La jueza María Eugenia Capuchetti bajó al subsuelo del monumental edificio conocido como Pasaje Barolo. Allí, en estantes bastante organizados y con buen nivel de limpieza, se apila una cantidad descomunal de documentos secretos de la SIDE sobre la investigación del atentado contra la AMIA. Es muy posible que la magistrada, para sus adentros, se haya preguntado: "¿cómo es el que fiscal Sebastián Basso me pide el sobreseimiento de los sospechosos sin que se termine de analizar toda esta documentación?”. Los familiares de las víctimas del atentado, en especial los agrupados en APEMIA, que lidera Laura Ginzberg, le pidieron a la jueza que no sobresea a nadie hasta que no se termine el trabajo de los documentos secretos. También los agrupados en Memoria Activa dijeron ¿cómo puede el fiscal considerar que hubo una investigación exhaustiva si todo el proceso estuvo lleno de maniobras y pistas falsas?, Finalmente Capuchetti les dio la razón a los familiares: rechazó los sobreseimientos y ordenó que, de una vez por todas, la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA), a cargo de Basso, termine con la elemental tarea de revisar los archivos de la exSIDE. En paralelo, el ministro de Justicia, Martín Soria, prepara el reflotamiento de la Unidad AMIA de esa cartera, organismo que asistía, desde el Ejecutivo, la investigación. El macrismo cerró esa unidad tras la renuncia de Mario Cimadevilla, integrante de Cambiemos, que denunció a Macri porque no se hacía nada y hasta lo acusó de encubrimiento de los autores del atentado.

El fiscal Basso, designado al frene de la UFI AMIA durante el gobierno de Mauricio Macri, se despachó sorpresivamente pidiendo que sean sobreseídos los pocos imputados relacionados con la llamada conexión local: Alberto Kanoore Edul, Nassib Haddad y otros. Por un lado, es cierto que ya transcurrieron más de 27 años del ataque contra la mutual judía, y que no se puede mantener sin resolver una acusación tan grave, durante tanto tiempo. Pero del otro lado, Basso pidió el sobreseimiento elogiando la investigación protagonizada esencialmente por Alberto Nisman, quien fue fiscal del caso AMIA durante los últimos ocho años de su vida. Los familiares de las víctimas le respondieron al fiscal con sendos escritos durísimos señalando que la investigación fue una sucesión de irregularidades, incluyendo --dice el texto de APEMIA-- “el pecado original de la acusación contra Hezbollah e Irán, que está resguardado en los papeles secretos de la SIDE”. En otros términos, que la imputación internacional también se elaboró en secreto, sobre la base de informes de servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. También Memoria Activa le contestó a Basso con dureza, sobre todo porque el fiscal elogió una investigación que fracasó en todos los terrenos: hasta hoy no se sabe, por ejemplo, de dónde salieron los explosivos, dónde se armó la camioneta-bomba, quién la estacionó en el parking de la Facultad de Medicina 72 horas antes del atentado; quién retiró la camioneta y la incrustó contra el edificio de Pasteur 633.

Resultó curioso que la DAIA no saliera a la cancha respecto del pedido de los sobreseimientos. El efecto del escrito de Basso era el siguiente: quedaba en la nada la llamada conexión local y sólo se dejaba en pie la acusación contra Irán. O sea que se bendecía la investigación del juez original, Juan José Galeano, los fiscales, incluyendo Nisman, todos ellos respaldados desde el día uno por las sucesivas conducciones de la DAIA y, al mismo tiempo, se mantenía el esquema geopolítico de acusación contra Irán, esencialmente basado en los documentos de inteligencia.

Finalmente, la jueza Capuchetti rechazó el pedido del fiscal Basso y de alguna manera le dijo a la UFI AMIA que tienen la obligación de terminar el análisis de los documentos de la exSIDE. Más aún teniendo en cuenta que es una de las fiscalías con más personal, mayores sueldos y más presupuesto del país. Tras la decisión de la jueza, el turno es ahora de su par Daniel Rafecas que desde hace una semana subroga el juzgado federal 6, el que tiene el caso AMIA y estaba a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, que se jubiló.

Mientras tanto, el ministro Soria prepara el relanzamiento de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Creada por Néstor y Cristina Kirchner, en distintos momentos estuvo a cargo de Nilda Garré o de Alejandro Rúa o Juan Martín Mena, siendo una oficina de asistencia al juzgado y la fiscalía, lo encargados de la investigación. La Unidad AMIA, que por los trascendidos va a estar a cargo de una mujer, se ocuparía de terminar las reformas y asegurarse que todas las dependencias del Poder Ejecutivo colaboren en aportar la documentación existente. Por ejemplo, según parece, en la Agencia Federal de Inteligencia apareció un enorme galpón, cerrado, con cajas y cajas de la Dirección de Contrainteligencia y que tienen el rótulo AMIA.

En cualquier caso, el foco estará puesto ahora en terminar con la digitalización y análisis de los archivos de los servicios de inteligencia. Los familiares de las víctimas son muy críticos de Basso, que no produce informes ni muestra actividad. Está en su puesto por designación del procurador Eduardo Casal y del gobierno de Juntos por el Cambio, que desplazaron un buen equipo de fiscales nombrado en su momento por Alejandra Gils Carbó y que avanzó en casi todos los terrenos, consolidando algunas pistas y desechando otras. Se sumará la nueva Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, reformulada tras los escándalos denunciados por el radical Cimadevilla, quien apuntó contra Macri y otros miembros de la alianza que él mismo integraba. 

Nada parece sencillo después de 27 años, pero el estado argentino tiene una gigantesca deuda con los familiares y con la sociedad toda.