Es un instrumento que para nosotros tiene una gran fuerza simbólica: es el clamor ciudadano pidiendo recuperar nuestro mejor paisaje natural", dijo a Página/12 Bárbara Rossen, arquitecta del Colectivo de Arquitectas (CdA) en Defensa de las Tierras Públicas, una de las organizaciones que presentó sus firmas este martes y que se viene expresando contra la privatización de las 17 hectáreas de Costa Salguero desde el inicio del proceso legislativo.
Las firmas se entregaron este martes al mediodía en una reunión en el Salón Perón de la Legislatura. Además del CdA, entregaron las firmas que recolectaron las organizaciones Alianza por el Clima, Ecohouse, la radio Futurock, la Red de Universitaries por la Crisis Climática, Menos Cemento Más Verde y Jóvenes por el Clima. "Es nuestra tercera presentación, desde el CdA en cada una de ellas entregamos mil firmas", precisó Rossen, quien agregó que "lo urgente es detener la venta de tierras públicas, pero el tema de fondo es el modelo de ciudad. Las decisiones del GCBA en relación al uso del suelo incrementan los riesgos ambientales y comprometen el bien común".
En este sentido, Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima, aseguró a este diario que "el principal interés corporativo que atenta contra la calidad de vida y agudiza la desigualdad es el lobby inmobiliario". A su vez, remarcó que "mientras se impulsan proyectos para privatizar y construir torres de lujo en tierras públicas, se desaloja violentamente a más de 100 familias de la villa 31, ya previamente desplazadas por la suba de precios de los alquileres".
"Tuvimos esta iniciativa con el objetivo de que no decaiga la enorme demostración de participación popular que se dio en la audiencia pública, en la que la ciudadanía se expresó en contra del proyecto", afirmó durante la reunión el senador nacional por CABA, Mariano Recalde, impulsor de la iniciativa. “Avanzamos un paso más hacia el gran parque público en la Costanera. La participación de las organizaciones de la sociedad civil, profesionales como el colectivo de arquitectas, ambientalistas y deportivas ha sido fundamental para evitar que avance el plan de Larreta de construcción de un muro de cemento con torres que separe a la ciudad de su río", agregó a Página/12 el legislador Matías Barroetaveña, que participó del encuentro.
Luego de la conferencia, a través de su cuenta de Twitter, Recalde confirmó que "ya superamos las 40 mil firmas y vamos rumbo a la presentación". Desde el FdT indicaron a este diario que el trabajo que sigue es el de contabilizar una por una las planillas para realizar la presentación formal. El mecanismo de Iniciativa Popular establece que con 40 mil firmas el proyecto debe ser tratado en la Legislatura.
"El debate sobre la costa del río se dio cuando se redactó la Constitución y el Artículo 8 establece que tiene que preservarse la costa como espacio público", recordó Rossen. Las tierras de Costa Salguero son propiedad del Estado porteño, pero están concesionadas desde hace más de treinta años. Cuando vencía la concesión de la empresa Telemetrix y el Estado estaba en condiciones de recuperar el predio, el GCBA envió a la Legislatura el proyecto para privatizarlas que fue aprobado en diciembre de 2019.
Esa ley fue declarada inconstitucional por la Justicia, mientras que la de rezonificación, con mecanismo de doble lectura, pasó por la histórica audiencia pública que finalizó en enero de 2021 con rechazo masivo -- el 97 por ciento de los más de dos mil expositores se manifestó en contra -- y aún no se realizó la segunda lectura. Mientras tanto, el GCBA prorrogó la concesión hasta fines de 2022. "El proyecto es una amenaza para la Ciudad, genera una barrera desde lo morfológico y desde lo social en el acceso al río. Después de 30 años está la oportunidad de recuperar las tierras, necesitamos aumentar las áreas verdes en la ciudad", indicó Rossen.
