Cinco personas, entre ellas el jefe de la organización narco criminal, fueron condenadas mediante acuerdos de juicio abreviado, a penas de 4 a más de 7 años de prisión por graves delitos vinculados a la Ley de drogas 23.737.
El cabecilla de la banda era Carlos Alberto López, y había organizado un circuito que comenzaba en Bolivia, de donde provenía la droga que ingresaba por Orán, y desde allí se la enviaba vía encomienda a la provincia de Tucumán.
López, quien reconoció su responsabilidad penal en los hechos, fue condenado a la pena de 7 años y 4 meses de prisión por los delitos de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautor y tenencia injustificada de arma de fuego y también de documentos ajenos, en grado de autor.
Rocío Morales y Saúl Isaías Ríos, segundos de López en esta estructura, recibieron penas de 7 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado y tenencia con fines de comercialización, en calidad de coautores.
Patricia del Valle Ruiz, otra integrante de la organización oriunda de Tucumán, fue condenada a la pena de 4 años y 2 meses de prisión efectiva por resultar autora material y penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Su hija, Yamila Eugenia Rojas, también de esa provincia, recibió la misma pena.
La investigación del caso, estuvo a cargo del fiscal federal Marcos Romero, de la Sede Descentralizada de Tartagal.
Juicio abreviado
Las condenas se impusieron a través de acuerdos de juicio abreviado. En el caso de Ruiz y Rojas, el juez de Revisión Ernesto Solá, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta dictó las penas en el marco de la audiencia de Control de Acusación, ocasión en que las acusadas reconocieron su responsabilidad en los hechos imputados.
Respecto a López, Ríos y Morales, los acuerdos fueron homologados por el Tribunal Oral Federal N°1, el que también dispuso multas de 378 mil pesos, el decomiso de celulares secuestrados y la destrucción de la droga incautada.
Al presentar el caso, Romero explicó que las acusaciones surgen de una larga investigación iniciada el 16 de mayo de 2020, la cual se extendió por varios meses hasta la detención de todos los implicados entre el 18 y 19 de febrero de este año, como resultado de una serie de allanamientos realizados por la División Antidroga de la Subdelegación Oran de la Policía Federal en distintos domicilios de esa ciudad y Tucumán.
Producto de estas medidas, coordinadas por el auxiliar fiscal Rafael Lamas, la fiscalía logró el secuestro de 24 kilos de cocaína y más de 2.000 gramos de fenacetina y lidocaína, como así también documentación, teléfonos celulares e incluso un arma de fuego, entre otros elementos de interés para el caso.
El 3 marzo, el juez Federal de Garantías de Orán Gustavo Montoya dio por formalizado el caso a instancia del fiscal Romero, quien siguió adelante con la investigación hasta determinar los roles que tenía cada uno de los acusados.
López, según se determinó, era el encargado de gestionar la obtención de la droga en Bolivia con punto de entrega en Orán. También tenía funciones específicas en el traslado del estupefaciente, desde esa localidad a la provincia de Tucumán.
Ríos y Morales, en tanto, eran los encargados del envío de los paquetes mediante encomiendas, para lo cual utilizaban los servicios de una empresa de transporte local y siempre ocultaban la droga en artefactos de cocina, como anafes u ollas.
Con distintos nombres, a veces alternados, los acusados remitían los paquetes a Tucumán, donde Ruiz y su hija, Yamila Rojas, eran las encargadas de retirar las encomiendas, a veces acompañadas por el propio López.
La droga, una vez que llegaba a Tucumán tenía dos destinos. Una parte era comercializada entre revendedores locales, mientras que otro tanto solía ser reacondicionada en otros paquetes que eran enviados a Córdoba a través de encomiendas.
Ruiz, a su vez, era quien realizaba el cambio en dólares del dinero obtenido en concepto de ganancias, el cual era remitido a López, en Orán. Lo que también se hacía mediante encomiendas. Con el dinero, se solventaba la adquisición de más tóxico.
La fiscalía pudo presentar pruebas respecto de cada envío realizado por los acusados, quienes evitaban despachar grandes cantidades de droga para así no levantar sospechas y simular que los envíos eran parte de un negocio de venta de artefactos de cocina.
