La causa más antigua del espionaje macrista sigue cambiando de juez. Después de que el juez en lo penal económico Javier López Biscayart se declarara competente para investigar el uso de las bases de datos del Estado, especialmente las de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), para espiar, la Cámara Federal porteña ordenó que se sorteara a otro juez. Alejandro Catania, el mismo magistrado que investiga el envío de municiones a Bolivia, deberá desde el martes entender en el expediente que pasó de juzgado en juzgado desde que se jubiló Rodolfo Canicoba Corral.

Todos los nombres de los jueces de Comodoro Py fueron buscados en las bases de Migraciones durante el gobierno de Mauricio Macri. Así fue como, uno a uno, se fueron eximiendo de intervenir en la investigación. Días atrás, el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, mandó el expediente a los tribunales en lo penal económico para que algún juez se hiciera cargo. Salió sorteado el juzgado en el que subroga López Biscayart, quien dijo que pese a haber sido espiado se encontraba en condiciones de hacerse cargo de la investigación. Además, sostuvo que el Estado argentino asumió compromisos internacionales que impiden que las investigaciones sean eternas.

Sin demasiadas explicaciones, Irurzun ordenó que se sorteara a un nuevo juez. El elegido fue Catania, que aún no tomó contacto con el expediente y no dijo si lo aceptará o no. López Biscayart y Catania son los dos jueces que intervinieron en la denuncia del gobierno por el envío de municiones a Bolivia para apoyar a las fuerzas que habían dado el golpe en Bolivia. Esa investigación, después de idas y vueltas, también terminó quedando a cargo de Catania.

La causa por el espionaje en Migraciones se inició con una autodenuncia que presentaron en abril de 2017 los entonces directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, después de que el columnista de La Nación publicara que la exSIDE seguía a múltiples personalidades, desde Lionel Messi hasta el entonces camarista Eduardo Freiler, y que hacía interceptaciones telefónicas ilegales desde una de sus bases.

La investigación estuvo hasta el año pasado en poder de Canicoba Corral. La jueza que subrogó su juzgado, María Eugenia Capuchetti, se apartó de intervenir porque ella sus datos de Migraciones habían sido monitoreados desde la propia AFI. La causa siguió un derrotero similar en otros juzgados y finalmente la Cámara Federal debió mandarla a otro fuero. La curiosidad es que tuvo que hacerlo Irurzun, que está excusado en las causas de espionaje porque fue víctima supuestamente del accionar de los espías conocidos como Súper Mario Bros.

Mientras la causa de Migraciones sigue cambiando de juzgado, la Cámara Federal debe resolver si confirma o revoca los 38 procesamientos que dictó en febrero el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé por las andanzas de los Súper Mario Bros y el espionaje a los exfuncionarios y empresarios kirchneristas que estaban presos. La decisión está en manos de los camaristas Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Tanto Llorens como Bertuzzi sortearon en las últimas semanas una nueva ronda de recusaciones después de que La Nación publicara que avanzaban hacia una declaración que dejaría a la causa pendiendo de un hilo y que abonarían la hipótesis de que los espías no respondían a directivas de sus superiores, sino que eran “cuentapropistas”.