El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés)  dijo ayer que le preocupan profundamente las denuncias sobre “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato” en distintos ámbitos de las fuerzas de seguridad y del personal penitenciario, que “arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”. Por eso pidió que el  Estado tome medidas “urgentes” para evaluar las prácticas en los centros de detención federales y provinciales. Expresó también sus reparos a los efectos que el proyecto de limitación a las salidas anticipadas tendrá sobre la superpoblación carcelaria. Además, manifestó su preocupación por “el alarmante número de casos de femicidios y violencia de género registrados” en Argentina en el último año (ver aparte).

Respecto de crímenes de lesa humanidad, el CAT manifestó su inquietud por “la demora en la tramitación de las causas judiciales que todavía quedan pendientes, tal y como reconoció la delegación estatal, y el debilitamiento de oficinas públicas que dan apoyo a la investigación de estas causas” en Argentina. Asimismo, recomendó realizar “estrategias para agilizar el procesamiento y los juicios por delito de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar”.

El comité analizó en su último período de sesiones el informe presentado por el Gobierno argentino e interactuó con una delegación oficial que expuso los esfuerzos del país en esta materia, encabezada por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, y que incluyó representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Consejo Federal de Derechos Humanos, del Plan Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo y de la Misión Permanente de Argentina ante la ONU en Ginebra.

En su informe final, emitido ayer, el comité señaló que cuenta con denuncias sobre violencia institucional contra los reclusos al ingresar en unidades carcelarias y “otras prácticas de asfixia con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, así como castigos colectivos gravosos”.

También indicó que preocupan las informaciones sobre “traslados arbitrarios de detenidos lejos de sus familias a modo de castigo encubierto”.

Por ello, el comité pidió al Estado argentino que tome medidas “urgentes para evaluar las prácticas de torturas y maltrato en los centros de detención a nivel federal y provincial”, con el fin de desarrollar las políticas de prevención necesarias y controles internos y externos.

Además, le instó a que “reafirme de forma inequívoca la prohibición absoluta de la tortura”, que investigue “sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención” y que garantice, cuando sea posible, que los detenidos permanezcan en establecimientos próximos a sus hogares.

Por otra parte, los miembros del Comité mencionaron informaciones que dan cuenta de “patrones de violencia y arbitrariedad” por parte de las fuerzas de seguridad federales y provinciales durante detenciones sin orden judicial, particularmente de jóvenes y menores de edad en situación de marginalidad.

El órgano de supervisión de la ONU consideró preocupante el aumento constante de la población penitenciaria desde 2009, lo que ha agravado la superpoblación existente en varias provincias, que en el caso de la de Buenos Aires ha resultado en un estado de emergencia penitenciaria.

Criticó también la práctica “de alojar a personas detenidas de forma prolongada en dependencia policiales, pese a no estar preparadas para ese fin”.

Otra cuestión que inquietó al Comité es “el elevado número de detenidos en prisión preventiva”, así como su duración excesiva”, y añadió que esta situación afecta a alrededor del 60 por ciento de la población penitenciaria.

En este ámbito, consideró preocupante un proyecto legislativo que eliminaría “el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados, incluso por delitos no violentos”. Ello, sumado a los traslados abusivos, equivale, agregó, a impedir su reinserción social y a agravar la situación de superpoblación carcelaria.

En otro pasaje de su informe sobre Argentina, el comité menciona “el elevado número de muertes en detención”, que, según cifras oficiales, asciende a un prometido de 43 anuales en el sistema penitenciario federal entre 2008 y 2016.

“El comité lamenta el alcance limitado de estos datos –por circunscribirse a la categoría federal– y anota con preocupación la discrepancia con otros informes que contabilizan un total de 1930 muertes en todo el país desde 2010”, indica el informe.