La Justicia de Chile comenzará a investigar penalmente al presidente de ese país, Sebastián Piñera, por su presunto vínculo con negocios hechos en guaridas fiscales denunciados en los Pandora Papers. Se lo acusa de un conflicto de intereses entre una empresa suya y un negocio con el Estado. La fiscalía chilena también decidió abrir una investigación penal por la venta de la minera Dominga. En un mensaje a la Nación, Piñera dijo que no comparte la decisión de la fiscalía.
La luz verde para que el mandatario conservador sea puesto bajo la lupa fue habilitada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que admitió la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón, ex dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y abogado ecologista.
La noticia sacudió las portadas de la prensa local, que ya se habían hecho eco de las sospechas en torno del mandatario por su presunta participación en la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas en 2010.
Por esos días, Piñera ejercía la primera magistratura por primera vez y, por ello, el negociado supondría un conflicto de intereses que el propio Piñera negó una y otra vez.
Qué dice la denuncia contra Piñera
La denuncia de Rendón lo acusa del delito de "negociación incompatible", ya que "el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora".
"Resulta fundamental que los hechos conocidos sean investigados a fondo y es importante que exista un querellante, porque las investigaciones de oficio de Fiscalía han demostrado no dar las garantías necesarias", afirmó el denunciante durante la conferencia.
Tras el escándalo por los Pandora Papers, Piñera salió a defenderse. Dijo que en la venta de la minera “se cumplió estrictamente con las reglas tributarias de Chile”, que la operación no le fue "consultada” y que en la venta “se pagaron todos y cada uno de los impuestos”.
Sin embargo, la investigación reveló que una de las condiciones para realizar dicha transacción era que el terreno donde se emplazaba el proyecto no debía ser declarado reserva natural, una decisión que en Chile depende del mismo presidente.
Piñera se defendió diciendo que entregó todas sus empresas a "un fideicomiso ciego" al momento de asumir como presidente, aseguró que nunca supo de esta transacción e insistió que con la creación del fideicomiso intentó evitar eventuales conflictos de interés.
Investigación penal de la fiscalía
En paralelo, la Fiscalía también abrió una investigación penal en su contra por la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de sus hijos, operación que fue revelada por los Papeles de Pandora.
"El fiscal nacional Jorge Abbott, con fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los 'Pandora Papers' y que en definitiva tienen relación con la compraventa de la minera Dominga, que estuvo vinculada a la familia del presidente Piñera", informó la jefa anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.
"El fiscal nacional ha tomado esta decisión atendido que en su momento los antecedentes podrían revestir caracteres de delito de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación", indicó Herrera.
La pena por cohecho conlleva cinco años de prisión, precisó Herrera, que agregó que dada "la gravedad de los hechos investigados", la causa estará a cargo de una fiscal regional, en vez de uno local. Abbott designó a Claudia Perivancich, de la región de Valparaíso.
En un mensaje desde el Palacio La Moneda, el presidente Piñera rechazó la decisión del fiscal general. "No compartimos la decision anunciada hoy por la fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada".
La oposición impulsa un juicio político contra Piñera
La bancada de diputados de la oposición anunció que la próxima semana presentará un pedido de juicio político contra el primer mandatario.
El diputado socialista Jaime Naranjo explicó que “los motivos y fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la patria".
Por su parte, el titular de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, rechazó la iniciativa: "No se trata de mirar para el techo, pero ojalá podamos ser serios cuando uno dice algo de suma gravedad como destituir al presidente de la República”. No obstante, admitió: “La suerte está un poco echada”.
Los Pandora Papers, publicados el pasado domingo por el ICIJ, es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que involucra a más de 330 políticos y funcionarios de gobierno a nivel mundial.
En la publicación revelada la semana pasada se menciona a tres presidentes activos latinoamericanos: Sebastián Piñera, Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana). También a 11 exmandatarios, ministros y altos funcionarios que se valieron de sociedades offshore en paraísos fiscales para ocultar sus riquezas y evadir impuestos.
