El gobierno de España reveló una serie de medidas destinadas a regular el precio de los alquileres en el marco de un acuerdo entre los dos partidos de la coalición de izquierda en el poder, el PSOE y Unidas Podemos. La llamada ley de vivienda, que será presentada oficialmente el jueves en el Consejo de Ministros, incluye una baja en el valor de los alquileres a las propiedades en manos de grandes tenedores y establece, en cambio, que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de "congelación de precios e incentivos fiscales".
El líder del Partido Popular (PP) y principal fuerza de la oposición en España, Pablo Casado, anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. Apenas conocido un borrador del proyecto, tanto la oposición como la cámara empresarial salieron a condenar algo que consideran un ataque a la propiedad privada. En cualquier caso, las medidas abren la vía a la aprobación del proyecto de presupuesto, fundamental para el gobierno de España.
Los detalles del proyecto
La ley propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez pretende regular el precio del alquiler a los grandes propietarios e incluye medidas para las llamadas viviendas protegidas, impulsa el incremento en el parque público de casas para alquilar y busca imponer un recargo a las propiedades ociosas con una suba de hasta un 150 por ciento en el Impuesto a los Bienes Inmuebles (IBI).
Aunque el Ejecutivo aún no detalló la naturaleza del mecanismo que aplicará para regular los alquileres ni el tipo de propietarios a los que apuntará, el diario El País adelantó que la medida buscará caer sobre los propietarios de más de diez viviendas. La ley también ratifica la construcción de unas 20 mil viviendas sociales y la rehabilitación de barrios enteros, según el Ejecutivo socialista, por un monto de mil millones de euros.
La iniciativa prevé "incentivos fiscales" para los propietarios que acepten rehabilitar sus viviendas y ayudas de 250 euros mensuales durante dos años para los jóvenes que tengan recursos limitados. "En el caso de las familias más vulnerables, podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40 por ciento", señaló un comunicado gubernamental.
La regulación de los alquileres era reclamada desde hace tiempo por Unidas Podemos, al punto tal que condicionó su apoyo al proyecto de presupuesto 2022 a un acuerdo de su aliado socialista para esta medida clave. Ahora el gobierno minoritario de Sánchez tendrá que negociar con varios partidos pequeños, entre ellos los independentistas catalanes de ERC, para garantizar que el presupuesto sea aprobado en el Parlamento.
Primera ley de vivienda en 40 años
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, defendió este miércoles que la ley impulsada para regular alquileres será "comprometida en lo social" y "responsable y equilibrada" desde el punto de vista del respeto "absoluto" de la propiedad privada. En ese sentido, Sánchez instó al PP a darle una "oportunidad" y construir en torno a esta norma un "acuerdo de Estado" para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
En conferencia de prensa desde Eslovenia luego de la cumbre Unión Europea-Balcanes, el jefe del Ejecutivo dejó un claro mensaje para quienes se oponen al proyecto: "Aquellos que ya han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional no conocen el texto, no le han dado ni una oportunidad a la tramitación parlamentaria para poder presentar enmiendas". En cambio, Sánchez se mostró orgulloso del gobierno por haber sido capaz de diseñar y pactar, "en plena pandemia", la primera ley de vivienda en 40 años de democracia, lo que configura "un hito que merecería el respeto de todas las fuerzas".
"El intervencionismo es suicida"
Pablo Casado admitió que "el problema de la vivienda en España es muy grave" y que su partido viene diciendo "que hay que hacer algo". Sin embargo, criticó una medida que, a su juicio, "envía un mensaje de inseguridad jurídica de que el gobierno pueda intervenir en tu propiedad privada". El líder del PP argumentó que el "intervencionismo es suicida, porque al final la gente lo que hará es no poner pisos en alquiler, y por lo tanto va a haber menos viviendas a las que acceder y van a subir los precios".
Por ese motivo, Casado explicó que la intención de la formación que dirige es recurrir el proyecto legislativo, del que todavía no se conoce la letra chica, ante el Tribunal Constitucional. También aseguró que, de ser aprobada, la ley "no se va a aplicar" en los ayuntamientos y regiones gobernados por el PP. "Estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le da la gana con lo que es suyo", manifestó el dirigente de derech.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, acompañó el rechazo opositor y advirtió que la ley de vivienda "manda un mensaje de falta de seguridad y de libertad de acción en España" a los inversores extranjeros. Garamendi aseguró que "todo lo que son políticas de regulación ya se han demostrado en Europa como fracasadas".
Los precios del sector inmobiliario residencial aumentaron fuertemente durante la crisis sanitaria en España, por el desequilibrio entre oferta y demanda. Esta situación llevó a los habitantes de varias ciudades a manifestarse para exigir la regulación de los alquileres.
