Tras ausentarse en la votación de la ley contra el 2x1 que fue promulgada hoy por el Poder Ejecutivo, Elisa Carrió salió a reivindicar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que concedió ese beneficio al represor Luis Muiña y dejó la puerta abierta a la salida en libertad de otros condenados por crímenes de lesa humanidad. La diputada dijo que la decisión fue “correcta” y que los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti actuaron “conforme” a derecho. Además, reclamó que les otorguen prisión domiciliaria a los genocidas mayores de 75 años y alimentó la teoría de los dos demonios al pedir "verdad" para “las víctimas civiles de la guerrilla”.
"Acá hay una gran hipocresía. No hubo un fallo incorrecto de tres jueces Hubo un fallo de tres jueces que fallaron conforme lo establece el artículo 2° del Código Penal. Siempre se aplica la ley más benigna”, defendió Carrió la decisión de Highton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti, pese al contundente repudio de la sociedad que se expresó en la multitudinaria movilización del miércoles a Plaza de Mayo y en las manifestaciones que ese día hubo en todo el país.
El Congreso también manifestó ese rechazo con la sanción de la ley que deja a los genocidas al margen del 2x1. En Senadores la iniciativa se aprobó de forma unánime. En Diputados no: Carrió se fue al momento de la votación. Alfredo Olmedo prefirió no tomar atajos y votó en contra. Fueron los únicos dos que no acompañaron la iniciativa.
La líder de la Coalición Cívica afirmó que le pareció "correcto" el fallo de la Corte y criticó a quienes lo rechazan y sancionaron la ley, a quienes tildó de hipócritas. “Lo que sucedió es que durante 12 años el Congreso no modificó el Código Penal diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad", señaló.
Carrió también se pronunció a favor de que los represores gocen del beneficio de cumplir sus condenas en sus casas. "No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes", los defendió y argumentó que corresponde que gocen de prisión domiciliaria "sean delitos de lesa humanidad o sean delitos comunes”.
Que los genocidas purguen sus condenas en cárceles comunes es un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos. Contra eso fue también la Corte Suprema al revocar un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había dejado sin efecto la prisión domiciliaria al represor Felipe Jorge Alespeiti, de 85 años, condenado a 22 años de prisión.
Además de defender la aplicación del 2x1 a los genocidas y que les concedan arresto domiciliario, la socia de Mauricio Macri alimentó la teoría de los dos demonios. "Hay que resolver el derecho a la verdad, ya no a la justicia, porque está prescripto, que tienen muchas víctimas civiles de la guerrilla”, planteó.
