Los problemas de desocupación y precarización laboral hicieron eclosión ante la profundidad de la pandemia. Aumentó la vulnerabilidad de los sectores menos calificados, los más propensos a perder sus empleos. La cantidad de niños en situación de pobreza no sólo es un problema inaceptable de inequidad sino también un desafío futuro de posible deterioro de un activo crítico como es el capital humano.

Lejos de ser exclusivos de la realidad argentina, al agravamiento de los problemas sociales ha generado un aumento de los gastos sociales en distintos países y también debates a nivel internacional sobre cuáles son las mejores soluciones para enfrentar los problemas de desempleo y pobreza.

Es interesante hacer mención a esos debates y vincularlos con la situación argentina en el contexto de los reclamos presentados por distintas organizaciones sociales, en ocasión de la última festividad de San Cayetano.

Si bien se muestran, a nivel mundial, amplias coincidencias en que el abordaje de la pobreza requiere de políticas públicas que brinden alguna forma de garantía de ingresos mínimos a todos los ciudadanos, aparecen dos posiciones muy diferenciadas sobre cómo orientar esas políticas. Una de ellas hace eje en garantizar el pleno empleo para toda la población, mientras que la otra apunta a un ingreso básico universal, desligándolo de la participación en el mercado de trabajo.

Empleo

Para los partidarios de la garantía de empleo, la carga del desempleo se soporta de manera desigual, porque se concentra entre grupos que ya enfrentan otras desventajas como menores niveles educativos o pertenecer a minorías raciales y étnicas, entre otros. Por lo tanto, el gobierno debe asegurar el acceso al empleo, que definen no solo como una condición económica, sino también como un derecho inalienable.

Estos argumentos son apoyados desde diferentes perspectivas. El Premio Nobel de la Paz Amartya Sen señala que los costos económicos y sociales de no trabajar son muy altos y traen consecuencias que van más allá de la pérdida de ingresos. El profesor Randal Wray también hace referencia a los efectos perjudiciales de la inactividad y enfatiza que el acceso al trabajo aumenta la eficiencia al capacitar a los trabajadores. Para el economista Hyman Minsky, cualquier estrategia que no considere la creación de empleo como su principal objetivo no es más que la continuidad de una línea empobrecedora.

Pero esos autores reconocen que, para que los trabajos estén disponibles, es fundamental llevar adelante un programa de demanda de empleo que no dependa de las expectativas de ganancias de las empresas. Es decir, el Estado debe ser empleador de última instancia. En la medida en que no pueda alcanzarse esa demanda para todos, aceptan otorgar una compensación para quienes no puedan trabajar. Pero son las retribuciones al trabajo las que deben ser el determinante principal del acceso a los ingresos.

Ingresos

Desde la postura alternativa, autores como Malcom Sawyer señalan que la garantía de empleo es un enfoque completamente erróneo. Sería imposible encontrar trabajos útiles para todos dado que el mundo no los requiere para producir lo que se necesita. Este debate no puede dejar de estar unido a la reflexión acerca de qué es lo que constituye trabajo útil en nuestra sociedad. 

¿Podría dejar de ser solamente el mercado el que decide qué trabajo se realiza y cuál no? Es indudable que un concepto más amplio de trabajo podría incluir múltiples actividades que hoy son consideradas ociosas. Pero aún en el caso de alcanzarse un menor nivel de desempleo, para Sawyer esto implicaría mayor inflación y menores incentivos a trabajar porque los trabajadores no tendrían temor de perder su trabajo.

Señala, además, que en la actualidad la pobreza no se limita solamente a aquellas personas que tienen dificultades para obtener un puesto de trabajo sino que incluye también a trabajadores ocupados, algunos de los cuales se encuentran incluso empleados en el sector más formal de la economía. Esto se ha denominado en la literatura como “trabajadores pobres”, que pueden requerir un complemento de sus salarios. De modo que, desde esta perspectiva, la respuesta eficaz es establecer una garantía de ingreso básico para todos los que se ubiquen por debajo del nivel de pobreza.

Si bien ambas alternativas suelen aparecer como excluyentes en este debate podrían, en realidad, considerarse como complementarias al tener un objetivo común: la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Ya sea a partir de asegurar que todo aquel que busque un puesto de trabajo pueda conseguirlo, garantizando la percepción de un salario, o bien al establecer un ingreso básico para las personas independientemente de su participación en el mercado de trabajo.

Reclamos

Precisamente, las dos aparecen incluidas en los reclamos de las organizaciones sociales que promovieron la marcha en la Iglesia de San Cayetano. Estos pedidos se basan, por una parte, en asegurar un ingreso universal atado a la Canasta Básica Alimentaria y focalizado en la población que está por debajo de la línea de indigencia. Pero ponen, también, un fuerte eje en promover el trabajo dentro del ámbito de la economía popular con medidas como el acceso al crédito no bancario, la provisión de insumos para los emprendimientos, el reconocimiento a los trabajos sociocomunitarios y la creación de otro tipo de trabajos por parte del Estado.

En este punto cabría evaluar cómo lograr que la población que se encuentra en la indigencia pueda ir incorporándose al mercado de trabajo a partir del acceso a herramientas como la capacitación y la organización comunitaria. De hecho, integrantes de organizaciones sociales como el Movimiento Evita y Barrios de Pie señalaron que, si bien medidas como el IFE y el ATP han sido acertadas, con la salida de la pandemia se abre un nuevo debate vinculado a “transformar los planes sociales en trabajo genuino” o en “entender que los planes sociales han fracasado como respuesta a la pobreza".

Es necesario debatir cómo instrumentar los cambios estructurales que permitan lograr respuestas efectivas. Un proceso de crecimiento sostenido es un requisito fundamental para incentivar el empleo. Pero la experiencia de los últimos años nos revela que el mercado por si sólo no va a resolver el tema de la exclusión. Enfrentamos una profunda deuda interna que requiere urgentes respuestas y no sólo para enfrentar los problemas de inequidad sino también para asegurar el futuro de nuestro capital humano.

* Docente y Directora del Observatorio de Innovación Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.