En medio de los ataques a la campaña de vacunación de los más chicos la oposición política negó el quórum en la Cámara de Diputados de la Nación en donde debía tratarse el proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Etiquetado Frontal), al tiempo que los medios ocultaron el lanzamiento del programa Mejor Barrio, por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de Juan Zabaleta, junto al jefe de Gabinete de Ministros Juan Manzur y el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque.

Durante esos días fuimos testigos de una inexplicable maratón de ataques al anuncio por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Ministerio de Salud de la Nación en donde se autorizó el uso de la vacuna Sinopharm contra el COVID-19, en niños y niñas a partir de los tres años de edad.

Una nota de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) exigía que se le entreguen los informes en los cuales la ANMAT basó su decisión. Ese escrito fue utilizado como estandarte por parte de algunos medios de comunicación, sectores de la oposición política al gobierno nacional y algunos profesionales cercanos a esa oposición, buscando desestabilizar la campaña de vacunación que a todas luces se muestra exitosa, y generando angustia e incertidumbre entre las familias y el entorno de los más pequeños, poniendo en dudas la inobjetable seriedad y profesionalismo de la ANMAT, reconocida no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional.

La Sociedad Argentina de Pediatría tiene no solo el derecho sino la obligación de contar con la evidencia científica, y de poner a trabajar a sus comisiones técnicas en el relevamiento de la información existente. Lo que resulta cuestionable e inoportuno de la nota publicada por la SAP es que habían sido notificados que tanto la ANMAT como el Ministerio de Salud de la Nación le harían entrega de la documentación solicitada en las próximas horas. No obstante, la sociedad que nuclea a los pediatras en Argentina decidió hacer público su reclamo dando pie a la catarata de operaciones mediáticas y políticas que generaron conmoción y angustia en la opinión pública.

Días después de aquel revuelo, la SAP aconsejó la inoculación de los más chicos con la vacuna de Sinopharm. Antes que eso, la amplia mayoría de las y los pediatras, ya habían comenzado a recomendar a sus pacientes, la aplicación de la vacuna de los laboratorios de origen chino como sucedió antes con las vacunas de Moderna y Pfizer para los jóvenes.

La vacuna de Sinopharm es la indicada para la población infantil, ya que por su plataforma tecnológica de producción a virus inactivado genera una muy buena respuesta inmunológica por parte del organismo y casi ningún evento adverso importante. Esta tecnología se utiliza además en otras vacunas del calendario nacional tales como la vacuna de Salk para prevenir la polio, la anti-hepatitis A y la anti-gripal.

La inscripción de niños y niñas para recibir la vacuna tanto en Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires fue masiva y en pocos días superó los quinientos mil inscriptos entre ambas jurisdicciones.

Mientras se discutía el tema vacunas, la Cámara de Diputados de la Nación se disponía a debatir el proyecto de ley de “Promoción de la Alimentación Saludable”, conocida como de Etiquetado Frontal, que promueve la identificación clara de los productos alimenticios que se ofrecen al consumo masivo, en relación a su contenido en azucares, grasas saturadas, sodio y otros aditivos, con sellos en su envase que adviertan al consumidor y les permitan elegir consumirlos o volcarse a otros productos menos perjudiciales para su salud. Ese debate se vio frustrado por la ausencia del bloque de Cambiemos, quien había propuesto el tratamiento de esta ley, al momento de dar el quórum en el recinto. Es decir, propusieron el tratamiento de una ley al que luego se ausentaron. Resultaría insólito si no fuese porque que se trata de una ley que promueve una mejor salud y calidad de vida de los argentinos. Es inadmisible.

La malnutrición infantil es un tema que nos preocupa desde siempre a todos aquellos que trabajamos en el cuidado de la salud pediátrica, y es deber del Estado regular las condiciones de salubridad que presentan los productos alimenticios ofrecidos en góndolas y publicidades, y garantizar a los consumidores el derecho a elegir.

En Argentina la malnutrición infantil asociada a sobrepeso es 4,3 veces mayor que aquella malnutrición asociada a bajo peso por hipoaporte calórico, y hay evidencias claras que la primera se asocia al consumo de alimentos ultraprocesados con altos niveles de azucares, sodio, grasas saturadas y aditivos en los productos que se consumen, y que el sedentarismo es un segundo elemento que actúa en este sentido.

La producción de alimentos a nivel industrial utiliza estos componentes en exceso buscando beneficios en la palatabilidad (cualidad de ser grato al paladar un alimento con azucares y grasas saturadas), la estabilidad del producto en el tiempo (exceso de sodio) y maximizar el rendimiento de las materias primas (aditivos) entre otros objetivos ligados a la búsqueda de mayor rendimiento económico de sus productos.

La obligatoriedad del rotulado de los productos alimenticios ya se aplica en muchas partes del mundo y con buenos resultados en relación a la disminución del consumo por parte de la población y en la reducción de esos contenidos por parte de las empresas productoras de alimentos. La rotulación de las etiquetas presenta diversas formas como son los sellos de alerta o los semáforos de alerta ubicando entre el rojo y el verde los productos más perjudiciales para la salud y aquellos más saludables.

La alimentación hipercalórica tanto en la infancia como en la edad adulta junto con el sedentarismo y el stress, conllevan el desarrollo de los principales problemas de salud pública tales como sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular y cánceres, grupo de enfermedades definidas como Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) y que en Argentina según la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2019, son responsables del 73,4% de las muertes, del 52% de los años de vida perdidos por muerte prematura, y del 76% de los años de vida ajustados por discapacidad. La mayor parte de las muertes por ECNT se presentan en la población de entre 30 y 69 años de edad. Asimismo, el sobrepeso u obesidad en Argentina está presente en uno de cada tres niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

El tratamiento de la problemática de etiquetado frontal en el marco de la Cámara de Diputados de la Nación a la que la oposición se negó a dar el quórum viene a brindar una herramienta a esta problemática que afecta la salud y calidad de vida de las personas.

El otro factor que incide en el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles es el sedentarismo, que es considerado como el cuarto factor de riesgo de mortalidad por ECNT, solo superado por la hipertensión arterial, el tabaco y la diabetes. La mencionada Encuesta Nacional de Factores de Riesgo informa que el 44,2 % de los mayores de 18 años no realiza actividad física a niveles cardioprotectores.

En ese sentido el lanzamiento del programa “Mejor Barrio” propiciado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires para la construcción de 400 playones polideportivos y circuitos aeróbicos en distintos municipios se complementa sinérgicamente con la iniciativa legislativa de Promoción de Alimentación Saludable (Etiquetado Frontal) para atacar los componentes fundamentales de las Enfermedades Crónicas No Trasmisibles; malnutrición y sedentarismo.

Si no se legisla en clave de ampliación de derechos de las mayorías se lo hace en clave de consolidación de privilegios y beneficios de pocos. Cuando la propuesta es inteligente no hay excusas para no dar quorum. Necesitamos oposición responsable. La mezquindad política es un factor de riesgo más para la salud de nuestros compatriotas.

El autor es médico pediatra, docente universitario y miembro del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Garrahan