Por medio de la Comisión de Defensa de la Competencia, el Gobierno salió a frenar un intento extraño de abandono sin venta de activos de la planta que la empresa Dow Chemical tiene en la provincia de Santa Fe. El organismo ordenó a la compañía "no innovar, alterar ni modificar los activos productivos que posee en su planta de Puerto General San Martín, en San Lorenzo, salvo que la acción llevada adelante tenga como fundamento el mantenimiento, reparación o mejora de estos, hasta tanto se resuelva la cuestión objeto de investigación de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Defensa de la Competencia".
La empresa química, un gigante global de producción de plásticos y otros insumos básicos, expresó su decisión de salir del país y seguir operando desde Brasil, pero con una particularidad: aún con un pelotón de interesados en adquirir sus activos para ponerlos a producir, la firma se niega a vender, sin importar si quiera la oferta, los empleados y el carácter estratégico del activo. Este último punto explica, casi sin grietas, la razón por la cual se niegan a ser comprados. Dow abastece el 73 por ciento de la oferta local de polioxi propilenglicol y el 41,5 por ciento de éteres glicólicos, lo que explica su posición dominante en el mercado argentino. Esta concentración da la pauta de que el abandono de los activos sin venta podría deberse a un intento de salida del país sin fortalecer, vía la venta, a un competidor local que quisiera comprar. De esta manera, Dow podría seguir siendo principal proveedor de esos insumos desde Brasil, conservando el mercado y vendiendo a precios más caros.
A ese punto se enfoca la investigación de Competencia por presunto abuso de posición dominante por parte de la firma, según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado. Surge del dictamen que "teniendo en cuenta la posición de mercado que ocupa la firma investigada, parecería que la acción llevada adelante solo tiene como objetivo mantener su posición como principal oferente en el mercado a costa de la pérdida de recupero de las inversiones realizadas".
El Ministerio que conduce Matías Kulfas ya venía metiéndose en el tema desde el momento mismo del aviso de la empresa, considerando el impacto que tuvo en Santa Fe en los empleados y el sindicato. Y ante el interés de firmas que quisieron comprar. Después de eso, el tema fue mencionado por la vicepresidenta, Cristina Fernández, en un acto con el Presidente Alberto Fernández. “Por eso, Alberto, no tenemos que permitir que Dow Chemical, en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, cierre esa fábrica tan importante que produce insumos plásticos para toda la industria. Es una firma muy importante”, aseveró la vice, sobre la situación actual de la compañía.
La secretaria de Comercio, Paula Español, habló del caso y explicó que “proteger la industria nacional es una prioridad para tener el país que queremos”. Aseguró además que la perdida de esta planta “implicaría depender de la importación de estos productos petroquímicos claves y afectaría a la cadena de valor de la industria nacional”. En esa línea, Español argumentó que “cuando las empresas toman decisiones de este tipo, un Estado presente debe actuar, porque eso impacta directamente en la oferta de empleo, y, en definitiva, en el bolsillo de las y los argentinos”.
Volviendo al fondo de la investigación, Competencia sostuvo que "la comunicación corporativa (de la empresa) expresaría que los activos productivos serían inutilizados, dado que no serán transferidos ni reubicados, sino que los va a destruir o los va a volver obsoletos, lo que implica una afectación del interés económico general". En esa línea, argumentó que la pérdida de recursos económicos y la destrucción de los factores productivos, implica "un aumento de los costos de entrada de nuevos competidores y de los costos de transacción para la adquisición de los productos que se dejan de fabricar en nuestro país, y una afectación directa en el mercado laboral".
De acuerdo a la comunicación de la firma, la fábrica funcionará hasta mayo de 2022, y el cierre completo y desarmado se llevarían a cabo a finales del mismo año. Así es que Defensa de la Competencia detalló que "continuará con la tramitación de las actuaciones conforme lo establece el procedimiento de la Ley 27.442, garantizando la protección al interés económico general", debido a que, por mandato legal y constitucional, el Estado se encuentra obligado a llevar adelante acciones a fin de eliminar todas aquellas conductas que tengan como objetivo distorsionar la competencia y afectar el funcionamiento de los mercados involucrados.
