Un paro con cortes de ruta convocado para este lunes por la oposición y el gremio del transporte público sumado a una marcha oficialista al día siguiente en el departamento de Santa Cruz, epicentro de una escalada de tensión con el gobierno del presidente Luis Arce, marcarán el inicio de una semana caliente en Bolivia. A días de cumplirse un año del triunfo de Arce en los comicios presidenciales, se multiplican las causas judiciales contra dirigentes opositores como el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, por su presunta participación en el golpe de Estado que en 2019 derrocó al expresidente Evo Morales. Estos procesos judiciales, junto a una ley contra las ganancias ilícitas impulsada por el gobierno, son los principales motivos del malestar opositor.
La postura del oficialismo
Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), dijo que la marcha del martes de apoyo a Arce en el departamento de Santa Cruz, histórico bastión opositor durante los gobiernos de Morales (2006-2019), servirá para rechazar "los intentos de desestabilización y de nuevo golpe de Estado de parte de la derecha" y exigir "respeto a la democracia y a los símbolos patrios".
El líder de la principal central obrera boliviana dijo que la decisión de realizar la concentración en Santa Cruz se adoptó cuando los opositores comités cívicos cruceños anunciaron su paro de este lunes. "Para nosotros está totalmente claro que la derecha quiere reeditar el golpe de 2019 y no lo vamos a permitir, porque los golpistas no solo han roto la democracia sino que han aprovechado la pandemia para saquear al Estado", sostuvo Huarachi.
Los dos dirigentes que la COB ve como los principales motores de desestabilización del gobierno de Arce son el presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el mismo que ingresó con una Biblia en la mano con la entonces presidenta de facto Jeanine Áñez al Palacio del Quemado en 2019, cuando se consagró el golpe contra Morales.
El paro del lunes
"Es tiempo de demostrarle al MAS que Santa Cruz está firme, que lucharemos por lo que es correcto y estamos dispuestos a defender nuestro trabajo, nuestra democracia y nuestra libertad", arengó el propio Camacho durante las movilizaciones que se produjeron este fin de semana para calentar los motores de cara al paro, y apenas unos días después de que se conociera un video de 2019 en el que él mismo cuenta cómo alguien le dijo que ya estaba cerrado el acuerdo para "tumbar" a Morales.
Tanto Calvo como Camacho se esforzaron en los últimos días en instalar la idea de que el paro del lunes no será opositor sino "pro-democrático". La medida de fuerza fue tomada en una reunión en la que participaron comités cívicos de varios departamentos, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga y otros referentes del antimasismo.
El espectro opositor es muy similar al que apoyó en 2019 las masivas protestas contra el gobierno de Morales por considerar que se había cometido fraude en las elecciones de octubre de 2019, en la que el exmandatario fue proclamado ganador. Esas movilizaciones fueron el preludio al golpe.
Tensión en aumento
El escenario político se complejiza cada vez más en Bolivia con múltiples frentes de batalla. Por un lado, están los procesos judiciales por los que se ha imputado, llamado a indagatoria y, en algunos casos, detenido a varias de las figuras emblemáticas del golpe de 2019, del gobierno de facto posterior y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante esa gestión "interina" que duró un año.
Los acusados y sus aliados sostienen que estos procesos son parte de "una persecución política" por parte del gobierno. Por ejemplo, una indagatoria a Camacho fue suspendida esta semana, oficialmente por razones de procedimiento, luego de que jóvenes cívicos cruceños amenazaran con movilizarse para evitar la cita judicial.
Por otro lado, la Asamblea Legislativa cruceña encendió las alarmas en La Paz cuando aprobó una ley en la que se asigna atribuciones para elaborar ternas de designación de autoridades como el fiscal departamental, representantes de la Defensoría y la Procuraduría y un director anticorrupción. El gobierno de Arce denunció que el único competente para definir sobre esas designaciones es el legislativo nacional y acusó a la Asamblea de Santa Cruz de "un indicio de delito de separatismo".
Además, la oposición rechaza la llamada Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que tiene media sanción de la Cámara Baja. La oposición y el sector empresarial rechazaron la medida porque consideran que le dará "poderes extraordinarios a las instituciones estatales". El proyecto de ley busca garantizar la fiscalización del dinero, instrumentos financieros y bienes obtenidos de ganancias y su control en la entrada y salida del país, otorgando más competencias a la Unidad de Investigaciones Financieras, la Fiscalía, el ministerio de Justicia y la Procuraduría.
