El proceso de juzgamiento a genocidas por los crímenes de la última dictadura cívico militar tiene sus particularidades en cada rincón del país. Pero hay una característica que afecta a cada porción del territorio por igual: el paso del tiempo. Y una “necesidad urgente” que todes y cada une de los actores que impulsan el reclamo de memoria, verdad y, sobre todo, justicia advierte desde hace años: la de apretar el acelerador. A eso dedicó gran parte de sus esfuerzos la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través de la implementación de algunos ajustes en su estrategia de acción sobre la temática: refuerzo, ampliación y redefinición de las querellas del Estado en juicios de lesa humanidad, reanudación de investigaciones de esclarecimiento y generación de pruebas sobre los hechos de la última dictadura, conformación de un equipo de peritos público.

“No queremos militares responsables de violaciones a los derechos humanos que se mueran sin tener su condena ni víctimas que mueran sin tener justicia. No queremos impunidad biológica”, señaló el titular del área, Horacio Pietragalla Corti, en el marco de un repaso sobre los principales aportes que la Secretaría viene realizando, desde su Plan Estratégico para el avance del proceso de Justicia por los crímenes de lesa humanidad.

El letargo de las causas que investigan los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura ya era la principal deuda del proceso de juzgamiento de esos hechos cuando el área dirigida por Pietragalla lanzó su plan estratégico, que fue una especie de respuesta a la inacción de la Comisión Interpoderes, en manos de la Corte Suprema. Ese punto sigue siendo “la prioridad absoluta”, remarcó Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y enlace internacional en Derechos Humanos. “Pasaron 45 años y no podemos darnos el lujo de tener juicios al ritmo de una audiencia por semana, no podemos darnos el lujo de tener las causas que tenemos trabadas en instrucción, en Casación, en la Corte", apuntó la funcionaria.

Mitigar la demora 

Según las cifras más actuales de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hubo un aumento de la cantidad de causas que revisan los delitos de la última dictadura, pero los porcentajes que revelan en qué estado está cada expediente se mantuvieron sin modificación. De las 631 investigaciones a lo largo y ancho de todo el país, el 42 por ciento (264) tiene sentencia --la mayoría no está firme--, mientras que el 44 por ciento (281) está en proceso; un 11 por ciento (67) aguarda el juicio oral y público y sólo el 3 por ciento (19) se encuentra siendo debatida en esa instancia.

El director nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, Federico Efron, focalizó las demoras en “incidentes que quedan trabados” en la Cámara de Casación o la Corte Suprema, que son las instancias “que deben confirmar sentencias o destrabar procesos de los expedientes --discusiones procesales durante las instrucciones de la causa, sobre todo procesamientos--”. “Las demoras tienen efectos concretos, están produciendo que los juicios no sucedan”, remarcó.

En ese sentido, durante 2021 la Secretaría amplió su plataforma de acción en todo el país y sumó 36 nuevas representaciones en “casos elegidos estratégicamente”: son 258 querellas que el Estado sostiene en estas causas y prevé presentar nuevas en 2022. Los expedientes “prioritarios” detectados son: la causa “Revérberi”, en San Rafael, Mendoza --el objetivo allí es “impulsar y contribuir con el proceso de extradición del ex capellán del Ejército”--; la causa por el ataque de Monte Chingolo ocurrida en diciembre de 1975, en Lanús --tramita en La Plata--; la causa de los exjueces del Superior Tribunal de Justicia de Formosa.

En todas y cada una “se asumió un ejercicio constante de activa denuncia ante cada demora”, puntualizó Efron, con el objetivo de “hacer avanzar” los casos. Además, en articulación con el Ministerio Público Fiscal, se promovieron audiencias públicas para que jueces y juezas “escuchen la voz de las víctimas” antes de tomar decisiones importantes como por ejemplo el otorgamiento de excarcelaciones o libertad condicional a represores.

Otro punto difícil para cumplir con ese objetivo es la poca cantidad de tribunales orales federales que desarrollen los juicios. En Tucumán, por ejemplo, la causa sobre la participación de los empresarios de La Fronterita está a punto de ser elevada a juicio oral pero no hay, por el momento, tribunal disponible que desarrolle el debate. Desde la Secretaría calculan que un tercio de los cargos en esos tribunales está vacante. Para apuntalar estas cuestiones, la Secretaría insistirá en reuniones de trabajo con el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y los organismos de derechos humanos para impulsar una actualización de las acordadas de la Corte e instructivos nuevos para los y las fiscales con especial hincapié en la urgencia de estas causas, la ampliación de recursos y el avance de los concursos de nombramiento de jueces y juezas.

Entre las demoras que más preocupan figuran las que afectan a las causas sobre la responsabilidad de directivos de empresas en secuestros, torturas, desapariciones y muertes de trabajadores y trabajadoras durante el terrorismo de Estado. Además de activar los expedientes en los que la Secretaría es querellante, la Unidad de Responsabilidad Empresarial del área aportó informes en los casos Astilleros Astarsa y Mestrina, Cerámicas Lozadur y Cattaneo, Dálmine Siderca, Vicentín y Celulosa Argentina.

Fortalecer las causas

La desinversión que el gobierno de Cambiemos aplicó en el amplio universo de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia implicó, entre otras tantas cosas, un freno que llegó en algunos casos hasta la paralización de los trabajos de investigación sobre los hechos de la última dictadura cívico militar.

Uno de los objetivos del plan estratégico de reactivación impulsado por Pietragalla y equipo tuvo que ver con reanudar esas tareas. Así, se centralizaron archivos abiertos y en funcionamiento en diferentes ámbitos del Estado, se reactivaron los informes --hubo una veintena nuevos en 2021-- y se reenviaron junto a los preexistentes --elaborados por lo que fue el Programa Memoria, Verdad y Justicia y su remanente durante el macrismo-- al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal --130 trabajos en total-- “para que tengan en cuenta que ese trabajo ya está hecho, que lo pueden usar, que hay material valiosísimo y útil ahí y ahorrar tiempo en las investigaciones judiciales”, indicó Pochak.

Sobre este tema, la otra meta de la gestión es fortalecer o reabrir en algunas áreas del Estado los equipos de investigación dedicados exclusivamente a indagar sobre el rol de esos espacios durante la dictadura: Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos con el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio de Seguridad y Ministerio de Defensa.

Además, la Secretaría de Derechos Humanos constituyó un equipo de peritos propio, una deuda pendiente desde hace años. Estos profesionales --psicóloga especialista en gerontología, un psiquiatra y un médico legista-- interviene en todos los casos que la Secretaría es querellante y se encuentra a disposición de les abogades querellantes y organismos en el resto de los casos.