Estamos organizados como una república representativa. Esa calidad es la llave maestra de la democracia, porque garantiza que todos integremos el Estado y supone que lo hagamos en igualdad de condiciones, sin otras discriminaciones que las explícitamente ordenadas por la Constitución.

Y esa representatividad se expresa de modo cabal en la forma de integración de los cuerpos legislativos – diputados nacionales, legisladores provinciales y consejos deliberantes- con su enorme capacidad de decisión. Y la forma de elegirlos y el peso de cada uno es una materia primordial del armado institucional. Siempre hubo deliberaciones sobre la cuestión. Y ya la Constitución de 1819 establecía, a este propósito , que los diputados nacionales debían representar, cada uno, a 25.000 ciudadanos o fracción. Esta cuenta y las que le siguieron mandan estar todas apoyadas en el principio invariable de “un hombre un voto”.

Ese número se fue ajustando a medida que la población crecía, para conservar un cuerpo de tamaño adecuado a su mejor funcionamiento. Finalmente, el gobierno de facto fijó para la nueva democracia, en 1983 una proporción de 161.000 pobladores por diputado. Y con muchas deformaciones por otros criterios, en eso estamos.

Pero aquí se esconde un asunto explosivo: la Constitución manda que el número de diputados por provincia se fije según los resultados de los censos nacionales de población que se deben realizar cada diez años. De esa forma acordar la representación según los cambios poblacionales. Dice en su artículo 45 , “Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo…”

¿Y qué pasa si esa orden constitucional no se cumple? Que la representación pierde calidad y los ciudadanos dejan de ser iguales, pues habrá distritos crecidos en población que no mejorarán su presencia en la honorable cámara y sus pobladores serán menos valiosos. Se violan los derechos políticos y se enturbia la voluntad pública, más aún cuando los cambios de población implican mudanzas de riqueza, con provincias que suben y otras que bajan.

La orden constitucional no se ha cumplido con los censos nacionales de 1991, 2001 y 2010. Seguimos repartiendo bancas según el censo de 1980. O sea que para la representación legislativa la Argentina lleva cuarenta años sin cambio. ¡Pero hemos pasado de 28 millones de habitantes a los 45 millones de hoy! ¿Dónde estarán esos 17 millones más que la Cámara de Diputados ignora?

La escandalosa inequidad de esta situación ha motivado reacciones en busca de una reparación. Entre ellos un proyecto de ley de la diputada Carla Carrizo cuyos antecedentes y estudios me aclaran los tantos. Según los datos poblacionales de 2010, un diputado nacional por la provincia de Buenos Aires representa a 222.778 personas, uno por CABA a 115.643 y uno de Tierra del Fuego a 25.238! ¿Qué igualdad es esta?

La luz roja se enciende en la provincia de Buenos Aires, el distrito que más ha aumentado su población y su población migrante. Y dentro de él, en el Conurbano, en la región más castigada por las políticas de desigualdad y más marcada por la pobreza. Y así, la provincia de Buenos Aires que acumula el 38,9 por ciento de la población nacional tiene en la Cámara de Diputados sólo 27,2 por ciento de representantes. Los diputados que faltan, ¿no serán los del Conurbano? ¿Cuántos? Carla Carrizo calcula en su proyecto que una actualización llevaría los actuales 70 diputados por Buenos Aires a 97.

¿Cómo miran los dirigentes provinciales esta injusticia? Acaso convenga revisar la situación de la Legislatura provincial donde también se supone que la representación es proporcional al número de electores. La inmensa y diversa provincia de Buenos Aires está dividida en secciones y podemos observar dos de ellas, muy representativas por el tipo de actividad y urbanización. La cuarta sección, que incluye 19 partidos del Noroeste y predominantemente rurales, tiene 520.564 electores y manda a la Legislatura provincial 14 diputados, o sea, 1 cada 37.000. La tercera sección, también de 19 partidos, todos del Conurbano y masivamente urbanos tiene 4.132.955 electores y envía 18 diputados, 1 por cada 229.610. O sea, un diputado rural representa seis veces menos que un compatriota del Conurbano. Pero sentados en el recinto, el Conurbano se esfuma, resulta mínimo, le faltan decenas y decenas de diputados.

Este ocultamiento de los pobladores postergados de los suburbios pobres es también una postergación política, una negación de los derechos políticos que la Constitución Nacional quiere iguales para todos, Sucede en la Cámara de Diputados de la Nación y en grado aún más dramático en la Legislatura provincial. Y por lógica, las políticas económicas y las sociales y las educativas y las previsionales que se voten en esos grandes cuerpos constitucionales no tendrán la bendición y los contenidos de los votos de los pobres. Los hacemos pobres y ausentes. Y al diablo con el principio de “un hombre un voto”!

Claro que también en la Legislatura se han impulsado iniciativas para cambiar las cosas. Una de ellas, del exsenador provincial Carlos Pérez Gresia, procuraba suavizar, con matices innovadores, el impacto de la adecuación, pues son enormes los cambios y el juego de intereses de poder que están involucrados; pero quedó en el placard.

Y así, a pesar de que todos tienen presente el despropósito, los cálculos de representación en la provincia de Buenos Aires siguen dependiendo del Censo de Población de…1914!