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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tuvo que derribar la puerta. Nadie atendió en De 9 Fútbol, la empresa del exjugador uruguayo y representante Uriel Pérez Jaurena. Solo apareció un rato después su abogado, Eduardo Alberto Martins, en el piso 9 de Avenida del Libertador 650, Vicente López. El operativo simultáneo con otros cinco en la AFA y los clubes Racing, Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión arrojó un resultado inquietante. Además de la documentación incautada, se encontró una pistola 9 milímetros con dos proyectiles en un escritorio y sin los papeles en regla. El día después del allanamiento, el dueño de la oficina viajó hacia Estados Unidos con su familia. El fiscal federal de San Isidro Rodolfo Fernando Domínguez le imputa evasión impositiva y lavado de activos. La investigación judicial avanza sobre presuntos ilícitos cometidos en cuatro países: Argentina, México, Uruguay y Brasil. “Estamos armando el rompecabezas con todas las partes dispersas y dependerá mucho de lo que encontremos en las computadoras”, le dijo a Página/12 una fuente que sigue de cerca al tema. Dirigentes y futbolistas también quedaron implicados en la causa caratulada “NN s/ infracción ley 24769 y artículo 303”. El proceso podría convertirse en un antes y un después que exponga la opacidad de un mercado donde ganan pocos a expensas de muchos. Y cuando ganan, se enriquecen en un santiamén.
Pérez Jaurena es un exdelantero de 45 años. Itinerante, jugó en clubes de Uruguay, Chile, México, España, Bolivia y Argentina (Colón y Belgrano, entre otros). Cuando abandonó su carrera se dedicó a representar futbolistas y algún técnico aislado. La gran mayoría son argentinos y entre los más conocidos están Enzo Fernández de River, Federico Mancuello de Vélez, Domingo Blanco y Andrés Roa de Independiente y Gabriel Ávalos de Argentinos Juniors.
Medios de México y nuestro país lo relacionan comercialmente con Christian Bragarnik. Pero el único dato que se repite es que los dos se habrían asociado para manejar el plantel profesional de Ferro donde invirtió dinero el propietario del club Elche español. A Pérez Jaurena se le atribuye el control de la empresa de ropa deportiva Sport Lyon que viste al equipo, además de a Defensa y Justicia y Arsenal en Primera División. Pero según actas de directorio de esa compañía textil actualizadas hasta 2019 que este medio consiguió en la IGJ, su presidente es Norberto José Arcolino y como director suplente figura Víctor Antonio Contreras. Del exjugador no hay rastros.
Un informe del periodista mexicano Amir Ibrahim, director de ElQuintanaRoo.mx titulado El cártel del gol y publicado el 11 de enero de este año, vincula al representante uruguayo con un personaje de oscuros antecedentes en México: el estadounidense Greg Taylor. Otro empresario que maneja futbolistas y técnicos influyentes en ese mercado. “Cuando hablamos de un ‘cártel’ en este reportaje, lo hacemos para ejemplificar y no nos referimos a uno de drogas como comúnmente se le conocen, sino a una organización perfectamente bien estructurada, con líderes y operadores reunidos con un mismo fin: obtener la mayor cantidad de ganancias posibles y poco claras, aunque esto sea de manera más que sucia, amoral y en muchas ocasiones hasta ilícita; además de combatir fuertemente a su competencia”.
Taylor habría viajado dos veces a la Argentina desde México, lo cual no prueba nada, pero lo ubicaría en la mira del fiscal Domínguez y la jueza Sandra Arroyo Salgado que dispuso el allanamiento en el moderno edificio vidriado con gimnasio y pileta de Vicente López. El norteamericano es desde el año pasado uno de los propietarios de los Gallos Blancos de Querétaro, club de la Primera División. También fue dueño del Atlante.
Así como Ibrahim basó su investigación en Taylor y las personas que lo rodean en sus negocios, otro periodista mexicano, Ignacio Suárez del sitio Récord, escribió un extenso artículo titulado Negocios obscenos el miércoles pasado donde señala que en los operativos judiciales del 29 de septiembre realizados en Buenos Aires “en todos los casos un representante de jugadores estaba involucrado de manera indirecta o directa, su nombre: Uriel Pérez Jaurena”. Buena parte de la evidencia hay que buscarla en el comunicado que difundió la AFA sobre el allanamiento a su sede hace una semana. Se le exigió que entregara información sobre futbolistas que jugaron o juegan en México donde cada equipo puede poner hoy a nueve extranjeros en su formación titular. Una cantidad que bajará hasta siete de manera paulatina en la temporada 2022-2023. Gerardo Martino, el DT del seleccionado local, se quejó mucho de esa invasión foránea que alimenta los negocios de representantes como Pérez Jaurena.
La AFA dice que le secuestraron “ejemplares de los contratos de transferencia de los deportistas Maximiliano Meza, Federico Mancuello, Emmanuel Gigliotti, Nicolás Sánchez, Jesús Méndez, Fernando Barrientos, Jonatan Maidana y Enrique Triverio; registro de representantes de dichos deportistas; constancias de los depósitos efectuados en los términos del artículo 214 del reglamento general de AFA; registro de transferencias al exterior de dichos jugadores durante los años 2014/19 donde se indique el valor de cada operación; todo registro documental que acredite que Uriel Pérez Jaurena ejerza la propiedad de derechos económicos de jugadores de fútbol y toda otra documentación que resulte de interés para esclarecer las maniobras denunciadas”.
En el requerimiento de la fiscalía están imputados los jugadores por “evasión impositiva y lavado de activos”; por los mismos delitos más el de “administración fraudulenta” los dirigentes de los cuatro clubes y de la AFA que intervinieron en las transferencias; Pérez Jaurena como ya se informó y “demás personas que cumplieron el rol de representante de los jugadores de fútbol reseñados, y toda otra persona que pudiere haber intervenido, prestado colaboración o haber encubierto los hechos”.
La causa se abrió por una denuncia anónima que recibió la Procelac, que también hizo su propia investigación. Suárez publicó en su nota – la primera entrega de una serie que continuará – cómo el monto de las ganancias obtenidas de manera ilícita ascendería “a 24 millones 750 mil dólares, sólo durante el período del 2014 al 2019”. El mismo periodista coincide con las fuentes consultadas por Página/12 sobre la situación comprometida de Pérez Jaurena ante la Justicia argentina que sigue reuniendo pruebas para citarlo a indagatoria. Algunas son los nombres de las compañías inscriptas en Panamá vinculadas al representante uruguayo como Inti Holding LLP, UP Sport Group LLP, MM&A Profesional Servicies International LLC y Playmaker Sports Management SA de su socio Pedro Aldave Ortúzar, de nacionalidad paraguayo-argentina.
La trama es compleja pero la investigación judicial avanza. De la documentación secuestrada se desprende que se hicieron transferencias de jugadores por montos menores a los declarados y que hubo una evasión galopante. El exdelantero que se inició en Huracán Buceo de Montevideo y gusta fumar habanos es apenas una pieza del puzzle, creen los investigadores. Ahora quieren apuntar más alto.
