Ayer se realizó la audiencia pública no vinculante para la readecuación de las tarifas en el servicio de energía eléctrica en la provincia de Salta, solicitada por la empresa prestataria Edesa SA, y aceptada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia (Enresp). 

Edesa pidió formalmente un incremento del 35,4%, pero durante las exposiciones la mayoría se manifestó en rechazo a cualquier tipo de aumento y además solicitó se apliquen tarifas diferenciadas de acuerdo a las localidades, y que se hagan mayores inversiones para mejorar el servicio. 

La persona encargada de abrir la audiencia a las 8:30, fue el gerente de Administración de Edesa, Jorge Salvano, que sostuvo que la empresa operó durante todo 2020 con costos valuados a marzo de 2019, generando un retraso en la actualización de 18 meses. El pedido de readecuación tarifaria está avalado por la resolución 160/06 del Enresp, que permite el pedido de un incremento, si la empresa constata que sufrió una suba real en sus costos, superior al 5%, producto de la inflación.

En ese sentido, se solicitó un incremento de la tarifa del 35,4%, "como resultado de la variación de costos verificada entre marzo de 2020 y junio de 2021”, aseguró Salvano. En la presentación brindó los ejemplos del aumento verificado en los postes de madera, que subieron un 129%; en los artículos de hormigón, con una variación del 73% y en los transformadores, que tuvieron una suba del 60%. 

“Como resultado de los costos y el incremento resultantes, se entiende que el 56,8% de los usuarios tendrían una variación de 9,75 pesos por día, y una diferencia total en el mes de 292 pesos, representado por ese 35,4%”, señaló Salvano. La empresa brinda asistencia a más de 360 mil usuarios en toda la provincia, y este año recibió 70.055 reclamos vinculados a cuestiones técnicas, y 7.260 reclamos relacionados al consumo, daños o facturación. 

Entre los expositores estuvo el diputado por Orán, Baltasar Lara Gros, quien fue el primero en pedir por una tarifa diferenciada en el cobro del servicio. Al igual que sucedió con la Ley Nacional 27.637, de Zonas Frías, que propone una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas; el legislador afirmó que lo mismo debe darse en las localidades que presentan altas temperaturas, principalmente en el verano. 

"En Orán sufrimos temperaturas muy elevadas", expresó, señalando que en los meses de diciembre, enero, y febrero, se alcanzan temperaturas en todo el norte salteño un 25% más cálidas, en relación a localidades del centro del país. 

Lo propuesto por Lara Gros fue acompañado por el legislador del mismo departamento, Martín Pérez, que aseguró que "las realidades no son las mismas (en las ciudades) en cuanto a la calidad del servicio y el ingreso económico de las personas". Además, cuestionó que más allá de la presentación de la empresa, no se tiene acceso a sus libros contables, y manifestó que "no es oportuno" el aumento. 

Por su parte, la Defensora de la Competencia, Liliana Mussa, la última en exponer, reiteró el pedido por la tarifa diferenciada para el norte salteño, debido a los constantes cortes y el servicio de mala calidad. Solicitó también que el gobierno provincial ponga en su agenda, la problemática de la pobreza energética. "El acceso a los servicios públicos, son derechos humanos, y no son mercancía", expresó. 

Mientras que la concejala por Metán, Nancy Figueroa, acompañó el pedido de la diferenciación. Y sumó a esta distinción, a los comercios salteños que cuentan con "altísimas" tarifas de luz, "lo que termina incidiendo en sus ventas". "No corresponde tal importe" porque es "muy excesivo y no tiene en cuenta a los comerciantes", subrayó. 

Otra postura, llegó de la mano de Miriam Mabel Perini, de Rosario de Lerma, que en representación de las víctimas de violencia de género, pidió que la empresa tenga en cuenta los hogares que sólo cuentan con mujeres a cargo, que según datos oficiales, son las más explotadas laboralmente. "Una mujer que está sola, no puede hacer frente a los aumentos exagerados que quiere poner esta empresa", advirtió. 

En relación a Rosario de Lerma, cuestionó la baja de tensión y señaló que no existe una matriz energética que permita mover al menos a una pequeña empresa. En el mismo sentido, habló Paola Pinto, de Embarcación, que afirmó estar cansada de realizar reclamos en todas sus formas, (web, teléfonica o presencial), y no encontrar una solución a las peticiones. "No podemos tener nada que nos permita una mejor calidad de vida" porque "no se puede tener muchos artefactos conectados ya que la tensión no da abasto", denunció.

¿Y las inversiones?

Un punto central, y que fue retomado en casi todas las intervenciones, tuvo que ver con el monto en las inversiones que la empresa aseguró tener desde enero hasta agosto de este año, y que fue de $1.216.488.390. Según Edesa, ese monto fue distribuido en la renovación de redes; la expansión del sistema existente; en tecnología informática; y en nuevos suministros, que permitió la incorporación de más de 9 mil usuarios.

Salvano señaló que las inversiones en el sistema eléctrico se desarrollaron en las localidades como Aguaray, Aguas Blancas, Cachi, Cachi, Campichuelo, Colonia Santa Rosa, El Galpón, Embaracación, Joaquín V. González, Metán, Orán y Tartagal.

El Defensor de los Usuarios, José Ignacio Lazarte, pidió que se corroboren con facturas o inspecciones de las obras, para "ver con claridad dónde fueron destinadas esas inversiones", más aún cuando la empresa sostuvo que fueron desarrolladas en distintos puntos de la provincia. "No se puede visualizar con certeza este tipo de inversiones y acciones que lleva adelante la propia empresa", denunció

Mientras que la diputada por Orán, Patricia Hucena, afirmó que la empresa traslada ciertos costos, como el de mantenimiento, a los usuarios, siendo que estos "deben ser asumidos por la empresa". Pidió también saber en qué fecha se hicieron las inversiones, a cuántos usuarios se benefició y cuántos de ellos tramitaron la tarifa social.

Por ello, pidió que en el plan de inversión de la empresa, se deje en claro a qué tipos de obras se refieren, y sobre todo, saber cómo mejorarán el servicio. "Quiero dejar expresa mi postura de que no estoy de acuerdo con lo pedido por la empresa", señaló la legisladora, que deslizó además, que no se respeta la Ley Nacional N° 27.275, del Derecho al Acceso a la Información Pública.

La intervención de la legisladora fue cruzada por el presidente del Enresp, Carlos "Uluncha" Saravia, quien afirmó que dicha ley se cumple, y que para eso, estuvo disponible los días previos a la audiencia, el expediente donde figura lo consultado por la diputada. Informó que el expediente sólo fue solicitado por 14 de los 54 inscriptos. Le recordó también a Hucena, que se inscribió fuera de término.

En tanto, el representante de la Cámara de Comercio e Industria, Andrés Maidana, dijo que de otorgarse un ajuste tarifario, debe darse siempre y cuando se presente un plan de inversión. No sólo destacó la necesidad de incluir una tarifa diferenciada, sino que también solicitó que se incluya un plan que permita la realización de obras necesarias para mejorar la calidad del servicio.

Del lado de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia, habló Silvina Gallardo, quien señaló que es necesario que se discuta sobre cómo está siendo el servicio, que fue denunciado como deficitario ante el mismo organismo, el Enresp, Edesa, en distintas asociaciones de consumidores y en la Justicia. Pidió también que se informe sobre el cronograma de obras que tiene la empresa para saber si se han concluido conforme a lo aprobado en incrementos anteriores. 

"Es deficitario, demasiado caro e injusto"

Otra de las exposiciones, la dio el diputado electo por el departamento San Martín, Jorge Restom, que aseguró que las tarifas abonadas en la provincia, son similares a las que se pagan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En este sentido, indicó que los ingresos económicos que perciben las personas que viven en el norte salteño, en nada se acercan a los sueldos de CABA; calificando además, de un mal servicio prestado por la empresa. 

La exposición fue acompañanda por el oranense Carlos Manzur, quien aseguró que la misma situación se vive en su departamento. "El servicio es deficitario, demasiado caro e injusto", lo calificó. Y sostuvo que se suma una falta de inversión en casi todo el norte salteño, lo que impide tener un servicio de calidad. 

"La energía eléctrica es sinónimo de desarrollo y a medida que la gente puede adquirir un nuevo electrodoméstico, la empresa no invierte", precisó, cuestionando las bajas de tensión y cortes que se viven permanentemente en su localidad. Indicó además, que la empresa debe facturar de acuerdo al servicio en cada localidad y no de manera general.

A modo de ejemplo, comparó el alumbrado público que existe en la capital salteña, con el que está al interior de su departamento, donde hay parajes que "tienen un foco por cuadra". Agregó además, la situación económica y social que se incrementó con la pandemia, lo que demuestra que "no es el momento para realizar un aumento". 

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Federico Nuñez, hizo hincapié en las complejidades laborales de las personas salteñas; sabiendo además que existen usuarios que deben pagar boletas de más de $3 mil, cuando perciben ingresos mensuales menores a $30 mil.

En ese sentido, dijo que "es fundamental avanzar en un aumento de servicios de subsidios", indicando que se debe tener en cuenta la calidad del servicio, su lugar de residencia y los ingresos de las familiares. "No debe aceptarse un aumento de la prestación", que no esté relacionado con las economías familiares.