“El problema fiscal por definición es que se gasta más de lo que se recauda. Si miramos series históricas largas, la Argentina tiene en este momento una presión tributaria que es record de todos los tiempos, al menos sobre los sectores formales, sobre los que pagan. Salvo que venga un combate masivo contra la evasión es poco lo que se puede hacer por el lado de los ingresos. Entonces habrá que hacer algo por el lado del gasto. Estamos con aumentos del gasto en 2016 y 2017 fenomenalmente altos. Sigue siendo un tema crítico el nivel de los subsidios, porque todavía en Argentina mucha gente de ingresos medios sigue pagando de luz y gas mucho menos que de celular y de cable. No puede ser. Cómo se va a pagar menos de luz y gas que de celular y cable. La Argentina se debe también una gran discusión en materia previsional, porque por más que todos nos llenemos la boca diciendo que hay que proteger a los abuelos, el sistema previsional está quebrado. Y Argentina se debe otra gran discusión de lo que es la relación Nación provincias, que se ha manejado los últimos diez años de manera muy desordenada. Tenemos que encarrilar la situación presupuestaria porque es una de dos, o la inflación no va a bajar o vamos a un problema de endeudamiento exagerado”. Esta descripción pertenece al economista Rodolfo Santángelo, socio histórico del ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, quien pese a haber perdido su lugar en el Gobierno mantiene expectativas de regresar como lo que siempre aspiró, ministro de Hacienda. Hay sectores de peso en el mundo financiero que le hacen hinchada para que concrete su sueño y desembarque después de las elecciones de octubre con el plan de ajuste que Santángelo anticipó en sus líneas fundamentales esta semana, durante una entrevista con Marcelo Zlotogwiazda en Radio 10. 

Santángelo expresa la opinión de lo que usualmente se denomina el mercado, que es también la del FMI y la de las calificadoras de riesgo internacionales. La economía nacional viene fracasando, según esta visión, por el exceso del gasto público, que desequilibra las cuentas fiscales y conduce a la inflación. La solución entonces no sería otra que “hacer algo por el lado del gasto”. El consultor agrega tres sugerencias principales: recortar subsidios a los servicios públicos, con el argumento de que sectores medios pagan menos de luz y gas que de celular y cable –no apunta en este sentido a frenar los abusos de telefónicas y operadoras de televisión paga, sino a igualar tarifas hacia arriba a costa de los bolsillos de los usuarios–, reformar el sistema jubilatorio, que supuestamente está quebrado, y poner en caja también a las provincias mediante la presión del gobierno nacional. Otras opciones como restablecer los derechos de exportación a los agronegocios, las mineras y la gran industria, cuya eliminación generó buena parte del agujero fiscal del último año y medio, quedan obviamente descartadas. Lo que hay que hacer es ajustar con más tarifas de servicios públicos el atraso sigue siendo “crítico”- y producir transformaciones estructurales que garanticen un horizonte de gasto acotado en materia de jubilaciones y de transferencias a las provincias.

Ese es el mapa que debería guiar la política económica el próximo año. Es lo que reclama el poder financiero local y extranjero después de haber tolerado los primeros dos años de gobierno de Mauricio Macri una estrategia “gradualista” en la misma dirección, insuficiente para esos sectores para resolver los problemas de fondo que tendría la economía nacional. La paciencia fue necesaria en esa etapa, conceden, por la necesidad política de Cambiemos de afianzarse en el poder. Los costos sociales del plan sugerido son tan elevados que los mismos que lo proponen aceptan demorar su implementación hasta finales de 2017, una vez pasadas las cruciales elecciones legislativas de medio término. 

Santángelo afirma que si no se hace lo que dice habrá que apelar a un endeudamiento exagerado, como si los 70 mil millones de dólares emitidos hasta el momento por el Gobierno no significaran ya una carga mayúscula, desproporcionada, pese a lo cual la economía rodó barranca abajo desde diciembre de 2015. Para el economista, esa dinámica solo se cortaría con un ajuste estructural. Sus palabras anticipan con lo que deberán lidiar Nicolás Dujovne –o Meconian si es que lo reemplaza-y Luis Caputo, ministro de Finanzas, para seguir emitiendo títulos públicos en 2018 que permitan financiar los déficit gemelos, fiscal y externo. Sin ese masivo endeudamiento, no habría forma de mantener la fiesta del deme dos en Chile y Paraguay, ni las compras de 2500 millones de dólares por mes por parte de los ahorristas, ni el rojo de la balanza comercial industrial. En resumen, la restricción externa que por ahora queda disimulada justamente con montañas de bonos lanzados por el Tesoro, la llegada de capitales especulativos para aprovechar la bicicleta financiera y la recesión, que disminuye las necesidades de importación de energía e insumos fabriles. 

Haber optado por reinsertar a la Argentina en el circuito de dependencia de la deuda como lo hizo el macrismo condujo, como era de esperar, a la situación actual, donde la presión de los mercados acota los márgenes de acción para el Gobierno, más allá de que en el esquema de la CEOcracia, los funcionarios del equipo económico son los mismos que antes trabajaban del otro lado del mostrador. Como sea, a ellos ahora les marcan la hoja de ruta para 2018, que será difícil esquivar frente a la necesidad de seguir emitiendo deuda. El FMI y las calificadoras de riesgo ya dijeron con claridad que el año que viene habrá que ir a fondo con el ajuste, como lo plantea Santángelo con énfasis de gurú de la city. También lo dicen otros como Miguel Angel Broda, Dante Sica o José Luis Espert. El “gradualismo” debe terminar en octubre, de ahí en más lo que corresponde es el shock.

El Gobierno lo sabe, lo comparte, y ya está dando pasos en esa dirección. En el Congreso, conformó la comisión bicameral que estudiará una reforma del sistema impositivo, mientras que el Ministerio de Trabajo oficializó la convocatoria a otra comisión para redactar la transformación del régimen de jubilaciones. Lo hizo a través de la resolución 188-E/2017. Allí define que las modificaciones que se requieren son profundas y plantea la redacción de un nuevo Código de la Seguridad Social que abarque todas las prestaciones en la materia. 

“El derecho a la seguridad social fue afectado en las últimas décadas por sustanciales modificaciones legislativas llevadas a cabo con el propósito de establecer un régimen insolidario, cuyas bases resultaban contrarias a los valores que caracterizan a nuestra sociedad”, asegura en los considerandos, en referencia a la creación de las AFJP. “En vista del fracaso de dicha experiencia –admite–, la forma elegida para volver la legislación a su cauce histórico ha sido a todas luces deficiente e injusta, generando nuevas e importantes alteraciones interpretativas que complican su conocimiento y aplicación”. Aquí ya se refiere a los cambios introducidos durante el kirchnerismo. “Dicha confusión se produce, entre otras causas, por la superposición de reglas contradictorias o de dificultosa hermenéutica. Esta lamentable circunstancia nutre a los tribunales competentes generando ese verdadero castigo social que son los centenares de miles de casos litigiosos que rebasan sus estanterías”, sigue. En este punto cabe preguntarse si con esto el Gobierno está reconociendo que la “reparación histórica” de los jubilados fue un fracaso para terminar con el tema, en contra de lo que había prometido cuando se aprobó la ley. “En el mismo sentido, el aludido desorden confunde al ciudadano y crea dudas, cuando no desaliento, respecto a si los derechos a la cobertura social serán respetados y podrá tener, cuando lo precise, las prestaciones correspondientes”, agrega. “La mencionada incertidumbre es una de las principales aliadas de la informalidad laboral, es decir de la evasión y su expresión atenuada pero muy difundida, la elusión”, completa, atribuyendo el trabajo no registrado al actual sistema de seguridad social y no al resto de la política económica y a la falta de controles estatales a los abusos empresarios, en una voltereta desopilante. “El escenario trazado torna necesario proceder a ordenar el plexo legal vigente y debe iniciarse la tarea por lo más importante, es decir, procediendo a dictar el Código de fondo que establezca con claridad los riesgos a cubrir y contenga los principios generales y rectores de los derechos y obligaciones de todos y cada uno de los sujetos comprendidos y obligados, todo ello sin sustituir la legislación especial”, concluye. 

Por todo ello, la cartera laboral le dio un plazo de 180 días a una comisión que ya venía trabajando informalmente desde mediados del año pasado para redactar la reforma previsional y el nuevo Código de la Seguridad Social. Participan especialistas del mundo empresario y sindical, aunque estos últimos sospechan que en realidad el proyecto ya está escrito hace tiempo y que el funcionamiento del cuerpo solo busca darle cobertura política. Lo que dejó trascender hasta ahora el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, en las reuniones de la comisión es que se avanzará con un esquema de tres pilares en el área de jubilaciones:

  •  La continuidad del régimen de reparto tal como existe hasta ahora.
  •  El otorgamiento de una pensión por vejez a los 65 años, tanto para hombres como para mujeres, que será del 80 por ciento de la jubilación mínima, para quienes no consigan completar los treinta años de aportes obligatorios para obtener una jubilación formal.
  •  La creación de un sistema de capitalización voluntario, con participación del Estado y de empresas privadas, al que podrán aportar quienes quieran ahorrar para su vejez.

La propuesta perfila la cristalización en la tercera edad de ciudadanos de primera y de segunda, estos últimos ya sin chance de acceder a la jubilación y sus familiares a la pensión por fallecimiento del titular. Para las mujeres, además, significa un aumento de cinco años de la edad en la que podrían obtener ingresos si no reúnen los treinta años de aportes, cerrando la puerta a las moratorias que durante el kirchnerismo les permitieron a más de dos millones llegar a la jubilación. El proyecto también le da la oportunidad al sistema financiero de hacer grandes negocios con los aportantes voluntarios, en una reedición de las AFJP, aunque esta vez pensada para los sectores sociales de mayores ingresos. 

Santángelo afirma que el sistema jubilatorio está quebrado, aunque no sea cierto. Lo que sigue, si el Gobierno obtiene aire suficiente en las elecciones de octubre, es un plan de ajuste con tarifazos, apriete fiscal a las provincias y, una vez más, castigos para los trabajadores informales al momento de la vejez, con menos derechos que los demás, como si fuera su responsabilidad no haber completado los aportes. La informalidad laboral abarca a un tercio de los trabajadores. A mediano plazo, significa un recorte de gastos gigantesco para el Estado. Esa es la “sustentabilidad” en la que piensa Cambiemos, cerrar las cuentas con millones afuera.