El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avanza con la iniciativa de reforma constitucional en la que propone que el Estado tenga participación mayoritaria en el sector energético al impulsar el papel de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la industria mexicana. La propuesta además prevé la eliminación de las concesiones de litio, garantizándole al país la exploración y explotación del mineral. México ocupa la novena posición en el mundo en reservas de litio. Con este proyecto el mandatario busca revertir la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector a las empresas privadas.
Una oportunidad histórica
La semana pasada López Obrador envío el proyecto a la cámara de diputados donde no tiene mayoría y necesita el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En ese sentido, el presidente mexicano le recordó a la formación de centro derecha que esta reforma constitucional “es una oportunidad histórica para el PRI: si decide continuar apoyando la privatización” o “garantizar que no haya aumento en el cobro de energéticos”.
Según el diario La Jornada, la propuesta busca modificar varios artículos constitucionales que otorgarían a la empresa estatal una mayor participación en la producción eléctrica del país, pasando del 36 por ciento al 54 por ciento de la energía eléctrica de México.
En las conferencias de prensa matutinas de esta semana el mandatario reiteró la importancia de esta iniciativa. "Queremos que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la nación, no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica ni subsidios para las grandes empresas", señaló el martes en su conferencia de prensa diaria, esta vez desde Veracruz.
De acuerdo con el matutino mexicano la iniciativa constitucional que promueve López Obrador “devolvería a la CFE capacidad de competir y el dominio en la producción y mercado eléctrico, y además garantizaría para la nación la exploración y explotación de litio”.
Mineral estratégico
En las mañaneras de esta semana el presidente también destacó la importancia del litio en México. “Nadie dice nada del litio, pero se trata de un mineral estratégico, sin ese mineral en manos de la nación no podríamos desarrollarnos, y esto tiene que ver con las nuevas generaciones", según consigna el matutino El Universal.
“No vamos a permitir que saqueen y que se lleven el litio que es de los mexicanos, y no solo, repito, de nuestra generación, es de los que vienen detrás de nosotros”, añadió.
Según un informe publicado en enero de 2021 por el colectivo Geocomunes, la ONG Mining Watch Canadá y la Red Mexicana de Afectados por la minería, actualmente en México existen 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio, los mismos son controlados por 10 empresas. El 84 por ciento de las concesiones asociadas a la extracción de litio están bajo trámite.
"Se observa que en su mayoría son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, quienes dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá", advierten en el informe.
Momento de una definición
Para el presidente “cada quien tiene que asumir su postura, y es momento de una definición o es otra oportunidad para definirnos, si estamos por que se conserven como empresas públicas Pemex (Petróleos Mexicanos) y la CFE o queremos desaparecerlas, como se ha intentado en lo que fue el periodo neoliberal. Para que el mercado de las gasolinas y de la energía eléctrica quede en manos de particulares, de empresas, sobre todo extranjeras. Es una definición”.
“Nosotros consideramos que lo que más conviene al país es que se conserven estas dos empresas, para garantizar que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas. Lo que más conviene es fortalecer a Pemex y a la CFE, desde luego limpiando(las) de corrupción, pero no dándoles el mismo trato y a veces hasta ninguneando(las) para darle mayor oportunidad en el mercado a empresas como Shell o Iberdrola”, apuntó en las mañaneras.
Según López Obrador el PRI deberá decidir si continúa apoyando la privatización como en el gobierno del priista Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que llevó adelante la desnacionalización de empresas públicas, “eso es el neoliberalismo”, señaló. “El PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México?”
Una oportunidad para la transparencia
Además, para el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la reforma constitucional en materia eléctrica es “muy buena oportunidad para la transparencia: antes no se informaba de las reformas que se hacían a la Constitución para beneficiar a los particulares”. En la mañanera de este miércoles habló sobre la relevancia de la propuesta que ya está en el Congreso mexicano y que busca el equilibrio del mercado de producción y distribución con un 54 por ciento para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un 46 por ciento para los privados.
López Obrador también se refirió a la campaña mediática de desinformación que fustigan los opositores a la reforma energética y afirmó que el próximo lunes el secretario de Gobernación y el gabinete de energía expondrán de forma sencilla el fondo de la reforma. Agregó que si es preciso todos los días informará al respecto en las conferencias matutinas.
“No les interesa a ellos el pueblo, no les importa que se beneficie el pueblo, lo que les importa es el lucro. Se sentían los dueños, y como compraban a los funcionarios, los cooptaban, porque hasta ahora sólo se están subsidiando a las empresas particulares, se les compra a precios elevadísimos a las empresas particulares, pero ¡eso ya se terminó!”.
En un comunicado de Greenpeace México destacó por un lado, “el hecho de que devuelve a la Nación la potestad de los recursos naturales (en este caso se centra sobre todo en el litio) lo cual se había modificado con la reforma del 2013 (en referencia a la reforma de Peña Nieto)". Por otro lado, la organización señaló que al otorgar al Estado la exclusividad se cancelaría la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria de energía.