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Desde Santa Fe
La fiscal del Ministerio Público de la Acusación Cristina Ferraro no logra apartar -de la causa en la que está imputada- a su colega, el fiscal federal Walter Rodríguez, quien la investiga por supuesto “encubrimiento agravado” en la modalidad de “hacer desaparecer pruebas, rastros e instrumentos del ilícito”. Esta semana, la Cámara Federal de Rosario (sala B) rechazó un nuevo intento de su defensa de pasarle el expediente al MPA -al ámbito del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, que es el jefe de Ferraro- y confirmó la competencia del fuero federal en el caso. El fallo es el tercer no que recibe Ferraro de un tribunal, desde que su abogado planteó el incidente para correr a Rodríguez y derivar el legajo a la jurisdicción de Arietti. Ya el 4 de noviembre de 2020, el juez Marcelo Bailaque ratificó la competencia del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, que hoy está a su cargo. El 2 de junio de 2021, la Cámara Federal de Rosario le dio la razón a Bailaque. Y el miércoles último, la Cámara confirmó esa sentencia, en otra resolución de la jueza Elida Vidal, en línea con la anterior, que también tiene su firma.
El gran interrogante de la investigación es el destino de un millón de dólares y tres millones de pesos fotografiados en la agencia de turismo del empresario Hugo Oldani -asesinado el 11 de febrero de 2020-, pero de los que sólo quedan imágenes. Lo dijo el propio fiscal Rodríguez al denunciar a Ferraro y abrirle una “causa por separado”, en agosto de 2020. “Para establecer el dinero desaparecido” de las oficinas de Oldani “contamos con un estudio de la División Scopometría de la Policía Federal” que analizó las fotos de la plata y concluyó que “la suma ascendería a 1.100.000 dólares y 3.050.000 pesos”. Un monto “injustificado a la luz de la actividad general de la empresa de turismo”, explicó.
Entre otras medidas, Rodríguez solicitó entonces “la formación de una causa por separado para investigar la conducta desplegada por la fiscal Ferraro, sin perjuicio de la eventual participación de terceros”. Ferraro integra la unidad especial de homicidios del MPA y se encargó de investigar el crimen de Oldani durante meses hasta que fue separada por Arietti, recién en agosto de 2020.
La investigación del fiscal Rodríguez se inició por una denuncia del ex ministro de Seguridad y hoy director provincial del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, el 1º de junio de 2020. “El hallazgo y posterior sustracción de la escena del crimen de una millonaria suma” en pesos y dólares “no se condice con los montos que maneja un operador turístico”, denunció Sain. Por lo tanto, existen “elementos serios y verosímiles para inferir” que allí “podría haber funcionado una ‘cueva financiera’, sin autorización del Banco Central, ni de la AFIP, para realizar operaciones de cambio y/o préstamos de dinero”. Y encuadró los hechos en una supuesta “intermediación financiera no autorizada", "lavado de activos" e "infracciones a las leyes tributaria y cambiaria", todos de “competencia federal”.
Desde que Sain hizo la denuncia, se sucedieron tres operativos para sacarle la investigación a Rodriguez y mandarla al MPA, al ámbito del fiscal regional de Santa Fe, todos sin éxito. Dos de ellos fueron impulsados por fiscales dirigidos por Arietti. 1) El 4 de junio de 2020, a sólo 72 horas de la denuncia, el juez Gustavo Urdiales desestimó el primer planteo. 2) El 4 de noviembre de 2020, el juez Bailaque rechazó el incidente de incompetencia que interpuso la defensa de Ferraro. 3) El 20 de noviembre de 2020, el juez Luis Octavio Silva rechazó el tercer planteo. Cuarenta y ocho horas antes, el fiscal Rodríguez había pedido diez indagatorias por supuesta “intermediación financiera no autorizada”, entre ellas a la hija de Oldani y a una empleada de la empresa. Así que a la serie, se agregaron las dos resoluciones de la Cámara Federal de Rosario (sala B) –del 6 de junio de 2021 y del 6 de octubre- que ratificaron la competencia federal para develar la gran incógnita, entre otras: el destino del millón de dólares y los tres millones de pesos. Al anoticiarse de la última resolución del tribunal, Sain escribió: “Ahora se podrá ver la tapadera”.
El 22 de abril, el juez Bailaque procesó a los diez imputados en la investigación del fiscal Rodríguez, entre ellos Virginia Oldani y a una empleada de la agencia, María José Calle, por presunta “intermediación financiera no autorizada” y ordenó embargar los bienes de todos ellos por medio millón de pesos a cada uno. Bailaque valoró las evidencias y llegó a la misma conclusión del fiscal, que ambas mujeres operaban “bajo la dependencia y directivas de Hugo Oldani como sus brazos ejecutores de las maniobras delictivas” que describió en una resolución de 70 páginas. Rosario/12 ya informó que una prueba clave es el peritaje del celular de Oldani que tiene más de 17.000 folios con registros, diálogos, operaciones y contactos de sus clientes.
Los otros procesados son la presidenta de la sociedad de Bolsa Mediterránea, Carina Chelmo, dos operadores del grupo Carey de Rosario: Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo, el abogado Leandro Javier Forchetti y los inversionistas Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marco Molinas y Eugenio Francisco Alonso. Todos por supuesta “intermediación financiera no autorizada”, que tiene una pena de uno a cuatro años de prisión.
En este contexto, están pendientes otras resoluciones judiciales. El juez Bailaque debe resolver la situación procesal de tres policías investigados por el resguardo de la agencia de Oldani. Y la Cámara Federal de Rosario tiene que pronunciarse sobre la apelación de los diez procesamientos ordenados por el juez.
