Hace una semana, la Policía de la Ciudad entró a la Villa 31 a desalojar a un grupo de mujeres, niñas y niños: desarmaron sus casillas y pasaron con una topadora. A la vez, el Gobierno porteño mantiene en el discurso que está avanzando con la urbanización. ¿Qué tan avanzadas están las obras, que cuentan con fondos de un préstamo internacional desde hace cuatro años? El préstamo por 170 millones de dólares está vigente desde 2017, pero recién este año figuran preadjudicaciones de obras por la mitad de lo transferido en 2021. De las 12 mil viviendas en el barrio, se construyeron 1080, en el sector de mayor visibilidad. No hay aún tendido eléctrico y los habituales cortes de agua se hicieron patentes en la pandemia en 2020 por los reclamos de la fallecida Ramona Medina. En este escenario, hubo una serie de contrataciones a consultoras por millones de dólares. De algunas de estas, no aparecen ni los informes finales que deberían haber producido.

El desalojo violento de mujeres, niñas y niños de la 31 volvió a poner el foco sobre el estado de la urbanización de la villa, a la que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pasó a decirle "Barrio 31", como si la retórica hiciera efecto sobre las condiciones materiales que siguen faltando. Es algo que seguramente experimentaron las 80 mujeres y 175 chicos que ocupaban un antiguo basural desde julio y reclaman donde vivir y que fueron desalojadas. Muchas de ellas denunciaban que venían de sufrir violencia de género. Como explicó en este diario Laura Vales, el motivo central es la suba de los alquileres dentro de la villa. Pero abrió nuevamente el interrogante sobre el uso de los fondos públicos para la urbanización de la villa.

Contratos en dólares

En el contexto de esas carencias de vuelven más notorios los contratos por millones de dólares que el Gobierno porteño ofreció a consultoras. El año pasado, este diario publicó un convenio por un total de dos millones de dólares para el "servicio de consultoría para la contratación de recursos humanos para conformación de la Gerencia Operativa de Reasentamiento".  El contrato comenzó en 2019 por 1.141.488 pesos y 1.199.653 dólares y tuvo una extensión este año por otros 857.599 dólares. Según figura en la resolución que firmó Diego Fernández --el funcionario que estuvo a cargo de la 31 y ahora es secretario de Innovación en la jefatura de Gabinete porteña-- "el objetivo es contratar servicios profesionales para integrar los distintos equipos que conforman la Gerencia Operativa de Reasentamiento".

La consultora formaba parte de la “evaluación de Impacto del Programa de Reasentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica para el sector Bajo Autopista” y la financió un prestamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La consultora que estuvo contratada era HYTSA y al frente figura Marcela Inés Pimentel, una licenciada en Oceanografía que dirige esa firma desde hace 35 años. Como vicepresidente aparece el expresidente del Club Independiente Javier Cantero. Con el gobierno porteño tiene una larga lista de contratos, que vienen desde la época de Mauricio Macri: en 2018 hicieron otra consultoría en la Villa 31 por 6 millones de pesos y una tercera en el mismo barrio en conjunto con otra empresa por 28 millones de pesos. En 2017, habían intervenido para evaluar el servicio de agua potable en esa villa, lo que costó otros 13 millones de pesos.

Pero no fue el único contrato en dólares que se generó en torno a la urbanización de la Villa 31. En 2017, el Gobierno porteño a través de una contratación directa le encargó a la empresa Gehl Architects que armara un plan estratégico 2017-2027 para la Villa 31 por un total de 1.035.000 dólares. El trabajo debía ser hecho en ocho meses. No se volvió a saber del tema hasta que en enero de este año, una normativa en el Boletín Oficial porteño citó esa consultoría como base para hacer un loteo de terrenos de la Villa 31.

La resolución que avala las obras "basados en la consultoría realizada por GEHL Architects buscamos generar un loteo amigable a escala humana, que promueva la diversidad de productos arquitectónicos". ¿El dato? A pesar de que los equipos de la Auditoría General de la Ciudad y de algunos legisladores intentaron dar con los documentos, el informe final de la consultoría del millón de dólares no figura en ningún lado.  Desde el Gobierno porteño aclararon que el informe era para distintas obras en toda la Ciudad y no solo en la 31. En cuanto al reporte final... nadie pudo dar con él hasta ahora.

A esto hay que agregarle que el área donde recomiendan el loteo es una zona de la 31 que, según denunciaron distintos grupos vecinales y organizaciones sociales, intentaron ser subastados en diversas oportunidades (en particular uno de los terrenos, conocido como el de Flechabus, donde la propuesta vecinal es usarlo para relocalizar familias).

¿Y las obras?

Como señala el sociólogo Fernando Bercovich en su newsletter de urbanismo, de la urbanización de la 31 se construyeron 1080 viviendas de un total de 50 mil que existen en el barrio (el Gobierno porteño afirma que son 40 mil habitantes y 12 mil viviendas). No hay aún tendido eléctrico y los cortes de agua son todavía comunes y fueron especialmente denunciados durante la pandemia, cuando complicaban los cuidados y la higiene. En el mismo texto, se cita a la becaria doctoral del CONICET Melina Ons -que investiga sobre la villa- y que plantea: “Si cualquiera va al barrio se da cuenta que las obras más importantes están en un sector del barrio: casualmente la que se ve desde la autopista. Pero muchos otros siguen sin servicios o con problemas graves edilicios y de hacinamiento".

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, sostienen que además de esas 1080 viviendas "se hicieron 15 kilómetros de nueva infraestructura en todo el barrio, y se readecuaron otros 3 kilómetros. La infraestructura comprende cloacas, pluviales, tendido eléctrico, red de agua, pavimento y luminaria pública. Además, se construyó un acueducto de 3 kilómetros y se instalaron 39 cámaras de media tensión".

Las obras cuentan con un financiamiento internacional aprobado por el BIRF desde 2017 por un total de 170 millones de dólares (algunos de esos millones se gastaron en las consultorías antes mencionadas), pero ¿cuándo de ese dinero se ejecutó desde entonces en obras?

El 30 de junio de este año, se transfirió de ese préstamo al Ministerio de Desarrollo Humano un total de 958 millones de pesos. Al día siguiente comenzaron a preadjudicarse algunas de las obras para “Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de viviendas del Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Con 120 millones aparece la empresa Villarex S.A., que se especializa en la "reparación de edificios no residenciales" y con otros 115 millones, Demoliciones Mitre S.R.L, que ya participó de otras obras como la demolición de un edificio para el Metrobus del Bajo. Hay otros dos llamados a licitación para otras etapas de las obras. Entre las distintas obras se llega a 567 millones. La mitad de la transferencia actual del BIRF.

Desde el Gobierno porteño, en cambio, plantean que del total del préstamo de 170 millones ya el BIRF desembolsó 132 millones y quedan 32 millones. Y que en 2021 aportó 8 millones de dólares. Claro que este dato no dice nada de cómo se usaron los fondos. En el Gobierno porteño también advirtieron que parte de los fondos ya están comprometidos para obras a futuro ( la nueva ampliación para el Cesac 47, la construcción del nuevo Bajo Autopista, las nuevas viviendas en YPF Tren, las obras de baja tensión).

La urbanización de la Villa 31 fue trabada en la Legislatura por Macri todo el tiempo que fue jefe de Gobierno. Larreta, en cambio, anunció con bombos y platillos que la urbanizaría, pero su proyecto de ley no reunió el consenso de los consejeros y consejeras de la 31 y terminó siendo votada solo con los votos del larretismo (el Frente de Todos se opuso y el bloque de Martín Lousteau se abstuvo). Fue la única ley de urbanización que no fue votada por unanimidad.