El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vetó artículos de una ley que garantizaba la distribución gratuita de productos menstruales para estudiantes y personas menstruantes en situación de calle y vulnerabilidad social. La decisión, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se excusa en que el proyecto de ley no indicaba cómo financiar la iniciativa.

La ley, que crea el Programa de Promoción y Protección de la Salud Menstrual, se originó en la Cámara de Diputados y fue aprobada por el Senado el 14 de septiembre. Bolsonaro, si bien promulgó la norma en general, vetó distintos artículos de la ley que favorecían a poblaciones que tienen dificultad para acceder a productos de gestión menstrual.

El presidente brasileño vetó el artículo 1 que preveía la distribución gratuita de toallas sanitarias femeninas, así como el artículo 3 que indicaba la lista de beneficiarios de la ley: estudiantes de bajos ingresos de escuelas públicas; mujeres sin hogar o en situaciones de extrema vulnerabilidad social; mujeres privadas de su libertad y mujeres hospitalizadas en unidades para cumplir con una medida socioeducativa.

El mandatario también vetó el apartado que incluía toallas sanitarias en las canastas básicas que distribuye el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El débil argumento de Bolsonaro para vetar la inicativa

Según Bolsonaro, el texto aprobado por el Congreso no especificaba su financiación, aunque la ley indica que el dinero provendría del Sindicato al Sistema Único de Salud (SUS), mientras que en el caso de las personas privadas de su libertad se utilizaría dinero del Fondo Nacional Penitenciario.

Pero el mandatario argumentó que las toallas sanitarias no están en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales y que el Fondo Nacional penitenciario no prevé el uso de recursos para tal fin.

De esta forma, Bolsonaro solo mantuvo los artículos de la ley que obligan al gobierno a impulsar una campaña informativa sobre la salud menstrual y que habilita a las gestoras ejecutivas a realizar los gastos para cumplir con la ley.

Ahora es el Congreso brasileño el que tiene la posibilidad de mantener o revocar el veto presidencial.