“Destruyeron el único inodoro que teníamos, que a mi mamá le costó un montón de plata. Que nos den una casa si quieren que estemos bien”, grita una nena al micrófono de un canal de televisión mientras se le quiebra la voz, se la puede ver en un video que se viralizó a través de una publicación del medio Revista Cítrica. Tenía la mochila puesta, estaba lista para ir al colegio, pero esa mañana no llegó porque la Policía de la Ciudad no solo destruyó la pequeña casilla de nylon y chapa donde su mamá intentaba resguardarla del frío, también derrumbó toda posibilidad de soñar con un pedacito de tierra donde vivir para no quedar en la calle.

La misma Policía que con violencia y fuego cumplió las órdenes de Horacio Rodríguez Larreta cuando el pasado jueves 30 de septiembre envió cientos de efectivos para desalojar a las 80 mujeres y más de 170 niñxs sin techo que conformaban la toma “Fuerza de mujeres” ubicada en el predio conocido como “La Containera”, a un costado de la Villa 31. A las 7 de la mañana, cuando muchas madres estaban llevando a sus hijxs al colegio y otras mujeres ya habían salido a cartonear, llegaron las topadoras para devastarlo todo, sin mediar palabra ni aviso previo. El operativo no solo violó los protocolos de desalojo, sino que, además, puso en riesgo la vida de las mujeres y niñxs que se encontraban en el lugar.

“Se reían de nosotros, decían estos mugrientos ni se bañan. Ahora tengo que empezar de nuevo, adónde voy a ir con mis seis hijos, nos rompieron todo, los guardapolvos de los chicos todos tirados, las zapatillas tiradas, cómo van a ir al colegio mañana si ni siquiera saben dónde están sus mochilas, cómo van a salir adelante estas criaturas. Lo único que queremos es que estudien y que tengan otra vida”, dice Leonela, una de las mujeres desalojadas, mientras pasa sus manos por la cara para secarse las lágrimas.

Desde hace tres meses estas mujeres de la toma llegaron a un terreno que era un basural y que en los últimos años permaneció ocioso porque el Gobierno de Ciudad lo utilizaba como depósito de residuos y escombros. Lo limpiaron y comenzaron a levantar sus casillas con lo poco que tenían y el peso que juntaban por día. La gran parte de las mujeres tuvieron que escapar de sus hogares porque sus parejas las molían a golpes; cuando intentaron conseguir un alquiler, aunque sea una pieza, las rechazaban porque los propietarios del barrio Mujica no quieren alquilar a personas con hijxs.

Cuentan que los precios de los alquiles son irrisorios, algunos piden 10 mil por una sola pieza con baño compartido. La pandemia agravó la crisis habitacional histórica en la Ciudad de Buenos Aires y las principales afectadas son las mujeres jefas de hogar, que con sus crianzas a cargo hoy no pueden sostener el pago de un alquiler, y aquéllas que pueden pagarlo ni siquiera las aceptan.

El Gobierno de la Ciudad desoyó uno tras otro los pedidos de instancias de diálogo que solicitaron las familias para encontrar una solución al problema habitacional, y la única respuesta que recibieron fue más violencia. La policía destrozó y quemó sus pertenencias, a algunas familias ni siquiera les dieron tiempo para rescatar las pocas cosas que tenían.

Las historias detrás de la toma

“Desde que empezó la toma venimos pidiendo diálogo, mandamos cartas a todos lados, incluso al Ministerio de la Mujer, pero nunca obtuvimos una respuesta. No tenemos trabajo fijo y el otro problema es que no nos quieren alquilar con niños”, cuenta Albina. Tiene 26 años, llegó de Paraguay en 2015, tuvo que huir de su casa por la violencia de su pareja. Con sus tres hijos a cargo, le resultó imposible sostener un alquiler en una pieza pequeña para cuatro. “Hice tres denuncias en la Oficina de Violencia Doméstica, en enero empecé a tener ataques de pánico, pedí psicóloga, pero nunca tuve contención. La mayoría de las mujeres de la toma estábamos sufriendo ataques de pánico y no había ninguna persona para asistirnos.”

La perversidad del Gobierno de la Ciudad asciende cuando Albina denuncia que los comedores que responden a la Secretaría de Integración Social y Urbana que trabajan dentro del barrio les negaron la comida a más de 20 familias, solamente por estar en la toma. El día del desalojo, Albina solicitó la presencia de un representante de la Dirección General de Niñez y Adolescencia: “Tardó una hora en presentarse un tipo que ni siquiera sabemos quién era. Uno de mis hijos está con broncoespasmo, los otros lloraban porque se les derrumbaba la casita, no querían salir, había millones y millones de policías para cien mujeres. Cerraron el barrio directamente y nos quemaron todo. Quemaron una casilla cuando todavía había niños adentro. Me quedé sin nada y en la calle, como la mayoría.”

Mientras Ciudad avanza en la construcción de torres gigantescas en el espacio público, atendiendo a la especulación inmobiliaria de empresarios millonarios, desaloja a familias enteras sumidas en la pobreza absoluta, agravando aún más su situación de vulnerabilidad extrema. “Quieren ese predio para hacer sus negocios”, asegura Albina.

El Ejecutivo porteño emitió un comunicado, donde argumenta que debieron desalojar porque en ese lugar planean construir una escuela. Casualmente en el mismo lugar que el propio Gobierno llenó de basura durante seis años. Casualmente comenzaron a difundir entre lxs vecinxs la información de la obra escolar cuando se asentó la toma, un discurso perverso para enfrentar a lxs vecinxs de la Villa 31 con las mujeres de la toma. Sin embargo, el Gobierno nunca presentó ningún plan de obra del supuesto colegio, ni siquiera lo incluyó en el Presupuesto 2021.

“En un primer momento supimos que el terreno estaba asociado a un contrato con el Comité Olímpico cuando inauguraron la Villa Olímpica, después quedó en la nada. A las vecinas del barrio que trabajan con el Gobierno les dijeron que construirían una escuela, lo que generó discordia entre vecinas y vecinos. En sí no hay nada legal que diga que hay un proyecto asociado a ese terreno, nunca lo hubo, ahora tuvieron que salir con un manotazo de ahogado a presentar algo que no existe”, asegura Silvana Olivera, vecina e integrante de la Mesa de urbanización participativa y rotativa de la Villa 31.

Lucía es otra de las mujeres que integraba la toma, tiene 30 años, llegó al país cuando tenía 16, abandonó su Paraguay natal en busca de mejores condiciones de vida. Desde el primer día, cuando ocuparon el predio el 30 de junio, ella y el resto de las familias resistieron al frío y la lluvia del invierno cuando las tormentas inundaron el terreno y todo quedó bajo el agua. "Tengo tres nenas, alquilaba una pieza con baño compartido y con ellas se me hacía muy difícil, no encontraba una pieza más grande, por eso me uní a la toma, ninguno quería alquilarme por mis hijas”, cuenta. Su único ingreso es la Asignación Universal por Hijx (AUH), ni siquiera cuenta con una red comunitaria para dejar a alguien al cuidado de sus hijas y salir a buscar un trabajo, la más pequeña tiene apenas tres años.

Hoy Lucía tuvo que refugiarse en la casa de un familiar, pero no puede permanecer allí por mucho tiempo más, ya que el espacio es muy pequeño. Llora cuando recuerda aquella mañana: “Fue muy feo lo que vivimos cuando vinieron los policías, no les importaron los derechos del niño y la mujer. Era un caos total y lo que más me afectó fue ver que prendieron fuego una casilla cuando todavía había chicos adentro, los tuvimos que sacar a las corridas”.

Cuando llegó a la toma con sus hijas estaba lleno de escombros y basura. Armó una pequeña carpita con unos tirantes y fenólico, lo único que pudo comprar para convertirlo en una piecita. “El Gobierno de la Ciudad nos ofreció un subsidio habitacional que a nosotras no nos sirve, porque nadie nos quiere alquilar con hijos. Todo esto lo sufrimos por nuestros hijos lo hacemos por ellos, nos dijeron que nos vayamos porque iban a tirar y quemar todo, y así lo hicieron.”

Esta no es la primera toma, hace dos meses hubo otra en la Villa 21-24 ubicada en Barracas, donde alrededor de 150 familias ocuparon un terreno ferroviario abandonado, lo que demuestra el problema habitacional que presenta el territorio frente a la ausencia de soluciones de parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

El día del desalojo y luego de tomar testimonios, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) realizó una denuncia ante la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 11, donde detalla que “el uso de la fuerza policial puso en riesgo la integridad física de las personas, en particular la de mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes estaban organizándose para ir a la escuela cuando se desató una violencia desproporcionada.”

Urbanización a medias

Las familias de la Villa 31 tomaron ese terreno debido a la falta de vivienda que existe en el barrio. El proceso de urbanización que se encuentra implementando el Gobierno de la Ciudad no da respuestas efectivas a la problemática del acceso a la vivienda. “Hoy se está regularizando la situación de las viviendas, lo que ocasiona que los vecinos que son propietarios de las viviendas terminen expulsando a los inquilinos, por miedo a que se queden con el lugar donde están alquilando. Este proceso de regularización del Gobierno deja por fuera y expulsa a los inquilinos, lo que ocasiona las tomas que tenemos en el barrio”, detalla Silvana y recuerda otra toma similar que sucedió el año pasado con las mujeres del Hotelito, un edificio de tres pisos propiedad del Gobierno de la Ciudad, una toma con las mismas características: mujeres jefas de hogar, escapando de situaciones de violencia con sus hijxs a cargo que no consiguen quien les quiera alquilar.

Otra de las cuestiones que no ignora el Gobierno de la Ciudad al momento de la regularización, es que muchas familias necesitan un desglose de vivienda. “Les otorgan una casa, pero no tienen en cuenta que muchas mujeres ya tienen su propia familia y no pueden vivir en la casa de sus padres, les quedó chica. Tampoco contemplan la situación de las mujeres que están en situación de violencia, que no pueden seguir viviendo con sus agresores”, advierte Silvana.

Incluso las personas a las que ya les han otorgado viviendas denunciaron que la construcción es de pésima calidad y deben lidiar a diario con filtraciones, problemas eléctricos, incluso de las casas vecinas. En ese sentido, Silvana explica: “El Gobierno de la Ciudad dice que construyó las mejores viviendas de las urbanizaciones de todas las villas, que se invirtió mucha plata. Tienen una calidad que ellos llaman construcción en seco, por fuera tiene chapa en el medio el cableado y la infraestructura de agua y por el lado de la pared de adentro del departamento, tiene durlock. Todas las viviendas que se construyeron tienen esos problemas, incluso las que hicieron enfrente del Ministerio de Educación.”

El año pasado, la Defensoría del Pueblo realizó un informe técnico intimando al Gobierno de la Ciudad a resolver los problemas de las nuevas viviendas: “Según la ley, tendrían que tener una casa mejor o igual a la que tenían, cosa que no sucedió porque la vivienda no es igual ni en cantidad de metros cuadrados ni en calidad de construcción, incluso tienen problemas que no padecían donde estaban antes, es decir que empeoró la situación. Hoy los vecinos organizados del sector todavía están luchando por que les resuelvan los problemas que tienen los edificios”, asegura Silvana.

Para la urbanización de la Villa 31, el Gobierno de la Ciudad, desde la Secretaría de Integración Social y Urbana, creó un ente autónomo al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), denominado Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Urbanización Barrio Padre Carlos Mujica (UBPCM), y que depende del Ministerio de Desarrollo. Silvana describe la desidia: “La realidad es que la UPE no resuelve ningún problema y todos los parches que hacen son momentáneos. Arreglan algo, pero a la semana los vecinos ya otra vez tienen el mismo problema”.

El barrio está cerca de lo que se conocía como el parador de Retiro, al que asistían muchas personas en situación de calle. Durante la pandemia, en ese lugar se produjo un contagio masivo y desde ese momento el Gobierno de la Ciudad cerró el parador y nunca reabrió. Todas las personas que desde hacía años contaban con ese lugar para dormir y asearse, quedaron a la intemperie. “Ayer, después del desalojo, a las mujeres con sus hijos las mandaron a un parador en Lugano, pero si el parador de Retiro hubiese estado abierto, podrían haberlas alojado ahí cerca del barrio, para que las vecinas que las conocen puedan acercarle las cosas básicas que necesitan”, concluye Silvana.