El diputado del Frente de Todos José Luis Martiarena presentó un proyecto de ley para “nacionalizar los depósitos bancarios”. La iniciativa no había sido acordada con el bloque oficialista, que salió rápidamente a desmarcarse una vez que la noticia se difundió por los medios. En soledad, el diputado Martiarena defendió su propuesta señalando que permitiría “proteger los ahorros, recuperar el crédito y reactivar la economía”.

Si bien la iniciativa no parece tener caudal político para avanzar, es una buena excusa para informarse sobre qué fue la “nacionalización de depósitos” que implementó Juan Perón en sus tres presidencias. Técnicamente, la medida consistió en subir los encajes bancarios al 100 por ciento para que todos los depósitos captados por los bancos sean luego “encajados” en el Banco Central. Como los depósitos en los bancos serían a nombre del Central, los ahorristas se aseguran de que, en caso de corrida bancaria, la autoridad monetaria les garantice su devolución recurriendo, de ser necesario, a la emisión monetaria para ello. 

Por su parte, los bancos pierden la capacidad de prestar los depósitos, de modo que la creación y dirección del crédito queda totalmente en manos del Banco Central. Esa política fue clave para orientar el crédito hacia la vivienda, la adquisición de maquinarias y compra de tierras por los productores agropecuarios durante los gobiernos peronistas.

La medida no tiene una inspiración teórica heterodoxa, sino monetarista. En la década del '30 del siglo pasado, una serie de economistas norteamericanos liderados por Henry Simons, de la universidad de Chicago y Irving Fisher, de Yale, proponían implementar encajes del 100 por ciento para evitar la creación de crédito por los bancos y eliminar las corridas bancarias. El peronismo vio en esa reforma una posibilidad de dirigir la orientación del crédito, sin necesidad de expropiar a los bancos. 

Dado que los bancos no tienen un valor en sí, sino por los negocios que realizan con la plata ajena, su expropiación era un costo inútil. Mucho más si con sólo modificar el coeficiente de encaje legal, se obtenía un resultado similar. Paradójicamente, la propuesta fue retomada recientemente por el ultraliberal antiperonista Javier Milei, como un primer paso hacia su supuesto objetivo de “cerrar el Banco Central”.

Respecto a su impacto actual, la medida no generaría un cambio de relevancia respecto a la dependencia del Estado que presenta el sistema de ahorro bancario. La cartera de inversiones de los bancos sólo financia al sector privado en un equivalente al 36 por ciento de los depósitos del sistema, mientras que el resto se encuentra invertido en bonos del Gobierno o letras y pases del Banco Central. 

En ese sentido, el impacto más relevante de la nacionalización sería la garantía del Central sobre los depósitos y la posibilidad de incrementar el crédito, tanto al sector privado como al Estado, volcando a ello parte de la liquidez que hoy se encuentra en letras y pases. Adicionalmente, las líneas de crédito podrían tener tasas y volúmenes diferenciales, que establecería el Banco Central de acuerdo a los objetivos de su política financiera.