La Justicia porteña ratificó este martes el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco donde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planeaba habilitar la construcción de edificios de lujo en el acceso al Río de la Plata. Con un contundente fallo, la Sala N°2 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario rechazó la apelación del Gobierno porteño al fallo que en abril había frenado la venta, alegando que el oficialismo no cumplió en la Legislatura con el mecanismo de doble lectura establecido por la Constitución para las leyes de enajenación de terrenos públicos.
"El fallo deja claro que la costanera deber ser pública y de uso común de la ciudadanía porteña", señalaron las organizaciones que trabajan en defensa del espacio público. En tanto, desde la oposición celebraron que la decisión judicial pone "un freno a las torres" y llamaron a participar de la audiencia pública que comenzará este viernes por el otro gran proyecto inmobiliario que amenaza al acceso al río: el barrio de torres de lujo que el Grupo IRSA busca construir en Costanera Sur.
"La Cámara volvió a darnos la razón, rechazó la apelación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y ratificó que es inconstitucional la ley por la cual intentaron vender el predio de Costa Salguero". Por la tarde del martes, así anunciaba la noticia Gabriela Cerruti, diputada nacional del Frente de Todos (FdT), que presentó el amparo que inició el litigio por la venta de los terrenos junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes.
En un fallo de 29 páginas y 23 puntos detallados como respuesta a la apelación del Ejecutivo, los jueces Fernando Enrique Juan Lima y Mariana Díaz ratificaron que la venta de las 17 hectáreas costeras es inconstitucional. Al igual que lo sostenido en primera instancia por el juez Leonardo Fuchi, los magistrados consideraron que la aprobación de la Ley 6.289, que en 2019 habilitó al GCBA a vender los terrenos, infringió "el procedimiento constitucional previsto en el artículo 89, inciso N°4 de la Constitución".
El inciso en cuestión establece que las leyes que impliquen "desafectación de los inmuebles del dominio público" requieren del procedimiento de doble lectura con audiencia pública. Antes de tratar la ley, el oficialismo porteño había conseguido que los terrenos fueran considerados de "dominio privado", que para su venta no requieren doble lectura.
"Corresponde, con tanta prudencia como –llegado el caso- claridad y vehemencia, hacer respetar los límites establecidos en la propia Constitución", sostienen los jueces en el fallo y agregan que "nuestra Constitución es clara en cuanto a la importancia que para ella poseen tal participación ciudadana, el derecho al ambiente y, en particular, el acceso al río". Además, los magistrados consideraron que la ley es "violatoria de las normas del Código Urbanístico vigente al momento de su dictado".
"El fallo implica dos cuestiones muy importantes. Primero, que la costanera deber ser pública y de uso común de la ciudadanía porteña. Segundo, la Justicia deja una vez más en descubierto la gravedad institucional que se vive en la Ciudad donde la Legislatura sanciona leyes en favor de la especulación inmobiliaria sin respetar las exigencias mínimas", señaló a Página/12 Jonatan Baldiviezo, titular del ODC.
"El fallo de Cámara deja clarísimo que se trata de un bien de dominio público y que el intento de venta es inconstitucional poniéndole un freno a las torres", coincidió el legislador del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña, quien agregó que "por todo esto es muy importante que Larreta no vuelva a conseguir los dos tercios de la Legislatura en estas elecciones". En tanto, la diputada porteña Claudia Neira, que junto a María Rosa Muiños había pedido la derogación de la norma, sostuvo que "desde el inicio todo lo que se vivió con esta ley fue muy irregular".
"Estamos en una situación de inseguridad jurídica permanente donde la Legislatura aprueba leyes sin las mayorías y sin la participación de la ciudadanía. Si no fuera por el movimiento ciudadano urbano que se organiza y acude a la Justicia estas situaciones se consolidarían”, agregó Baldiviezo. Antes del fallo de primera instancia, la ciudadanía había concretado la audiencia pública más masiva de la historia de la Ciudad, cuando entre noviembre de 2020 y enero de 2021 más de dos mil personas se expresaron en contra de la ley de rezonificación de los terrenos, posterior a la norma que la Justicia declaró inconstitucional.
Luego de eso, en agosto el GCBA volvió a extender hasta diciembre de 2022 la concesión del predio a la empresa Telemetrix, que originalmente debía abandonar el lugar en abril de este año, después de tres décadas a cargo. En el medio, el FdT comenzó a impulsar la Iniciativa Popular para crear un gran parque público en las 17 hectáreas ribereñas. Los legisladores ya confirmaron que la Iniciativa alcanzó las 40 mil firmas necesarias para ser tratada en la Legislatura y solo falta la presentación formal.
En tanto, este martes, en simultáneo al fallo de Cámara, cerró la inscripción para la audiencia pública por el barrio de torres de lujo que IRSA busca construir en las 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors: "Hay una cifra récord de 2600 anotados", confirmó a Barroetaveña sobre la audiencia que comenzará el viernes a las 14 horas y que se podrá seguir por el canal de YouTube de la Legislatura.
