El asesinato de Nahuel Vilte, cometido el domingo a la madrugada en medio de una discusión entre puesteros en la zona del Parque San Martín, abrió nuevamente el debate sobre cómo resolver la creciente ocupación de trabajadores ambulantes en todas las áreas céntricas o con mayor afluencia de público de la ciudad. 

A eso se suma la denuncia que realizó la intendenta, Bettina Romero, ante la fiscalía de turno para que se investigue la presencia de mafias que manejarían grupos de vendedores y espacios públicos, incluso mediante el uso de la violencia.

Tras la decisión municipal de revocar los permisos del sector donde ocurrió el homicidio, y realizar un profundo operativo junto con la Policía para despejar todos los puestos en la zona y decomisar mercadería que no estuviese en regla o con los permisos correspondientes, ayer por la mañana un grupo de feriantes se acercó al Centro Cívico Municipal a manifestar su disgusto pidiendo volver a trabajar pero con mayor control.

La secretaria de Gobierno, Frida Fonseca, recibió a seis de sus referentes y les comunicó que el Parque San Martín no es una opción para la ocupación de ferias, puestos y venta ambulante, mucho menos después de lo sucedido. Entre las opciones que se barajaron para trasladarlos hacia otro lugar, se mencionaron zonas cercanas al estadio Delmi. Algo que los puesteros rechazaron por la falta de concurrencia de compradores.

Otra de las alternativas sería regresar al Parque pero en un horario más reducido, solo de jueves a domingos y con estrictos controles, en donde solo podrían trabajar quienes tienen los permisos municipales. Por esto, ya comenzaron a anotarse algunos de los que primeros consiguieron la ordenanza municipal para instalar las ya conocidas casillas del lugar en el pasaje Beltrán. Son los que venían denunciando con notas al municipio que el Parque era tierra de nadie y que todo podía terminar como finalmente ocurrió por la presencia de mafias y la superpoblación de puesteros los fines de semana y feriados.

A los reclamos de los feriantes y puesteros se sumaron los manteros, el secretario regional de SIVARA (Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina), Jorge Pampero, se opuso a la erradicación de los vendedores ambulantes “si no se da una solución laboral de parte del municipio o del gobierno provincial”. Reclamó que el Estado ya los excluyó del sistema y no los tuvo en cuenta “y ahora nos sigue expulsando de los lugares en donde podemos conseguir algo para vivir”.

Con respecto a la muerte de Nahuel Vilte, consideró que es culpa de la mala organización de quienes tienen que regular al sector, “desde la policía hasta control municipal, en donde hay muchos ñoquis y nadie trabaja”. A la vez que aseveró que existen mafias en el sector, “como hay en todos lados y se tiene que descubrirlas, pero hay que ver si quieren”.

Por último, contó que en estos días se reunirán con Frida Fonseca para avanzar con la relocalización de algunos manteros en el subsuelo del Mercado San Miguel, pero exigirán mejores condiciones, porque “ese lugar primero tiene que ser habilitado por Bomberos o vamos a sufrir un Cromagnon dos”, expresó.

El secretario de Servicios Públicos y Ambiente municipal, Federico Casas, reconoció ante Salta/12 que es el municipio, a través del Área de Control Comercial,  el encargado de controlar esas actividades, y que “algunas estaban permitidas, pero otras no”. E hizo hincapié en que había sectores habilitados por ordenanzas del Concejo Deliberante, como el ubicado detrás del pasaje Beltrán, y que allí se controla a cada uno de los comerciantes para que cumplan con los requerimientos específicos.

Pero desligó responsabilidades al afirmar que durante los fines de semana se instalan muchas más personas que las autorizadas y que el personal municipal muchas veces sufre situaciones de violencia cuando intentan desalojarlos, y luego aclaró que hasta allí llega su ámbito de competencia, ya que para el secretario, “el tema de las organizaciones clandestinas, paralelas y de extorsiones escapa a nuestro ámbito y tiene que intervenir la fuerza correspondiente”, dijo, recordando que los inspectores no tienen poder de policía, ni tampoco para investigar los entramados mafiosos.

A los dichos del funcionario municipal, se suman los de los familiares de Nahuel Vilte, que manifestaron que no había policías en el Parque San Martín y que durante toda la jornada del sábado denunciaron aprietes por parte de un grupo de puesteros que supuestamente maneja la zona, que incluyeron llamados al 911 sin éxito. 

Y las críticas se acrecentaron por la inacción de las fuerzas durante la tarde del domingo, cuando un grupo de puesteros allegados a la familia del joven asesinado comenzó a quemar algunos locales señalados como de propiedad del supuesto asesino.

En diálogo con medios radiales el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, devolvió las acusaciones a la municipalidad al indicar que el control y habilitación de los puestos de venta en la vía pública es responsabilidad de la comuna “y estas, como tantas contravenciones, son el origen de todos los problemas” y que terminan en delitos “y el ejemplo es la muerte de Nahuel lamentablemente, que se inició con una contravención de una instalación de puestos de forma ilegal en la vía pública”.

Pulleiro redobló la apuesta al parafrasear al procurador Abel Cornejo en cuanto a que el derecho contravencional no existe en Salta “doy fe, vivimos trabajando y haciendo procedimientos con la policía”, sostuvo el ministro, y detalló que hay un solo fiscal contravencional del distrito central y el 83% de las causas prescriben.

Por último, informó que tras hablar con la secretaria de Gobierno, Frida Fonseca, se analizó la posibilidad de un cerrado perimetral del Parque San Martín con rejas.

El Concejo en la mira

El Concejo Deliberante capitalino no quedó exento de cargos y culpas. Federico Casas también apuntó a las numerosas ordenanzas que existen y que a veces se contradicen entre sí e incluso “tienen zonas grises que se deben aclarar" y para eso, adelantó que en esta semana avanzarán con un proyecto específico para el Parque “y contar con las herramientas legales para aplicar el ordenamiento buscado”.

La concejala Susana Pontussi, quien preside la comisión de Servicios Públicos, coincidió con el funcionario y dijo a este medio que esperan poder contar con las propuestas del Ejecutivo para analizarlas “unificar y ordenar la cantidad de normativa que habilita ferias y espacios de venta ambulante”.

La edil recordó que el año pasado ella presentó un proyecto para comenzar a regularizar la situación de los feriantes del Parque San Martín en el Paseo de Las Flores “donde actualmente están instalados los puestos”, para que se respete la Carta Orgánica municipal y se entreguen esos espacios por licitación, “y de esa manera que paguen el canon correspondiente por la construcción del local y demás”.

Pero acentuó que se debe comenzar a recuperar todos los espacios públicos ocupados con más firmeza desde todos los sectores, “todos tenemos que hacer mea culpa y dejar de hacer demagogia para resolver estos problemas”. Por lo que para ella no son solo municipio y provincia, sino que Nación también debe involucrarse a través de Migraciones y AFIP “para controlar de dónde viene la mercadería”.

Pontussi también reconoció que el municipio avanzó en la mejora de las ferias barriales con instalaciones de baños e infraestructura, “eso está reglamentado, pero el tema es que los feriantes no quieren estar ahí porque no se vende tanto ya que no pasa tanta gente”. “Pero tampoco podemos permitir que se desborde y se desmadre como se está desmadrando, porque el negocio formal es el que se perjudica”, añadió.

El concejal Santiago Alurralde fue un poco más fuerte y cuestionó a la municipalidad por cobrar a los comerciantes una tasa como la de inspección, seguridad, salubridad e higiene, “que no se devuelve a los vecinos como debería hacerlo”. Y afirmó que no hay inspectores ni recursos humanos para controlar los espacios públicos.

Paula Benavidez ratificó que “hay una deuda legislativa desde el Concejo”, pero subrayó el mal manejo por parte del Ejecutivo, al que le pidió que “no se lave las manos cuando es su facultad regular estas ferias”.

Una menor imputada

Con respecto a la investigación por el asesinato de Nahuel Vilte, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, decidió imputar a Rafael Falcón Barreto, el joven de 22 años, apuntado como el autor de los delitos de homicidio simple “agravado por la participación de un menor en perjuicio de Axel Nahuel Vilte Martínez, en concurso real con el delito lesiones leves en perjuicio de una hermana del fallecido”.

Esa menor de edad imputada, también como autora del delito de homicidio simple, tiene 17 años, y se la detectó a través de las cámaras de seguridad y de los testimonios recogidos como que fue quien golpeó al fallecido por la espalda con un elemento contundente que extrajo de una camioneta.

Falcón Barreto está acusado de lesionar a una hermana de Vilte en el rostro y luego, de herir mortalmente al joven de 21 años en la zona del cuello con un cuchillo. Flores solicitó al Juzgado de Menores interviniente que se mantenga la detención de la menor, y al Juzgado de Garantías 6, la prisión preventiva del mayor mientras continúan con las averiguaciones para esclarecer el hecho.

Mientras que el ministro Pulleiro contó en FM Aries que los señalados por cobrar “derechos de piso” en el Parque, y supuestamente empleadores de Falcón, Javier Ponce y María Alejandra Quinteros, son buscados por la fiscalía pero aún sin pedido de captura, y reconoció que no saben dónde están.