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Restan pocos días para que se conmemore un nuevo 12 de octubre, fecha que para los pueblos indígenas de Latinoamérica representa el comienzo del genocidio étnico. Es por eso que desde La Quiaca se inició el lunes último la sexta caminata por el agua y la vida, denominada Qhapaq Ñan 2021. El propósito es arribar el 12 de octubre a San Salvador de Jujuy, y recordarle al gobernador Gerardo Morales el principio de la libre determinación de los Pueblos Indígenas.
La preocupación latente de las comunidades es el continuo avance de distintos proyectos, sobre todo mineros, que no respetan el derecho a la consulta previa, libre e informada, y que encuentran un aval por parte del gobierno provincial. Ante ello, se declararon en estado de alerta y piden a los legisladores nacionales que exigan el cumplimiento de las leyes que los amparan.
El antropólogo indígena Gustavo Ontiveros, de la comunidad de Valiazo, de la Nación Omaguaca, dijo a Salta/12 que el Qhapaq Ñan es una "forma de protesta" ante el incumplimiento de las leyes que protegen y respetan a los pueblos indígenas. "Si mínimamente no se respetan (los derechos indígenas), continúa vigente el colonialismo en todas sus facetas", sostuvo.
Las caminatas por el agua y la vida comenzaron en 2017, después de que integrantes de la Comunidad Rodeo, que viven cerca del monumento natural Laguna de los Pozuelos, en el norte de Jujuy, recibieran informes que dejan en evidencia graves problemas en el acceso al agua provocados por las empresas mineras que se ubicaron en la zona "extrayendo millones de litros de agua por día", recordó Ontiveros.
Eso derivó que en los sectores donde están los pobladores haya sequías, con el consiguiente perjuicio, por la falta de agua para consumo humano, y porque afecta también a la actividad económica de las familias. Al tratarse de una zona de llanura, casi la totalidad de los habitantes se dedican a la agricultura y al pastoreo, pero con el correr del tiempo empezaron a ver que el agua escaseaba.
Así fue que en enero de ese año decidieron realizar una primera marcha en marzo, que fue repetida para el 12 de octubre, fecha que se sostiene hasta hoy. El antropólogo aseguró que cada año no sólo se planteaba la problemática del agua, sino "que las familias terminaron denunciando muchos otros problemas". El más latente, es la presión sobre el territorio indígena.
Por eso, este último 2 y 3 de octubre las comunidades de la zona de Valles, la Quebrada y la Puna, exigieron que los derechos de los pueblos preexistentes sean amparados y respetados, como lo establecen normativas nacionales y tratados internacionales que tienen fuerza de ley en el país. En ese marco, exigieron la prórroga de la Ley Nacional N° 26.160, que declara la Emergencia Territorial Indígena, y piden que se legisle en materia de propiedad comunitaria, para defender los territorios indígenas.
Los pueblos Kolla, Omaguaca, Tilcara, Tilian y Ocloya denuncian desde hace años que el gobierno de Morales avala proyectos extractivistas sin realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades, a pesar de que estas iniciativas afectan directamente su cultura y su forma de vida.
"Aquí en Jujuy tenemos una dictadura", sostuvo Ontiveros, al asegurar que el gobernador no los escucha y tampoco responde a los petitorios que presentaron ante los casi 100 proyectos mineros que ya están instalados o intentan instalarse en la provincia.
El último avasallamiento
Uno de los últimos intentos de despojo lo están viviendo recientemente las comunidades de Quitacara, Villa Perchel, La Huerta, Villa Las Rosas, El Molino y Yacoraite, que denunciaron que en la localidad de Huacalera, departamento de Tilcara, "están a la venta 18.485.487 hectáreas a tan solo 15 millones de dólares", según un comunicado que emitió Claudia Pérez, de la comunidad de Mudana.
La mujer aseguró que el gobierno provincial "ofrece todo un pueblo, toda una cordillera de imponentes cerros de colores, llenos de minerales preciosos, codiciados por capitales extranjeros, que ponen el ojo en el uranio, la piedra caliza y otros bienes naturales que pretenden arrasar, en un área de valor ecosistémico, usando millones de litros de agua, generando sequía, enfermedades y despojos".
Por eso, exigieron la inmediata entrega de los títulos comunitarios a los integrantes de la Nación Kolla que habitan en el lugar. Pérez aseguró en el mismo escrito que la venta se lleva adelante por la inmobiliaria RE/MAX, que tiene prohibida la actividad, según una decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) del 10 de marzo del 2021.
Ante el revuelo mediático, autoridades de la provincia de Jujuy, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el intendente de la ciudad de Tilcara, Ricardo Romero; la comisionada del pueblo de Huacalera, Patricia Alemán; y concejales de la zona afirmaron desconocer este hecho, y aconsejaron que se hagan las denuncias.
A esa problemática, sumaron que también en Huacalera el gobierno provincial habilitó que se hagan caminos para facilitar el trabajo de las empresas mineras ya presentes. Pero esta zona es parte de la Quebrada de Humahuaca, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. "Rompieron caminos ancestrales para estos caminos mineros", denunció ante Salta/12, la abogada Pérez, quién alertó que con ello "están en peligro las Yungas y parte de la zona del monumento que es Patrimonio de la Humanidad".
El nuevo camino se ubica en la zona conocida como Los Amarillos, a la altura de la ruta nacional 9, donde una minera extrae uranio. Ya en 2019 las comunidades impidieron que se siga cruzando por esa entrada, pero este año advirtieron que están haciendo otro camino alternativo. Pérez reiteró que el "Estado provincial toma el territorio originario sin la consulta previa e informada", por lo que en las caminatas piden la adhesión de toda la sociedad jujeña.
El alerta no sólo está puesto en los emprendimientos mineros, sino que desde el año pasado las comunidades están viendo como se instalan empresas vitivinícolas, que cavan pozos de 50 a 60 metros de profundidad. Esto provoca que se "lleven el agua que es para la gente". "Los empresarios siguen ingresando y no permitiendo el uso del agua para nosotros", denunció la comunera.
Por eso, otro de los pedidos del Qhapaq Ñam, es que se derogue la Ley provincial N° 5915, que permite el uso de la propiedad comunitaria para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Desde su sanción, en 2016, las comunidades denuncian que con esta ley se violan los derechos indígenas porque se habilita la explotación de los territorios sin la consulta y el consentimiento de los pueblos involucrados.
En la caminata se hicieron eco de esto, y difundieron un video situado en la zona de La Quiaca Vieja, que fue "elegida por el gobernador de Jujuy para expropiar estas tierras de la comunidad y entregárselas a algunos empresarios, seguramente extranjeros y para hacer la zona franca". El video muestra la zona de la Quebrada, indicando que Morales pretende "instalar los paneles solares", despojando a las comunidades de sus tierras.
Por eso, en el comunicado oficial de la sexta caminata, se expresó que "el colonialismo de las políticas estatales y los asociados intereses extranjeros, pretenden escribir el último capítulo de la conquista y la colonización". Pero "todavía resistimos, caminamos. Por eso, proponemos a toda la sociedad una amplia reflexión sobre la situación actual. Destruir la Pachamama, es destruirnos a nosotros mismos", alertaron.
