“Hoy, en 2021, una mujer joven con VIH en la Argentina tiene miedo de hablar de su diagnóstico. O sea, cuarenta años después del descubrimiento del Sida continuamos viviendo y sufriendo discriminación en el entorno social y comunitario, en diferentes ámbitos como el sistema de salud, laboral, entre otros. Además, en este grupo el estigma por VIH se superpone con otros que derivan de prejuicios propios de una sociedad adultocentrista.” La declaración se desprende del estudio “Indice de Estigma y Discriminación hacia las personas con VIH en la Argentina 2.0”, elaborado por la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y que presentó esta semana junto con el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), con apoyo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida (ONUSIDA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Se trata del primer trabajo realizado a nivel mundial por una red de jóvenxs positivxs, con entrevistas a 948 personas con VIH encuestadas entre 2019 y 2021 en el Amba, Noa, Nea y Cuyo, para recolectar evidencia y recomendaciones que permitan desarrollar políticas públicas más inclusivas, con perspectiva de géneros y derechos humanos. “Para la eliminación del estigma y discriminación que impiden a las personas con VIH acceder a los servicios de salud -detallan-, ejercer sus derechos fundamentales y tener una vida libre de violencias en su entorno social.”

Según el informe, si bien en la Argentina hay más varones con VIH que mujeres, son las mujeres con VIH las mayores víctimas de estigma, discriminación y violencias por razones de géneros. Precisamente, una sección específica del trabajo se enfoca en el impacto de esas variables, donde pudo comprobarse que los prejuicios instalados en la sociedad impactan en particular sobre las mujeres jóvenes, reforzándose por su edad: “Este es el grupo etario que más dudó en realizarse la prueba, por temor a la opinión de otras personas en caso de tener un resultado positivo (55 % de las jóvenes entrevistadas).” El nivel de estigma y autoestigma aumenta en las jóvenes con VIH de entre 25 y 39 años.

Y a pesar de un contexto nacional de apertura en términos de restitución de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, de mayores niveles de información y conocimiento acerca del VIH y el Sida, y de las múltiples redes y organizaciones que acompañan y contienen a las personas con VIH, el 56 % de las mujeres más jóvenes, de hasta 24 años, presentaron un porcentaje mayor de dificultades para hablar sobre su estado serológico con otras personas, y consideraron que fue una experiencia negativa la divulgación en su entorno no cercano. El 88 % de las mujeres jóvenes manifestaron que les resultaba difícil contarles a otrxs, y un 55 % aún duda de realizarse el test por temor al qué dirán, en caso de obtener un resultado positivo.

El estudio también evidencia que las poblaciones con VIH más afectadas por el estigma, la discriminación y la violencia en todos los niveles son las mujeres trans en un 18 %, las mujeres de pueblos originarios en un 54 %, y las migrantes internas, con el 48 %. Muchas de las personas con VIH o Sida en el país reconocieron sufrir algún tipo de discriminación: los datos registran que el 16 % de la población encuestada refirió haber sido obligada a hacerse la prueba del VIH o a divulgar su estado serológico para aplicar a un trabajo u obtener un plan de pensión.

Por su parte, un 18 % de trabajadoras sexuales aseguraron que sus registros médicos no habían sido mantenidos bajo confidencialidad y, en el caso de las mujeres trans, “el 16 % tenía la certeza de que sus registros médicos en relación con su estado serológico no eran confidenciales”. Un 23 % de mujeres de pueblos originarios afirmaron que en algunos servicios de salud les habían aconsejado no gestar, lo que muestra que el estigma del VIH se redobla con el racismo subyacente en estas prácticas. A esto se suma que el 13 % de las encuestadas manifestaron que en algunos servicios de salud también les aconsejaron no gestar. “Esta práctica resulta claramente ligada al estigma del VIH y constituye, por parte del personal de salud, una violencia contra las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, enunciada en la Ley 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres, y de los tratados internacionales.”

Todavía pesa el desconocimiento: 2 de cada 10 ignoran  que exista la Ley 23.798 de Sida en la Argentina, que ampara los derechos de las personas con VIH. La mitad considera que no se respeta la confidencialidad de su historia clínica y 8 de cada 10 personas con VIH tienen dificultades para hacer público su diagnóstico positivo. La Argentina adoptó la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde se establece la urgencia “de eliminar el VIH hacia el 2030, como amenaza de salud pública”. Sin embargo, el proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Las Hepatitis Virales, La Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), sigue cajoneado en las tres comisiones de la Cámara de Diputadxs donde se giró. Las organizaciones que lo impulsan están en alerta: si no se logra un dictamen antes de diciembre, perderá estado parlamentario por tercera vez.