Cuando O. se atrevió a contar en su casa que es bisexual, la convivencia se tornó un riesgo. Su familia intentó convertirlo: le decían que “es hombre, que trate de buscar compañeras y compañía de mujeres”. Así lo cuenta el propio padre en la denuncia por violación que hizo contra la única persona (J., un joven gay de 28 años) que intentó ayudarlo. Tras varias semanas de sufrir ataques verbales, físicos y amenazas de internación por parte de sus xadres, O. decidió a fines de junio huir de su casa. Pasó la noche en lo de J., en La Plata. Y alentado por él, al día siguiente llamó a la Línea de escucha 102, del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Lo atendieron, lo derivaron al servicio zonal de Niñez y de ahí a la Comisaría de la Mujer de su ciudad. Pero su familia lo interceptó en el camino: lo encerraron en una habitación poniendo un ropero contra la puerta y le arrebataron de las manos el chip de su teléfono.
Según la propia declaración de sus xadres esa noche, robaron su identidad para chatear con J. y pactaron un encuentro en una plaza céntrica de La Plata. J. fue. El increíble ardid que le tendieron lo llevó a aparecer en los diarios locales como presunto violador, a pasar más de un día preso y a enfrentar una causa por “corrupción de menores”.
TRAMA VIOLENTA, ODIO NATURALIZADO
O. es solo unx de lxs tantxs jóvenes LGBT+ que ven vulnerados sus derechos desde la niñez, desde el momento en que les toca criarse en un núcleo familiar que lxs rechaza sin miramientos. La negación y opresión sobre el deseo bisexual de O. no quedó en un chiste ni en un comentario desubicado de sobremesa. Escaló, como escalan ciertas violencias, a un punto de no retorno. Heterosexualidad compulsiva y adultocentrismo, un combo explosivo.
J. conoció a O. en mayo de este año. Conversaron por WhatsApp y al poco tiempo se encontraron en persona. “A medida que fuimos teniendo un vínculo de mayor confianza y amistad, él me empezó a relatar distintas situaciones de violencia y maltrato que estaba viviendo dentro de su casa por parte de sus padres” a raíz de su salida del clóset, hacía aproximadamente un mes. Eso incluía “discusiones y gritos reprochándole que se iría al infierno, así como amenazas de ejercer sobre él violencia, encerrarlo, institucionalizarlo e incluso episodios de violencia física”, asegura J. a SOY. El hostigamiento se profundizó cuando se enteraron de que “se veía conmigo, un amigo homosexual”. Ahí, a fines de junio, es que O. decidió irse. Pero después de pasar la noche en lo de J. fue interceptado por sus padres, que en una perversa “revancha” citaron a J. y lo acusaron de violador en una de las plazas más transitadas de la capital bonaerense. Basados en información policial, los principales medios locales reportaron que “un joven resultó detenido por abusar de un menor de 17 años”. J., incomunicado, no se enteró de nada hasta quedar en libertad.
Él denuncia que esa noche en Plaza Italia, la madre de O., su padre y su hermano lo golpearon, gritaron a lxs transeúntes que era “un violador” y que “ya iba a ver lo que le hacen a los putos en la cárcel”, entre otras cosas. Cuando la policía llegó, la versión familiar pesó más. La abogada defensora de J., Sofía Caravelos, asegura que al joven “lo capturaron, fue una privación ilegítima de la libertad, lo atraparon en medio de la plaza. La madre de O. dijo que estaba atrapando a un abusador. Ahí apareció la policía y quedó detenido. Una vez en la comisaría, cuando él empezó a contar la historia, tenían que ponerle un nombre a eso, que no era más que pura discriminación y homofobia. Y terminó siendo calificado como ‘corrupción’”, asegura a este medio. Desde entonces la deriva fue mutua. O. en su casa recibiendo cada vez más maltratos; J. detenido e incomunicado por 36 horas, llegando incluso a contemplar, en soledad, la posibilidad de que hubiese sido mejor no meterse.
NORMAL DESARROLLO
El arraigo ideológico y moral de lxs xadres de O. fue tal que a ningunx le resultó problemático contarle a la policía que lo habían encerrado y robado su identidad. Ni afirmar que desde que empezó a juntarse con J., su hijo “empezó a alterarse”, cuando antes “era dócil”. Él dejó en claro ante la policía que nunca había sido coaccionado ni obligado a vincularse con J., y que tenía una pésima relación con su familia desde hacía meses.
Sin embargo su palabra no fue tenida en cuenta, ya que en el delito de “corrupción de menores” no se contempla el consentimiento de la presunta víctima. En diálogo con SOY, la fiscal platense Virginia Bravo -que instruye las tres causas que se abrieron en torno a estos hechos- explica que “hasta el momento de la indagatoria (de J.) la escena era la de un hombre que había tenido a un chico 11 años menor dentro de su casa. Y la familia 'lo rescata' de eso. Después se empezó a develar toda esta cosa siniestra”, que incluye amenazas probadas y lesiones físicas que deberán ser acreditadas una vez que O. -y sus padres- declaren formalmente ante la Justicia.
Por ahora la causa principal es la que se inició contra J. La figura “corrupción de menores” data de la primera sanción de nuestro Código Penal en 1921: apenas se modificó una vez. No hace falta decir que por entonces las valoraciones morales sobre los delitos eran radicalmente distintas. Ahora, en la práctica judicial, esa carátula suele encontrarse anexada (o en “concurso real”) con otros delitos, por lo general abusos sexuales agravados por ser cometidos por progenitores o por sostenerse en el tiempo. Aplica a víctimas menores de 18 años y no toma en cuenta su eventual consentimiento, ya que podría haber coacción o engaños de por medio. Históricamente, los autores penales interpretaron la “corrupción” como el acto de “afectar el normal desarrollo de la sexualidad”, o “el sentido naturalmente sano” de la misma. Sin embargo, el ex juez y penalista Germán Alegre indica que otras lecturas sobre el tema plantean “algo distinto, vinculado a la idea de libertad sexual y a un ámbito de privacidad de cada persona de poder elegir y construir libremente su sexualidad. Desde ese punto de vista, la corrupción podría llegar a implicar actos de adultos que interfieran con ese espacio de determinación libre que tiene una persona en la construcción de su sexualidad”, explica el especialista a SOY.
Como el consentimiento es irrelevante, lo que habría que determinar “en sintonía fina es que la persona mayor no haya interferido en un proceso que es exclusivo de la otra persona, que tiene derecho a construir y desarrollar acorde a su edad y sus distintas etapas”, señala Alegre. La abogada de J. afirma que el uso de la figura en este caso “es una novedad, porque se hace frente a la presunción no probada de que se habría iniciado sexualmente a un joven de 17 años, donde no se constata ninguna situación violenta ni de abuso de autoridad. Los dos son del mismo sexo y pareciera que eso es lo que califican como conducta de corromper”.
A J. esto le trajo consecuencias concretas: Bravo pidió una pericia psicológica suya para probar que, en efecto, no haya “corrompido” a O. “Esto es una cuestión de personalidad, que nada tiene que ver con la homosexualidad. Su inclinación sexual no puede llevar a imputarlo”, aclara la representante del Ministerio Público Fiscal. Dice que busca constatar que no haya habido coerción para dar por cerrado el caso, “me parece más serio hacerlo con una pericia. No busco cazar brujas, no me mueve la aguja la sexualidad de ellos”. Después de negarse por considerarla improcedente, finalmente Caravelos accedió a realizar la pericia. Pero tiene reservas: no entiende cómo, después de la intervención de Niñez y de la medida de abrigo dictada por la Justicia de Familia, J. sigue estando en la mira de la Justicia.
En el artículo 125 del Código se lee que la pena por corrupción es de 3 a 10 años de cárcel. Pero ese rango se extiende de 6 a 15, “cualquiera fuese la edad de la víctima, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda”.
O. siguió intentando contactarse con J en varias oportunidades. Lo hizo hasta los últimos días que tuvo celular, antes de mudarse a un hogar convivencial en el interior de la provincia. Le aseguró que su madre lo había amenazado con un cuchillo. Antes, en su declaración ante la policía, había contado que sus hermanxs querían forzarlo a que se acueste con mujeres para “curarse”. Las cosas no mejoraron después de su intento de fuga. Trabajadorxs del servicio local de Niñez conversaron con él en varias oportunidades, y en una de sus visitas, en agosto, fueron violentamente echadxs por su mamá. Según un informe del organismo, la mujer les gritó que “su hijo solo iba a hablar con quien ella decida y permita”. Cabría (re)preguntarse entonces: ¿bajo qué miradas o enfoques se mide la “corrupción” ejercida contra niñes y adolescentes cuyas sexualidades aún están en desarrollo? ¿ante quiénes se sospecha primero en la comisión de un delito? ¿por qué siempre se presume que lxs xadres quieren lo mejor para sus hijxs? ¿y por qué se asume que saben qué es lo mejor?
EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS
“Quienes lo atraparon y golpearon fueron los padres y un hermano del joven, totalmente convencidos de que estaban haciendo algo correcto legalmente. Y eso es de lo más peligroso: nadie, en ningún momento, les dijo que estaban cometiendo un delito”, advierte Caravelos. Se refiere a la Justicia pero también a la policía cuando tomó la declaración del padre de O. Es que el hombre reveló sin dudar que en la plaza, J. “repetía que mi hijo tenía sus derechos; pero yo insistía en que como padre tengo derechos porque él es menor”. Esa visión, según se desprende del expediente, es casi totalitaria dentro de la familia, exceptuando a dos hermanas de O. que ya no se vinculan con sus xadres.
A partir de la articulación con la Línea 102, lxs trabajadorxs del servicio local de Niñez tomaron la posta del caso y sostuvieron un acompañamiento telefónico con O. Incluso lo visitaron y él lxs atendió, pero fueron echadxs desde la ventana. “Este equipo profesional considera que el joven se encuentra en riesgo dentro del seno familiar, él mismo manifestó su intención de ser alojado fuera de su hogar”, dice un informe remitido a principios de agosto a la fiscal Bravo. Se trata de la tercera causa que instruye por este caso; sin embargo, por ser fiscal penal no estaba en sus manos pedir una medida de abrigo. La segunda causa fue una denuncia que radicó el propio J. contra lxs xadres de O., por los delitos de lesiones agravadas por el odio al género, amenazas y violación de privacidad, entre otros.
Bravo dice que espera resolver la causa inicial -la de “corrupción”- para poder darle cierre a las demás. Pero para eso, J. deberá someterse a una pericia psicológica nacida de una denuncia homo/biodiante, por parte de una familia a cuyo hijo consideran poco más que una propiedad. “Es necesario pedirle a la Justicia que deje de tener una mirada discriminatoria y proteja los bienes jurídicos que dice resguardar: el derecho de las personas a una vida libre de violencias, en especial aquellas motivadas por odio de género y sexual, y el libre desarrollo de la conducta sexual sin presiones externas ni amenazas, mucho menos en su hogares”, pide J. Desde Fiscalía aseguran que ya hay una investigación en esa línea, que está activa y en proceso. Mientras tanto, O. pasó más de un mes a resguardo de su familia en un hogar convivencial del interior bonaerense, y hace poco regresó a su casa.
La titular del Organismo de Niñez bonaerense, Andrea Balleto, cuenta a SOY que desde que asumió la gestión se reportaron 15 casos de niñxs y adolescentes maltratadxs o excluidxs por su familia, por motivos de su identidad de género u orientación sexual. Y tres casos como el de O.: que pidieron expresamente irse de su casa para vivir un tiempo en otra ciudad. Dice que esa es “la última opción, porque siempre buscamos un lazo en la comunidad para evitar la institucionalización”, aunque en este caso fue expresamente conversado con O. En general, lo primero que intentan desde el Organismo es “trabajar la escucha, porque muchas veces es un proceso difícil contar lo que están viviendo”. Por más que existan protocolos de actuación, cada niño, niña o niñe es diferente. Y las áreas que intervienen son muchas, desde Géneros y Diversidad de Niñez hasta los servicios locales y zonales y la Justicia de familia, a veces la penal. En muchos casos, como el de O., “se entrecruzan derechos vulnerados” que obligan a dar intervención a otras autoridades, más o menos rápidas, más o menos atentas. La interseccionalidad, se sabe, es difícil de llevar a la práctica en casos así.
Mientras tanto, quienes estén en una situación similar a la de O. pueden, además de llamar al 102, comunicarse por Whatsapp al 2214281439 o por las redes del organismo: @ninezyadolescenciapba en IG y @opnya.gba en FB. Hasta el momento, la provincia de Buenos Aires carece de dispositivos pensados específicamente para casos de violencia familiar contra niñxs y jóvenes LGBT+, y las experiencias son contadas en el territorio nacional. Alrededor del mundo, casi todos los esfuerzos por crear esos espacios son producto del trabajo activista.
