Tras el contundente rechazó que cosechó el fallo de la Corte Suprema que avaló la aplicación del 2x1 a genocidas, el Gobierno promulgó hoy la ley que excluye del beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios. El freno legislativo fue aprobado en tiempo record, entre el martes y el miércoles, y con apoyo de todos los bloques políticos.
Mediante el decreto 329/2017, el Gobierno oficializó la ley 27.362 que aclara que la ya derogada norma del 2x1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”. El nuevo marco normativo también establece que el 2x1 sólo podrá ser aplicado en los casos donde el condenado haya estado en prisión preventiva en el periodo en que dicha norma estuvo en vigencia, entre los años 1994 y 2001.
El escandaloso fallo de la Corte firmado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que autoriza a conmutar la pena del represor civil Luis Muiña se conoció el miércoles 3. Los días que siguieron, los pedidos de los genocidas condenados para acceder a ese requisito se multiplicaron en los tribunales de todo el país. Desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevaron que había más de 300 represores en condiciones de acceder al beneficio tras el cambio de criterio aplicado por la Corte.
El rechazo fue generalizado e inmediato. Para los organismos de derechos humanos, la decisión de la Corte representó un indulto encubierto para los genocidas, y convocaron a una movilización de repudio que se convirtió en la masiva marcha del miércoles pasado repleta de pañuelos blancos. Los jueces que avalaron la sentencia fueron denunciados por prevaricato y el fallo fue recusado ante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
