La oposición chilena presentó este miércoles en la Cámara de Diputados una acusación constitucional para destituir al presidente Sebastián Piñera luego de las supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero reveladas por los Pandora Papers. Parlamentarios de todos los partidos opositores, desde los comunistas hasta los democristianos, quienes rara vez se ponen de acuerdo, culpan al mandatario de haber faltado al principio de "probidad" y "comprometer gravemente el honor de la nación". Los diputados mostraron su confianza en que la iniciativa pueda ser tratada y votada en la primera semana de noviembre, y de ser aprobada pasará luego al Senado.
El gobierno chileno salió a defenderse responsabilizando a la oposición de presentar "una acusación sin fundamento jurídico" que solo busca sacar rédito político de cara a los comicios presidenciales del próximo mes. Esta acusación constitucional se suma a una investigación penal abierta días atrás por la Fiscalía por la misma operación: la millonaria venta en 2010 de Minera Dominga, hasta entonces propiedad de la familia Piñera, a uno de sus amigos íntimos a través de un paraíso fiscal en Islas Vírgenes.
Los motivos de la acusación a Piñera
"Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación", anunció el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras. Para Tomás Hirsch, diputado de Acción Humanista, la acusación constitucional "marca un hito histórico" en Chile y fue presentada por "la oposición completa y con todos los antecedentes en la mano".
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado. Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, cifra que no se alcanzará sólo con los votos de la oposición.
Si bien el oficialismo aparece fragmentado e inmerso en la campaña con vistas a las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre, sus principales figuras han cerrado filas en defensa del mandatario, con lo cual es poco probable que la acusación llegue a buen puerto. Las fisuras, sin embargo, están empezando a aparecer entre varios diputados oficialistas que se han declarado "en reflexión".
La defensa de los leales
El gobierno de Chile salió a decir este miércoles que la acusación constitucional presentada por la oposición no tiene fundamento jurídico. "No habíamos visto en la historia de Chile una premura, una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional", afirmó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.
"Lo importante era presentarla para que se vote antes de las elecciones" de noviembre, advirtió Ossa, cuyo ministerio se dedica a las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento. En la misma sintonía el vocero oficial, Jaime Bellolio, aseguró: "Estamos viendo lo peor de la política, pero eso no puede justificar hacer cualquier cosa con tal de ganar un par de votitos y así dañar la democracia, como pretenden algunos parlamentarios de ultraizquierda".
A fines de 2019, el presidente ya había sufrido un intento de acusación por la violenta represión de las masivas manifestaciones contra la desigualdad, pero la iniciativa no prosperó. Piñera es el segundo mandatario chileno que encara un proceso de destitución. El anterior fue Carlos Ibáñez del Campo en 1956, pero la causa fue desestimada.
Cohecho y delitos tributarios
Este juicio político se suma a la investigación abierta la semana pasada por la Fiscalía chilena por cohecho y delitos tributarios presuntamente cometidos por Piñera en la venta en 2010, en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, de una parte de sus acciones en el megaproyecto Minera Dominga. Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo y socio del presidente, por 152 millones de dólares.
El pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas". La protección ambiental, que finalmente no se decretó, dependía de Piñera, una de las principales fortunas del país y quien había asumido su primer mandato como presidente (2010-2014) apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está pendiente de recursos en la Corte Suprema.
En su defensa, Piñera asegura que no tuvo conocimiento de la venta de Minera Dominga porque puso sus activos bajo fideicomisos ciegos en 2009. Además, sostuvo que este tema es una "cosa juzgada", ya que los hechos "fueron investigados en profundidad" por la Fiscalía y sobreseídos por los tribunales en 2017. Sin embargo, la Fiscalía aclaró el viernes que no hay "cosa juzgada" porque esta venta no estuvo "expresamente" incluida en esa causa.
El proyecto minero, aprobado por un tribunal regional pero pendiente de recursos por la Corte Suprema, incluye la explotación de dos minas a cielo abierto en el desierto de Atacama, en la región de Coquimbo, a 500 kilómetros al norte de Santiago. También contempla la construcción de un puerto de carga de minerales cerca de un archipiélago donde existe una reserva nacional que contiene el 80 por ciento de la especie de pingüinos de Humboldt, además de otras especies protegidas.
