La Corte Suprema volverá a analizar el beneficio del 2x1 a la luz de la nueva ley votada esta semana, que excluye de su aplicación a los acusados por delitos de lesa humanidad. En un escueto comunicado difundido ayer, el tribunal anunció que los expedientes de ese tipo que están bajo su órbita, que son por lo menos quince, tendrán un nuevo trámite, casi desde cero: notificarán a las partes (las defensas de los represores, las querellas y el ministerio Público Fiscal) para que emitan opinión, teniendo en cuenta la norma que entró en vigencia, y luego resolverán. Fue tan contundente y generalizado el rechazo al fallo que benefició al represor Luis Muiña con la reducción de la pena, fue tan fuerte el golpe para la credibilidad y el prestigio de la Corte, y tan contundente el repudio de otros tribunales inferiores que no sería descabellado que revise su postura con la excusa del cambio normativo.

Es de rigor que si entra en vigencia una nueva ley que puede impactar sobre expedientes en trámite, la Corte Suprema les de intervención a las partes del caso para que opinen en función del nuevo escenario. Pasó, históricamente, con normas referidas a reclamos, por ejemplo, sobre jubilaciones. Lo que no es tan frecuente es que el tribunal emita un comunicado que anuncie es paso, que es parte de la maquinaria judicial obligada.  Esta vez, ante las preguntas insistentes sobre la posibilidad de que los jueces supremos reformulen su postura sobre la aplicación del “2 x 1” en causas de lesa humanidad, el tribunal informó: “En los casos que aún se encuentran en trámite ante la Corte Suprema, en los que se discute la aplicación del cómputo de prisión preventiva denominado “2 x 1” –previsto en el artículo 7° de la ley 24.390– en cuanto a delitos de lesa humanidad se instruyó a la secretaría del Tribunal para que reúna los expedientes. Se informa que, en la semana próxima y por disposición de la Secretaría, como corresponde legalmente y es habitual, se procederá a correr vista a las partes, por el plazo de diez días, para que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362” (la nueva).

A comienzos de la semana, cuando ya era evidente el repudio amplio al fallo y la movilización a Plaza de Mayo que se avecinaba, los jueces analizaron la posibilidad de firmar una “aclaratoria” con un guiño al Congreso. Pero en ese momento, mientras discutían en su plenario habitual de los martes, la Cámara de Diputados ya se preparaba para una sesión especial.  A esa altura, además, se acumulaban dictámenes de fiscales y sentencias que se opusieron abiertamente, y con argumentos jurídicos, a la decisión de la Corte. La mayoría de los pronunciamientos de tribunales inferiores contrarían el criterio del máximo tribunal, algunos con declaraciones de inconstitucionalidad del “dos por uno” y algunos planteando que la decisión suprema es prácticamente una amnistía.  

Para ordenar los pasos a seguir, los supremos pidieron que la secretaría penal relevara cuántos y qué planteos del mismo tipo, con pedidos de 2x1 de acusados de lesa humanidad, esperan resolución en la Corte. La sorpresa fue que los expedientes no se encontraban en esa  secretaría, sino que estaban todos en el despacho de uno de los supremos, Carlos Rosenkrantz.  Es el juez que, de hecho, impulsó la idea de abandonar el criterio que hasta entonces utilizaba el tribunal: cada vez que aparecía un condenado por crímenes de lesa humanidad y reclamaba el  2x1 la Corte rechazaba los pedidos con una fórmula llamada “280”, el número el artículo del Código Procesal civil que le facilita a los jueces resolver sin dar fundamentos.  Pero Rosenkrantz dijo que quería argumentar, y se sumaron (tras dos meses de idas y vueltas) en el mismo sentido Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Ricardo Lorenzetti, presidente supremo, tampoco frenó la firma del fallo con su facultad de manejar la agenda del tribunal. Pero ya no es tan grande su incidencia y, en todo caso, en este caso dejar hacer pondría en evidencia la postura de sus colegas y podría mejorar su situación interna, debilitada. Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en minoría, explicando que la ley que se aplica es la última vigente y que los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni indultables.

Cuando ahora les “corran vista” a los abogados de los represores, las querellas y fiscalía, nada será sencillo. Seguro que se renovará la discusión. Es cantado que los defensores de los condenados planteen la inconstitucionalidad de la ley votada esta semana en el Congreso que limita los alcances de la ley del 2x1. Esta semana, además, algunos expedientes donde ese discute la ley penal más benigna en casos de apropiación de hijos de desaparecidos se estuvieron moviendo por las vocalías de los jueces (lo que se puede ver en el sistema que muestra por donde va pasando cada expediente). Es evidente que los jueces supremos están buscando una vuelta sobre lo que sostuvieron. Es improbable que haya grandes novedades la semana próxima, ya que Lorenzetti y Highton estarán de viaje. Además, lleva tiempo que todas las partes opinen. La realidad es que todo esto es parte de un movimiento en el cual, aunque sea a regañadientes, los cortesanos reevalúan sus argumentos y deberán decir tarde o temprano si acatan o no la ley que votó por unanimidad (con excepción de un solo diputado) el Congreso.