Tras 19 años de esconderse en calma de la Justicia, el suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento tuvo unos últimos días de rally en los tribunales federales. El viernes, tras ser arrestado e indagado por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, el bebé que arrebató al matrimonio de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, fue trasladado a una cárcel común y se espera que a mediados de esta semana sea indagado por el secuestro y las torturas que sufrieron en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, otra pareja de militantes que, como aquellos, permanece desaparecida.
El Juzgado Federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas y al frente de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en la RIBA durante la última dictadura cívico militar, posó su atención sobre Vázquez Sarmiento a principios de la década pasada. En el expediente de la RIBA, que tiene como víctimas al matrimonio de la hija de la vicepresdienta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, y su esposo, el nombre del suboficial retirado de la Fuerza Aérea figuró como parte de la estructura de ese lugar que funcionó como centro clandestino de detención durante los primeros años del terrorismo de Estado. Pero, además, también fue reconocido.
En 2012, Marcelo Moreyra declaró ante el Juzgado federal 3 acerca del episodio en el que, el 6 de octubre de 1978 y en el marco de un operativo de grandes dimensiones, la patota que secuestró al matrimonio de Roisinblit y Pérez Rojo, y a su beba de 15 meses, mariana, le deja a la niña. En esa ocasión, ante las autoridades del juzgado, Moreyra reconoce a uno de los cinco tipos de civil que le dejan a Mariana: entre decenas de imágenes en blanco y negro integradas en un album fotográfico, Marcelo identifica a Vázquez Sarmiento como el “pelirrojo, de rulitos (...)el más nervioso de todos”.
En junio de 2013, ambos elementos se pusieron en juego con información proveniente de otro expediente, el que investiga a Vázquez Sarmiento como apropiador de Ezequiel Rochistein Tauro, y Rafecas libró una orden de captura para él. Para entonces, hacía más de una década que permanecía prófugo.
Vázquez Sarmiento comienza a integrar el colectivo de responsables de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura a principios de siglo, en las denuncias anónimas que condujeron al hallazgo de Guillermo Pérez Roisinblit, hijo de Patricia y José Manuel, hermano de Mariana Eva Pérez, nacido en la ESMA en 1978 y apropiado por el agente civil de inteligencia de la RIBA Francisco Gómez, que lo inscribió como hijo propio y de su esposa. La denuncia lo identificaba con nombre y apodo --”el Colorado”-- y lo ubicaba en una escena junto a Gómez y el bebé que le habían robado a Patricia tras haberlo parido en la ESMA. Aquel hilo denunciante llevó a ubicarlo como responsable de otra apropiación, la de Ezequiel, investigación judicial por la que inició su huida.
En el juicio que en 2016 condenó a Gómez, al comodoro retirado Luis Trillo y al dictador y ex jefe de la Fuerza Aérea Omar Rubens Graffigna por el secuestro y las torturas cometidas contra Roisinblit y Pérez Rojo, su hijo restituido en el año 2000 lo identificó como uno de los integrantes de la RIBA con quien sus apropiadores tenían “una relación más cercana” y que en “varias oportunidades” habían ido a la casa. Aportó durante aquel testimonio fotografías en las que están él y Ezequiel de chicos, cuando aún no sabían su verdadera identidad. Guillermo había declarado lo mismo en instrucción, bajo identidad reservada.
La RIBA integró el circuito represivo de la Subzona 16 que abarcó los partidos de Moreno, Merlo y Morón y fue cedida por el Primer Cuerpo del Ejército a la Fuerza Aérea. Su “cabeza” fue el centro clandestino Mansión Seré, y además de la RIBA la integraron la Iª Brigada Aérea de Palomar, la VIIª Brigada Aérea de Morón, la Comisaría de Castelar, la Comisaría de Haedo y la Comisaría 1ª de Morón. La regional dependía de la Jefatura II de Inteligencia de la Fuerza Armada, que respondía al Estado mayor de esa arma.
La investigación de instrucción sobre ese centro clandestino llegó a determinar que hubo más de 40 personas trabajando en esa dependencia de la Inteligencia de la Fuerza Aérea en pleno auge de la última dictadura cívico militar. Por el momento, la causa solo cuenta con la pareja de Roisinblit y Pérez Rojo como víctimas que allí estuvieron detenidas de manera ilegal y que recibieron torturas. Vázquez Sarmiento es, en tanto, el único responsable que resta indagar. La querella de Mariana Pérez solicitó que fueran citados un puñado de hombres que figuran en la estructura del centro clandestino: Juan Manuel Taboada y Jorge Cóceres y los civiles René Bustos, Omar Moizo y Andrés Bruno --que testificaron en el juicio de 2016, inclusive--. Taboada falleció hace un año. También a Julio César Leston --que será juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos contra una veintena de víctimas secuestradas en diversos centros clandestinos de la Subzona 16--, Capracio Esperanza Sánchez y Fernando Nelson Bucchi.