En el marco de una mediación, en la Fiscalía de Joaquín V. González se logró un acuerdo entre familias asentadas en un terreno y lxs propietarixs Cecilia Aduvigis Arias de D'Ormea y Javier D'Ormea Arias, para la venta de 10 hectáreas de tierras en esa ciudad. La propuesta de intermediación fue hecha por el abogado Sergio Veleizán, que ya intervino el año pasado en un acuerdo similar.
Esta vez se trata de 300 familias, que acordaron con los mismos propietarixs, pagar cada una 70 mil pesos financiados en 6 cuotas para acceder a un terreno, en este caso, los compradores asumieron realizar el loteo, la urbanización y gestión de los servicios. Ni el Ejecutivo provincial, ni el municipal participaron de este proceso en el que las familias reclamaban una respuesta al déficit habitacional.
El acuerdo se oficializó a través de una mediación a cargo de Viviana Sosa en la Fiscalía de Joaquín V. González. "Es una propuesta de compra venta que se instrumentó el 4 de octubre con Cecilia Arias y Javier D'Ormea Arias, que son madre e hijo. La familia Arias no vende por lotes. La gente comprará en condominio por hectáreas, y también se encargará de la urbanización. La idea es resolver la usurpación. El importe total por terreno sería 70.000 por familia y en 6 cuotas", precisó el abogado Sergio Veleizán que actuó en representación de lxs asentadxs y elaboró la propuesta aceptada por las partes.
El año pasado, con los mismos titulares y de similar manera, 404 familias asentadas, compraron 11 hectáreas, y cada una pagó $21.000 en cuotas para acceder a un terreno. Veleizán dijo que "ya son 1.100 familias" las que llegaron a acuerdos de este tipo con los dueños, porque hubo también convenios con grupos más pequeños de gente.
El abogado señaló que las tierras serían aptas para que las familias puedan vivir. Aunque precisó que no se hicieron estudios para corroborar esto. Las familias compradoras deben conseguir un agrimensor para el loteo, y gestionar los servicios, "están reclamándole a la municipalidad y a la provincia, ya que no les pudieron resolver el déficit habitacional que intervengan ante el problema de la urbanización", sostuvo Veleizán.
La intervención de la funcionaria del Ministerio Público Fiscal en las actuaciones, se originó en la denuncia radicada por Cecilia Aduvigis Arias D'Ormea, el 30 de junio pasado, por la supuesta comisión del delito de usurpación en un sector de finca Laguna Blanca, de Joaquín V. González, en del departamento Anta.
Las partes acordaron la compraventa de diez hectáreas. En el acuerdo se adjuntó documentación de la fracción del catastro de la familia Arias y la nómina de la cantidad de familias que acordaron comprar las tierras. Además con esta conciliación, los Arias desistieron de las acciones penales contra las 300 familias.
El acuerdo de mediación penal fue firmado por las delegadas Malena del Carmen Arias y Yaquelin Sandez, con el patrocinio de Veleizán y por la otra parte, Arias de D'Ormea y D'Ormea Arias, junto a su patrocinante, María Elena González Diez.
Veleizán dijo que con estos arreglos logran desbaratar "un negocio ilegal" en el que punteros vendían las ubicaciones en la toma y recaudaban de cada familia "20.000, haciéndose de 100.000 o 150.000 por semana". "Se transformó algo ilegal en algo legítimo", sostuvo y señaló que fue importante la oficialización de los acuerdos por la Fiscalía que está a cargo de María Celeste García Pisacic.
En el convenio también se incluyó la condición de que lxs compradorxs no podrán vender ni ceder los terrenos por el término de 10 años. "Ni municipio ni provincia tomaron intervención en las mediaciones. No se los puede presionar porque no formaron parte de las negociaciones. Se solucionó como un acuerdo entre privados", dijo Veleizán. Señaló que es alarmante el déficit habitacional en la zona.
El abogado indicó que habrá una próxima audiencia entre los mismos propietarios y la la agrupación social Movimiento Territorial de Liberación por una hectárea de tierra. "Hay una negociación pactada, por una hectárea, para el movimiento", señaló
Veleizán mencionó que sigue habiendo tierras tomadas, que incluyen 5 hectáreas que la familia Arias había donado a la Provincia para evitar una expropiación y que luego pasaron al plan Mi Lote. La propuesta del secretario de Tierras y Bienes, Esteban Carral para las familias asentadas era que se inscriban a ese plan pero no tuvo efecto, tampoco se ha sorteado hasta ahora ni un terreno en el marco de esa propuesta del gobierno anunciada el año pasado para toda la provincia.
