El Gobierno elevará la semana próxima al Congreso un proyecto de ley de Compre Argentino, a partir de la cual se dará preferencias a productos nacionales, principalmente elaborados por pequeñas y medianas empresas, en las adjudicaciones de obras públicas y de adquisiciones del Estado. La iniciativa implica una mejora respecto de la actual ley de Compre Nacional, en la cual los productos fabricados en el país tienen una preferencia de precio de 5 por ciento, que se eleva a 7 por ciento cuando se trata de pymes. Con el proyecto oficial, esas preferencias se elevan al 12 por ciento en el caso de pymes y al 8 para grandes compañías. La medida contempla además, para las empresas extranjeras a las que se les adjudiquen licitaciones, la obligación de contratar un mínimo de 20 por ciento de insumos fabricados en el país. Cámaras pymes solicitan que el mínimo de compras para ese segmento sea del 25 por ciento y que no se ciña sólo a compras públicas sino también a empresas en las que Estado tenga participación accionaria.  

 En medio de la crisis que atraviesa la industria en general y el segmento pyme en particular, el gobierno presentó un proyecto con el que pretende apuntalar la actividad. “En los próximos ocho años, el sector público invertirá 200 mil millones de dólares en obras de infraestructura, energía y minería, entre otras. Con una integración de productos nacionales del 40 por ciento en los grandes proyectos que realizará el Estado, se podrían generar 70 mil nuevos puestos de trabajo de alta calificación”, prometió el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien junto al de Trabajo, Jorge Triaca, anunciaron el proyecto.

 Según los funcionarios, la medida permitirá además una mejora en los niveles de empleo. “El objetivo de la medida es contribuir con la generación de empleo en la industria y generar capacidades competitivas en sectores estratégicos que pueden, luego, salir a vender sus productos y servicios a la región y al mundo”, agregó Cabrera. Las compras públicas representan más de 5 por ciento del Producto Interno Bruto y generan el 2,5 por ciento del empleo. 

 “Queremos que las grandes compras del Estado sean una palanca para el desarrollo de una industria competitiva y de calidad”, explicó el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, quien estuvo en el acto. Participaron también los presidentes de la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Di Fiori; de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Juan Carlos Lascurain; de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; y de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló. Para reorientar la demanda, el proyecto de ley establece que al momento de licitar productos que no son manufacturados localmente, se establezca un incentivo para que prevalezca aquella oferta que prevea una mayor integración de piezas locales. En este caso, el mínimo establecido de integración local en la iniciativa oficial sería del 20 por ciento.  

 “En este tema venimos trabajando hace dos semanas para elaborar un proyecto superador a la actual ley de Compre Nacional, con el objetivo de ayudar a las pymes en crisis”, explicó a este diario Ariel Aguilar, dirigente de la Confederación General Económica de la República Argentina (Cgera), que nuclea a unas sesenta cámaras pymes. Aguilar aseguró que la propuesta sobre la que se trabajó en el Congreso, plantea que se incrementara el piso mínimo de compras del Estado del actual 7 por ciento a pymes a un nivel del 25 por ciento, un porcentaje que tienen varios países en la región. La propuesta oficial se queda a medio camino y eleva ese mínimo de preferencia en principio al 12 por ciento.  

 Desde el sector también apuntaron a que no se circunscriba la ley a compras u obras públicas, sino que además incluya a las adquisiciones de empresas en las que el Estado tenga algún tipo de participación accionaria. “Por ejemplo, durante el verano YPF hizo una promoción con pelotas de fútbol que terminó comprando a China, mientras acá cerraron tres empresas que las fabrican”, criticó Aguilar. También se solicitó y se discutirá durante su tratamiento legislativo, que se trate de una “ley reglamentarista”, para evitar que su aplicación quede librada a la interpretación del gobierno de turno. 

 De todos modos, hubo apoyo de algunas cámaras pymes. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostuvo que una medida de este tipo “es prioritario para el sector pyme en la actual coyuntura económica”. Desde la Confederación General Empresa (CGE) se mostraron confiados en que el proyecto “permitirá aumentar la participación de pymes en compras públicas y generar empleo”. El presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Francisco Dos Reis, exhortó al Congreso a que durante el debate de la iniciativa cuide que las modificaciones incluidas “beneficien a la industria nacional y no a las grandes corporaciones”. Por último, desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima), respaldaron el proyecto pero advirtieron que “se requerirá de una autoridad de aplicación eficaz”.