Producción: Natalí Risso

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Salir del pozo

Por Mara Pedrazzoli (*)

El indicador de la pobreza difundido por Indec semanas atrás pone de manifiesto la situación dramática que viven cotidianamente casi 19 millones de argentinos. Que la fragilidad social se ha exacerbado no es novedad para cualquier habitante de una gran urbe que circule sin distracción: los pobres se ven en las calles, hay más gente pidiendo y durmiendo en la calle, gente quebrada psíquicamente por no poder llevar una vida digna. Solo un ejercicio adecuado de la política pública podrá crear alternativas para que esas personas puedan reinsertarse en el sistema laboral.

En la base de la pobreza está la falta de empleo. Y ésta se relaciona con el estancamiento que sufre la economía hace casi una década y con la especialización sectorial de nuestra matriz productiva que impone límites a la creación de más y mejores puestos de trabajo.

Entre 2012 y 2017 el PBI argentino creció a una tasa promedio de 0,4 por ciento anual, luego sucedieron dos años de crisis y el derrumbe ocasionado por la pandemia. La economía se achicó. Lo poco que hay no alcanza para todos. Y las perspectivas –no solo en Argentina sino en la región– son poco promisorias: el crecimiento promedio para el año próximo será del 2,9 por ciento en Latinoamérica y apenas 2,2 por ciento en Argentina según datos de la Cepal (bastante menores a los pronósticos del presupuesto).

Esa dificultad endémica y los problemas de financiamiento condicionan a la política pública, que no obstante se ha mostrado ingeniosa en las últimas semanas. Además de adelantar el aumento del salario mínimo (que entre abril de 2021 y febrero de 2022 subiría un 52,8 por ciento) y de las asignaciones familiares de trabajadores registrados (entre octubre y diciembre, antes de plegarse a ajuste jubilatorio más virtuoso), la iniciativa del gobierno parece centrarse en eliminar la incompatibilidad entre las ayudas sociales (AUH y Tarjeta Alimentar) y el acceso a puestos de trabajo registrados en sectores de baja productividad. Y más aún, en reconvertir esos planes como parte del pago del salario.

El Estado se mete en la letra chica de los acuerdos entre cámaras empresarias y organizaciones de trabajadores para acelerar la contratación: una decisión acertada, en contextos de crisis se necesita más y no menos Estado, no quitar la protección laboral que supone una indemnización. También se capacitará a trabajadores y ampliará la obra pública. La iniciativa empezó por los trabajadores de la construcción y peones rurales de las economías regionales (frutas) y posteriormente está previsto sumar a la industria textil y la gastronomía. Una dinámica que en los hechos emula al Potenciar Trabajo pero invirtiendo los roles: el privado complementa al plan.

Los problemas estructurales de nuestra economía para absorber mano de obra son de larga data, y se acentúan en los sectores más dinámicos que ofrecen mejores condiciones –registración y remuneración promedio– pero generan comparativamente menos empleo: por ejemplo la petroquímica, la industria automotriz, la minería y la metalmecánica versus el comercio, la enseñanza, construcción y tareas del cuidado, por mencionar algunos. Existen también sectores que conforman un “gris” de relativamente alta productividad y mayor creación de empleo, como la administración pública y los servicios inmobiliarios y empresariales. Los datos surgen de una investigación del Centro de Estudios para la Producción que permitió actualizar debates. La política del gobierno es en este sentido acertada: focalizar en lugar de esperar un efecto derrame (que nunca ocurre) del crecimiento (que será magro) en sectores de punta.

Por último mencionar que cuánto más pobre es un país, más asimétrica la distribución. Una muestra de ello fue que Argentina ocupara el tercer puesto en el podio de países con más beneficiarios de sociedades offshore en los Pandora Papers. Otra política necesaria es monitorear las estrategias especulativas y elusivas de grandes millonarios o grupos económicos que perjudican a toda la población y en esa dirección apuntaron los cambios de normativas encabezados por el BCRA la semana pasada. Es un camino largo pero vamos por el indicado.

(*) Miembro del Dto. de Economía Política del CCC y de Paridad en la Macro.

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Recuperación desigual

Por Valentina Castro, Luca Giovacchini y Hernán Letcher (*)

Existen amplios consensos acerca del efecto regresivo de la pandemia en materia económico-social. A nivel global, se han profundizado las diferencias entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Ese efecto deriva no sólo del impacto diferencial de la pandemia sobre cada uno de los sectores sino particularmente por la heterogeneidad en la recuperación de los ingresos.

La evolución de la incidencia de la pobreza emerge como un caso ilustrativo de esta misma situación. Los datos son elocuentes: el 40,6 por ciento de los argentinos se encuentra por debajo de la línea de pobreza, habiéndose reducido levemente respecto al semestre anterior. Frente a este escenario resulta imperioso preguntarse ¿Qué factores explican que la pobreza no haya retomado los niveles pre-pandemia en el primer semestre y se haya mantenido en niveles elevados? Al analizar la evolución de los ingresos es posible observar:

La segunda ola de la covid-19 impidió la recuperación de la actividad en el primer semestre del 2021, particularmente en los sectores informales. A la par, retrasó la recuperación del empleo.

Por su parte, el aumento del SMVM (con impacto en planes sociales y salario informal) alcanzó 24 por ciento, es decir, se mantuvo por debajo de la CBA, que alcanzó 25,3 por ciento, con un agravante: los incrementos del SMVM se produjeron recién en los meses de marzo, abril, mayo y junio, mientras que sólo entre enero y febrero de 2021, el incremento de la CBA alcanzó 8,4 por ciento.

En el caso de los salarios, en la comparación del promedio del ISem21 en relación con el IISem20, mientras que el sector privado registrado casi igualó a la inflación (-1 por ciento), el salario no registrado se retrajo 5 puntos en términos reales.

Asimismo, el empleo se recuperó en la comparación interanual en unos 70 mil puestos. Sin embargo, no volvió aún a niveles de prepandemia. La actualización de la AUH (así como la AUE) y las jubilaciones sumó sólo 13,5 por ciento entre el aumento de diciembre (5 por ciento) y marzo (8 por ciento). El anunció de la ampliación del alcance de la tarjeta Alimentar al universo de niños y niñas de hasta 14 años tuvo impacto recién a partir del mes de junio.

Respecto a los gastos, es preciso mencionar que, el incremento de precios de alimentos de la CBA afectó negativamente la evolución de la pobreza, que sumó 25,3 por ciento (un promedio mensual de 3,8 por ciento). En el caso de la CBT, la variación fue menor: 22,7 por ciento, en buena medida por los leves incrementos de los servicios en el período.

Ahora bien, ¿Ha cambiado el escenario en el segundo semestre?

La campaña de vacunación avanza aceleradamente, lo que permitió la reapertura de la actividad económica en su conjunto, incluyendo entre otros, el comercio informal (ferias), que permiten mejorar la situación de los sectores de menores ingresos. Asimismo, se dispuso un incremento significativo del SMVM, arrancando en julio de 2021: 6,4 por ciento (julio), 3,2 por ciento (agosto), 10,8 por ciento (septiembre) y 2,7 por ciento (octubre), sumando 25 por ciento en el semestre. Resulta preliminar estimar la evolución de los salarios reales, pero la reapertura paritaria podría significar una modificación en el comportamiento observado hasta aquí. La extensión de la tarjeta Alimentar resulta un diferencial positivo respecto al primer semestre. Y los aumentos de movilidad (relevantes en jubilación mínima y AUH/AEU), alcanzan 12,12 por ciento y 12,4 por ciento en junio y septiembre, es decir, un incremento con impacto en el semestre de 26 por ciento. Por el lado de los gastos, los sensibles incrementos del primer semestre se muestran más moderados. Tanto la CBA como la CBT aumentaron entre julio y agosto sólo 2,8 por ciento.

A partir de las evidencias mencionadas, es factible comprender que existen condiciones objetivas para afirmar que los niveles de pobreza podrían volver a niveles de prepandemia pero difícilmente perforar ese umbral en los próximos meses. Entre las variables posibles para saldar esta deuda social, la recuperación del salario real emerge en carácter de condición necesaria para homogeneizar la recuperación económica.

(*) CEPA.