Tenían entre 22 y 26 años: murieron abrazadas, en un rincón de la celda, rodeadas de llamas sin poder salir porque la puerta estaba cerrada con candado y ninguna guardia las socorrió. Pasó un mes del incendio que se desató en la Brigada de la Policía Femenina de la ciudad tucumana de Concepción, donde permanecían detenidas las cuatro jóvenes y todavía no hay imputados en la causa que investiga las responsabilidades de las agentes policiales que estaban en el lugar. Organismos de mujeres y Derechos Humanos llevaron el caso a instancias internaciones: piden que , además de ser tratado como "violencia institucional" sea considerado "violencia de género".

Se llamaban María José Saravia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Santillán. En la causa interviene el fiscal Miguel Varela, de la Unidad Fiscal de Delitos Graves del Centro Judicial de Concepción. Las muertes se produjeron por asfixia. Pero el fiscal tiene dudas sobre a quién imputar el delito. Por el momento, no cuenta “con pruebas contundentes” de que hubo abandono de persona, confió una fuente judicial. Es decir, de que las guardias hayan decidido voluntariamente no abrir las puertas. Se investiga a una en particular porque tenía una mala relación con las detenidas.

El Comité Nacional Para la prevención de la Tortura informó que “según se habría corroborado, la carga de los matafuegos estaba vencida, y otros elementos de seguridad no se encontraban en los lugares adecuados para sofocar un incendio”.

Las cuatro jóvenes estaban bajo la custodia del Estado. Alojadas de manera permanente en la Brigada Femenina de Concepción, --aunque tres de ellas tenían condena-- porque el sistema penitenciario provincial no tiene lugar.

Esta semana, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), enlace Argentina, denunció “la exclusiva responsabilidad del Estado argentino, en particular de la provincia de Tucumán” por las muertes ante el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Mesecvi). Se denunciaron además las condiciones indignas en las que habitaban las cuatro jóvenes mujeres: “En la brigada permanecían hacinadas, sin cocina, sin colchones ignífugos ni medidas de seguridad. Tampoco recibían tratamiento penitenciario ni oportunidades educativas o laborales intramuros que les permitieran el tránsito en la progresividad de la pena”, dice la presentación de Cladem.

Haciéndose eco de las denuncias formuladas por familiares de las víctimas, Cladem señaló que “existen evidencias que dan cuenta de que las mujeres no recibieron auxilio oportuno, ni de la policía ni de los bomberos” y que las causas del incendio podrían ser distintas a las dadas desde el gobierno tucumano. También, los familiares denunciaron que las jóvenes, durante sus encierros, eran sometidas a malos tratos y vejaciones por parte de sus carceleras, lo que --exigió CLADEM-- “deberá ser investigado”.

La versión oficial es que la quinta presa --había cinco en la Brigada--, que en ese momento estaba fumando en un patio, alertó del fuego a las guarciacárceles, pero como la celda estaba atrás en el edificio no pudieron abrirla por la cantidad de humo que rápidamente se juntó. Según la versión del fiscal, no hubo cortocircuito sino que las mismas detenidas o alguna de ellas habría quemado un colchón. Si bien los hechos no están esclarecidos, de acuerdo a la información a la que pudo acceder el Comité Nacional Para la prevención de la Tortura, “en la tarde del 2 de septiembre, luego de un reclamo por traslado hacia un establecimiento penitenciario, se habría iniciado el fuego dentro de la celda colectiva que alojaba a las mujeres”.

Cladem Argentina consideró que las circunstancias que rodearon estas muertes, “constituyen un caso de violencia de género, producida por el propio Estado (violencia institucional)”. Por eso, consideró necesario incorporar a la causa judicial que investiga los hechos, una perspectiva de género, asociando el hecho de muerte, sus causas, con la historia de agresiones por las que atravesaron las jóvenes antes del incendio en el ámbito del encarcelamiento. “Son hechos gravísimos que no pueden quedar impunes, ya que como bien ha señalado el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 'la impunidad es el contexto propicio que posibilita el crimen. La impunidad crece, se sustenta, se retroalimenta de y en la impunidad'”, indicó la organización.

No importa las razones --los delitos-- por los que estaban detenidas. Aunque al armar el rompecabezas de sus vidas, la pobreza es denominador común. Eran pobres y tenían problemas de adicciones. “Tres habían participado en robos protagonizados por sus parejas y tenían condenas”, cuenta a este diario Celina de la Rosa, periodista y activista feminista. La cuarta estaba con una prórroga de una prisión preventiva e investigada en una causa de maltrato infantil. Dos de ellas habían enfrentado embarazos en su adolescencia. María José Saravia era madre de dos hijas de 7 y 3 años.

“Se están buscando testimonios entre los vecinos para reconstruir cuánto tiempo se escuchó a las chicas gritar pidiendo ayuda mientras el fuego avanzaba”, dijo a Página 12 el abogado Lorenzo Pisarello, de la asociación civil Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).

Desde Andhes ya denunciaron el hecho ante el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU y ante el Relator Especial del grupo de trabajo sobre la Tortura. Están preparando además, una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Ella tenía condena por cuatro años y seis meses por un hurto simple: había robado mercadería de un súper. Ella estaba cumpliendo su pena y ahora está muerta. Tenía condena, pero no por eso pueden tratarla como a un animal, merecía respeto como cualquier persona, no la muerte”, le dijo Aurora del Carmen Astorga al medio local La Gaceta luego de la muerte de su nieta María José Saravia.

Virginia Santana, mamá de Micaela Rocío Mendoza dijo que las cuatro murieron abrazadas. "El día que la metieron presa sentí tranquilidad. Volví a dormir tranquila. La droga la había arruinado. Por eso varias veces fui a la Policía a pedir que la detuvieran. Creía que en una comisaría no le podría pasar nada malo”, contó sobre la historia de su hija.

El Ministerio de Seguridad de Tucumán, a cargo de Claudio Maley, pasó a disponibilidad a las tres mujeres policías encargadas de la seguridad de la dependencia, Sandra Rivarola, Susana Rodríguez y Margarita Gutiérrez, y a la jefa de la Brigada, Fernanda Lazarte.