Rubén Bufano y Arturo Ricardo Silzle eran dos integrantes del Batallón de Inteligencia 601 que, en la segunda mitad de la dictadura, empezaron a dedicarse a secuestros extorsivos de empresarios a los que señalaban como parte de la “subversión económica”. Absueltos inicialmente en un juicio que se llevó adelante en 2015, el juez federal Sebastián Casanello volvió a procesarlos el mes pasado y su decisión fue confirmada en las últimas horas por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, por lo que los dos espías pronto empezarán su camino hacia el juicio oral.

Bufano solía moverse con documentos que llevaban otro nombre. Era Mariano Mendoza, una de las identidades que había asumido cuando entró al Batallón de Inteligencia 601 en 1979. Su ingreso al ejército había ocurrido dos años antes y, desde entonces, se había dedicado a perfeccionarse en el espionaje. Bufano no se quedó quieto en el edificio de Viamonte y Callao, sede del aparato de inteligencia del Ejército, dedicado a centralizar la información que se obtenía en la tortura en los centros clandestinos y en procurar nuevos blancos. Viajó en misiones secretas a Chile y a Brasil en los años de apogeo del Plan Cóndor, y después se vio involucrado en la trama de secuestros extorsivos sobre financistas En esas tareas conoció a Silzle, que, en en el 601, se llamaba Ángel Rubén Sarriez.

Casanello procesó a los dos espías por el secuestro de Alberto Martínez Blanco y de su cuñado Ricardo Tomasevich. Martínez Blanco era accionista entonces de las firmas Alpe SA y de Agencia de Cambios; Tomasevich, de Puente Hermanos SA. Los dos iban a bordo de un Ford Fairlane el 19 de septiembre de 1980. Estaban a una cuadra de la quinta presidencial de Olivos cuando les cruzaron un Ford Falcon. Bajaron unos cinco o seis hombres y los subieron a cada uno de ellos a un auto distinto. Pusieron las sirenas y los condujeron hasta una casa donde los tendrían atados, con los ojos vendados y serían torturados con picana eléctrica --como hacían en los centros clandestinos--.

A Martínez Blanco lo liberaron frente al estadio Monumental para que se ocupara de reunir los más de 600.000 dólares que reclamaban para liberar a Tomasevich. La banda fue dejando mensajes en latas de cerveza, lo que sería un modus operandi de las bandas de servicios y policías en las postrimerías de la dictadura, y el pago finalmente se realizó en la estación Rivadavia del tren Mitre. A Tomasevich lo liberaron a las horas cerca de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que aún funcionaba como campo de concentración.

La banda dio el que sería el golpe final al año siguiente, cuando secuestraron al banquero Carlos David Koldobsky. Al dueño de Cambio América ya lo habían raptado en 1979 y volvieron a hacerlo el 19 de febrero de 1981 cuando iba en taxi por Avenida Las Heras. Antes de llegar a República de la India, le cruzaron un Falcon y se lo llevaron. El 1 de marzo, la familia recibió una carta. La instrucción que daban los secuestradores era que la esposa debía viajar a Europa a pagar el rescate.

En Suiza fueron finalmente detenidos Leandro Ángel Sánchez Reisse, Luis Alberto Martínez y Bufano. A Silzle lo arrestaron en 1985 en Buenos Aires. Mientras estaban presos en Europa, Sánchez Reisse y Bufano accedieron a entrevistarse con el periodista Juan Gasparini --sobreviviente de la ESMA--. Luego publicó el libro La pista Suiza. En esas conversaciones, Sánchez Reisse le habló de una reunión que había sido convocada por Raúl Gatica y otros agentes del 601 en la que se explicitó la decisión de aniquilar la “subversión económica”. En el encuentro estuvo Raúl Guglielminetti, a quien Sánchez Reisse mencionaba como el “Mayor Guastavino”. Actualmente está en juicio en la causa Chavanne-Grassi por el secuestro de empresarios. También participó el “Japonés” Martínez, que era la pata de la Policía Federal Argentina (PFA) en la banda de los secuestradores del 601.

Durante la instrucción de la causa, el fiscal Franco Picardi recopiló testimonios de exintegrantes del área de Defraudaciones y Estafas de la PFA que se dedicaron a investigar lo que llamaban como “bandas mixtas” por la presencia de efectivos de las fuerzas o de los servicios. Sin embargo, la trama que tiene a Silzle y a Bufano como protagonistas es parte de unas aristas de la represión y de cómo se fondearon las actividades ilegales. Según los investigadores de la PFA, se registraron en la etapa al menos catorce casos similares.

“Estos indicios-- como se ve-- otorgan un respaldo adicional a las sospechas que ya se tenían sobre la intervención de los imputados en los hechos por este caso, las referencias unívocas y coincidentes con la forma de operar en otros supuestos análogos, ejecutados en igual época, con igual finalidad y con igual contexto que facilitó las maniobras”, escribieron Irurzun y Farah.

El dúo junto con Sánchez Reisse fue juzgado en 2015 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, que decidió por mayoría absolverlos --con la disidencia de la jueza María Roqueta--. La Sala II de la Cámara Federal de Casación le dio la razón a Roqueta y, a fines de abril, la Corte respaldó la decisión del máximo tribunal penal. Sin más suerte, pronto los secuestradores del 601 deberán volver a sentarse en el banquillo. Sánchez Reisse murió antes.