Al declarar inexistencia de delito en la causa por el memorándum con Irán, el dictamen del Tribunal Oral Federal 8 se convirtió en una condena a la degradación de la justicia que simbolizaron los responsables de promoverla. Claudio Bonadio y Alberto Nisman, cuyos desempeños profesionales previos se habían apoyado en favoritismos políticos o en influencias secretas de los servicios de inteligencia, fueron presentados por la derecha argentina como personajes ejemplares. El aplauso del macrismo a Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli en la embajada norteamericana fue la imagen de contexto.

Porque de todas las causas del lawfare, esta fue una de las más absurdas. El primer juez que la tuvo dijo eso mismo: inexistencia de delito. Pero aprovechándose de una grabación inocua al excanciller Héctor Timerman, Bonadio abrió otra causa. Para sacársela al tribunal original, tenía que inventar un delito mayor y entonces la acusación que sacó de la manga fue traición a la patria. A partir de allí, el ensañamiento de este personaje siniestro se desplegó con la impunidad que le confería un grupo de jueces y fiscales.

Una causa con destino de exportación

Esa causa exigía una producción especial porque la acusación estaba traída de los pelos, pero era la única que podía tener peso en un escenario internacional. Armar esa causa sin una sola prueba y tras diez años de no hacer nada fue una tarea ciclópea para un fiscal de poco nivel como era Nisman.

Cristina Kirchner y los otros dirigentes involucrados ya estaban tapados por las denuncias del lawfare. Pero es evidente que desde algún lugar necesitaban esa causa aunque significara exponer a un fiscal y a familiares de víctimas de la AMIA que estuvieran dispuestos a esa movida y a la conducción de la DAIA, ligada políticamente al sector de Rubén Beraja, que había sido imputado en la denuncia por encubrimiento del atentado.

En ese momento el gobierno derechista israelí de Benjamin Netanyahu y los halcones norteamericanos trataban de boicotear los acuerdos que buscaba cerrar el presidente Barak Obama con el gobierno iraní. El memorándum de Argentina aparecía como un exponente de esa política de distensión con los iraníes.

Lo único cierto es que el escrito presentado por Nisman fue una burrada elaborada a la carrera que se basaba en una nota de un periodista que no tenía fuente y en escuchas telefónicas de dos personas saludándose y hablando de cualquier cosa, menos del memorándum.

Aplausos en la embajada

Por eso llama la atención la presencia asidua en los festejos del 4 de julio en la embajada de los Estados Unidos, de Bonadio, el juez que más pedidos de juicio político tenía en la Magistratura, un personaje poco respetado, incluso por los demás jueces. El juez había sido el segundo de Carlos Corach en el ministerio del Interior durante el menemismo y después fue introducido en la justicia por esa palanca. Algunos de los pedidos de juicio político habían sido presentados por varios que después se hicieron macristas y lo aplaudían cuando entraba a la embajada en cuestión.

Pasará a la historia la canallada que Bonadio infligió al excanciller Héctor Timerman al postergar su declaración e impedirle viajar a Estados Unidos para tratarse el cáncer que lo estaba consumiendo. Y la vergüenza de los medios macristas y de muchos argentinos que asistieron y festejaron esa degradación repugnante de la justicia.

El último servicio de Nisman

El suicidio de Nisman luego de presentar esa denuncia sin pruebas contra la presidenta de la Nación, por un acuerdo aprobado por el Congreso y que nunca se aplicó, le dio entidad mediática a esa burrada porque lo hicieron aparecer como motivo.

“Nisman apareció muerto después de denunciar a la presidenta Cristina Kirchner” dijeron. Y de un plumazo convirtieron en asesinato a un suicidio por desesperación y en motivo de un asesinato que no ocurrió a una denuncia sin pruebas.

Dos hechos falsos que interactuaban para darse credibilidad a pesar de la inconsistencia de las pruebas, pero que bastaban para la campaña mediática y para los funcionarios judiciales que se involucraron en esa maniobra.

Y eso fue todo, desde la denuncia de Nisman, hasta su suicidio, una burbuja que se pinchó cuando el tribunal dijo el jueves “inexistencia del delito”. Si no hay delito en el memorándum, no hay motivo para el asesinato, y si no hay motivo ni pruebas, el asesinato fue en realidad suicidio. Así termina la historia miserable que armaron con dos motivos: difamar a dirigentes opositores y jugar como pieza de los halcones en la escena internacional.

Las complicidades judiciales

Pero después de haberle dedicado decenas de tapas a esta falsa denuncia, los medios macristas apenas le dan importancia a esta resolución. Hay un título que lo sintetiza, para Infobae “Cristina logró su sobreseimiento”. Hasta los fiscales como Ricardo Sáenz, uno de los principales impulsores de la denuncia de Nisman, tiene que haber sentido un poco de vergüenza cuando Bonadio inventó lo de traición a la patria, un cargo que solamente existe cuando hay estado de guerra con otra Nación.

Y los jueces Gustavo Hornos --que durante el proceso visitó seis veces la quinta de Olivos para reunirse con Mauricio Macri-- y su colega de la Cámara Federal, Mariano Borinsky --que estuvo quince veces--, fueron los que dieron curso a las trapisondas de Bonadio. Cualquiera tiene derecho a decir que lo hicieron a instancias de Macri, quien estaba interesado en que así fuera. Tendrían que haberse declarado incompetentes porque había sospechas justificadas de su parcialidad. Haber llevado hasta esa instancia la burrada de Nisman y el ensañamiento de Bonadio terminó por desnudar las complicidades judiciales.

Un camino parecido tomó la causa contra Lázaro Báez por la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Cuando declaró el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediak. La acusación esperaba que el empresario hundiera a Lázaro Báez, pero declaró que no hubo preferencias en la adjudicación de obras, ni sobreprecios y que los contratos se hicieron de manera legal.

A Cristina Kirchner no la pudieron culpar por enriquecimiento ilícito, porque todo lo que tiene fue declarado. Las acusaciones de corrupción dependen de esta causa de Santa Cruz porque es la que aportaría un motivo a las otras acusaciones. Si no hubo corrupción en la adjudicación de las obras a la constructora de Lázaro Báez, las otras acusaciones con relación a los alquileres de varias propiedades se caen porque se quedan sin motivo que las sostengan.

El lawfare movilizado por la mesa judicial que funcionaba en la Casa Rosada durante la presidencia de Cambiemos fue finalmente un castillo de naipes que en algún momento se iba a derrumbar. La imagen decadente del que fuera su fiscal estrella, Carlos Stornelli, imputado en una causa por extorsión a testigos lo ilustra en forma dramática. Enviciado por el “derecho procesal creativo” de Bonadio, terminó en una grabación con el espía Marcelo D'Alessio donde hablan de espiar y extorsionar al exmarido de su pareja.

Este mecanismo de manipulación de la Justicia fue reproducido en la provincia de Jujuy por el gobernador Gerardo Morales para sacar de en medio a Milagro Sala. Invadió la justicia con funcionarios adictos y le abrió numerosas causas a la dirigente social que tiene una condena bizarra a 13 años de prisión.