El juez penal de primera instancia de San Lorenzo, Carlos Andrés Gazza, ordenó ayer la reapertura de la causa penal por daño ambiental contra la Petroquímica Bermúdez, (ex Electroclor) rechazando los planteos del representante legal de la fábrica, quien pidió la prescripción y también "falta de legitimación del Ministerio Público de la Acusación". El magistrado aceptó así el pedido de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de continuar la investigación y dejar nula la resolución previa de un juez que siguió el criterio del exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, de no continuar adelante con la investigación. Serjal sigue detenido e investigado en el marco de la causa de "juego clandestino" por recibir coimas de Leo Peiti.

Concretamente, Gazza declaró nula la resolución dictada por el juez Juan José Tutau el 8 de marzo de 2019, en la que declaró abstracta la cuestión penal y en consecuencia, decidió la extinción de la acción en relación a Sergio Taselli, Máximo Taselli y Matias Gallegos.

El nuevo juez señaló que el anterior magistrado -que convalidó el cierre del trámite penal contra la empresa- fue perjudicado al momento de resolver, porque le ocultaron información. “Resulta claro a partir de la declaración de Tutau que no se le expusieron las circunstancias claras, completas, de todo el devenir que había llevado el proceso, para llegar a que el fiscal pidiera en una audiencia un criterio de oportunidad. Esto es claro al escuchar no solo al magistrado, sino también el registro de audio y video”, señaló Gazza.

El tribunal entendió que "los delitos de peligro, sobre todo los delitos de peligro abstracto tienen la particularidad de que no es necesario demostrar si una acción ha producido el resultado típico, sino que contenta con que se pueda predicar que dicha acción resulta generalmente peligrosa para el bien jurídico protegido, en este caso el grado de contaminación es tan evidente y tan elevado que el peligro estuvo y está latente sobre toda la comunidad, afectando derechos supraindividuales y que de forma indirecta afecta a cada individuo en particular, no alcanzando solamente la voluntad de sanear".

En relación a los valores referenciados para explicar la contaminacion, sirve el testimonio del fiscal Lesdesma, cuando fuera preguntado por sus pares, y luego de ayudar a su memoria recordó lo siguiente: "en relación al agua se declaró cloroformo 4,56 mg/1, cuyo límite legal es 0,030; tetracloruro de carbono 1,17 mg/1 mientras su límite es de 0,003; tricloroetileno 138,37 mg/1 cuando su límite es 0,030; tetracloroetileno 13,99 mg/1 con un límite de 0,001, por mencionar uno de los pozos".

Según entiende ahora Gazza, cuando Tutau aceptó cerrar la causa, tal como le pedía el fiscal Juan Carlos Ledesma por orden de su superior Serjal, no sabía que existían una medida en curso en sede civil, ni una denuncia por parte del fiscal de Estado ordenada por un decreto del entonces gobernador Miguel Lifschitz, ni que existía una póliza para la reparación del medio ambiente. Y consideró también que el fiscal Ledesma no lució convencido al acatar la orden de Serjal que resulta, para Edery y Schiappa Pietra, una posible acción de corrupción. También le llamó la atención a Gazza que Ledesma hubiera rechazado contestar a Tutau cuando le preguntaba si su criterio personal sobre lo que debía hacerse en la causa contra Petroquímica era la misma que la de Serjal.

"Todo ello lleva a una violación clara y que no permite con ninguna circunstancia la aplicación de un criterio de oportunidad”, dijo Gazza en relacion al cierre de la causa. El magistrado remarcó que esta es la discusión de fondo. Y que su tribunal “no podía no advertir que con el grado de contaminación existente está en juego el interés de toda la comunidad, pero no solo de Capitán Bermudez sino de toda región, como lo manifestaron los funcionarios de Medio Ambiente Rintoul y Tripelli, que han prestado declaración”.

Es que en una inspección realizada días atrás por el Ministerio de Ambiente de la provincia, se detectó que en el predio hay presencia de sustancias altamente tóxicas y muy dañinas para la salud en el suelo, aire y agua en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. "En registros de concentración de elementos contaminantes que debían estar por debajo de 0.03, se llegaron a advertir 1.5", dijo entonces el fiscal Schiappa Pietra.