El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó en un dictamen histórico que Paraguay violó los derechos de una comunidad indígena al no prevenir la contaminación de las tierras ancestrales que habita por el uso intensivo de plaguicidas de empresas agrícolas. "Esa fumigación ha matado los animales de cría de la comunidad indígena y afectado sus cultivo s de subsistencia y árboles frutales, asi como recursos de la caza, pesca y recolección", indica la resolución.
La entidad de Naciones Unidas calificó el dictamen como histórico porque es el primero que establece que, en el caso de pueblos indígenas, la noción de "domicilio" debe entenderse como "la relación especial que mantienen con sus territorios, incluyendo sus animales de cría, cultivos, y su forma de vida relacionada con la caza, recolección y pesca".
Una de las integrantes del comité de Naciones Unidas, Hélène Tigroudja, hizo hincapié en que "para los pueblos indígenas, sus tierras representan su hogar, cultura y comunidad". Por este motivo, "los graves daños ambientales tienen impactos en la vida familiar, la tradición y la identidad de los pueblos indígenas, e incluso conducen a la desaparición de su comunidad". En definitiva, según Tigroudja, la situación "daña drásticamente la supervivencia cultural del grupo en su conjunto".
El caso de la comunidad indígena de Campo Agua’ẽ
El dictamen del Comité responde a una denuncia presentada por un líder indígena y un maestro de la escuela comunitaria, en nombre de los 201 integrantes de la comunidad indígena Campo Agua’ẽ, del Pueblo Ava Guaraní. La comunidad, situada en el departamento de Canindeyú, vive en una zona rodeada de grandes empresas agrícolas que fumigan para producir soja genéticamente modificada.
Estas compañías han fumigado sus cultivos durante más de diez años con agroquímicos prohibidos, lo que causó la muerte del ganado de los indígenas, afectó a sus cultivos y frutales y dañó su salud. El daño medioambiental también causó la desaparición de recursos naturales necesarios para la caza, la pesca, la recolección en el bosque o incluso prácticas tradicionales de la cultura guaraní, daños que llevaron a algunas familias a emigrar de la zona.
La comunidad indígena presentó denuncias ante la justicia paraguaya sin obtener resultados antes de llevar el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. "Dicha omisión en su deber de proteger permitió que prosiguieran por muchos años las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna, destruyendo elementos constitutivos de la vida privada, familiar y domicilio de la comunidad indígena afectada", advierte el dictamen.
El comité de la ONU concluye que Paraguay "violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras causada por el uso intensivo de plaguicidas por empresas agrícolas vecinas".
Por último, recomienda al Estado paraguayo que indemnice integralmente a las víctimas por el daño sufrido, "tome todas las medidas que sean necesarias para reparar la degradación ambiental" y "adopte medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro".
