En dos reuniones cortas con los supermercados y productores de bienes de la canasta básica, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dispuso la instrumentación de un congelamiento de precios de más de 1247 productos por 90 días, que se aplicará retroactivo al 1 de octubre y durará hasta el próximo 7 de enero del año 2022. En paralelo, se les pidió a los fabricantes el envío de un listado de esos productos y sus respectivos precios. A partir de allí, todos aquellos valores que aumentaron tras el primer día de octubre, deberán volver a niveles previos.
La decisión, la primera del flamante secretario, es un gesto directo al sector privado, con el objetivo de cortar la fiebre de la canasta básica de alimentos, con la mira puesta en que en lo que queda del año el gasto de los hogares no supere el nivel de la recomposición salarial. Por medio de un comunicado, la cartera expuso que el objetivo de las reuniones fue "seguir trabajando en conjunto para generar un escenario de previsibilidad hacia fin de año, incentivar el mercado interno y preservar el salario de las y los argentinos".
En su debut, Feletti estuvo acompañado por Débora Giorgi, ex ministra de Industria de la Nación, que será subsecretaria del área, y Antonio Mezmezian, a cargo de la otra subsecretaría. Por el sector privado, participaron el titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja; Juan Vasco Martínez, director de la Asociación de Supermercados Unidos, que nuclea a Coto, Chango Más, Carrefour, Día, La Anónima y Disco Vea; y gerentes de las cadenas del Interior nucleadas en CAS y FASA. También representantes de Quilmes, Coca Cola, Unilever, Nestlé, Arcor, Cabrales, Sancor, Molinos, Queruclor, Mondelez, Fecovita, Peñaflor, La Virginia, Mastellone, Marolio y Johnson y Johnson, entre otros.
“Vemos con preocupación que desde diciembre de 2019, cuando asumió nuestro gobierno,
hasta ahora, el peso de la canasta básica alimentaria sobre el salario aumentó. Si uno toma el
caso de los trabajadores formales vemos que, para un adulto, la canasta básica alimentaria en
diciembre de 2019 era el 9 por ciento del salario promedio y en la última medición es el 11 por ciento”, explicó el secretario y dijo que ese indicador es el que se quiere disminuir en un marco de diálogo y
de acuerdo.
Según confiaron desde Comercio, la idea es iniciar el canal de comunicación con el sector y explicar los lineamientos con los que va a trabajar el equipo de la Secretaría en la nueva gestión. Feletti aseguró que se busca “sellar un acuerdo para darle consistencia a la política de ingresos del Gobierno Nacional y aumentar el poder de compra de las y los argentinos. Queremos compatibilizar sus márgenes de ganancia y planes de negocio con la expansión del consumo por cantidad y no por precios”. Además, el funcionario aseguró que “necesitamos parar la pelota para que los alimentos no sigan limando a los salarios”.
Los productos y los controles
Los 1247 productos representan la totalidad de las canastas de Precios Cuidados, la extinta Precios Máximos y la productos de cercanía Súper Cerca, ideada para contener los valores por fuera del canal de los grandes supermercados. Todos esos precios quedarán congelados hasta principios del año próximo. En este escenario, los empresarios marcaron dos preocupaciones. Los productores pidieron mirar los costos y tomar medidas fiscales, mientras que los grandes supermercado reclamaron que los proveedores entreguen en volúmen y precio de acuerdo a los listado acordados, y que no haya faltantes.
La grande duda del plan es cómo el Gobierno hará para controlar el cumplimiento, dado que es un dilema de cada canasta armada para establecer valores de referencia. Según confiaron a Página I12 fuentes oficiales, se monitoreará el cumplimiento por tres vías: la primera, un software nuevo en el que ya se trabaja y que tendrá alcanza nacional y sobre todos los productos que informen los proveedores, en todos los locales en los que se comercialicen. La segunda, un repotenciamiento de una herramienta que ya existe y tiene poco uso: la aplicación de celulares para que los consumidores reporten incumplimientos. Y la tercera, una más política, el nexo con los municipios para tener un monitoreo más focalizado. A tales fines, ya se tomó contacto con intendentes para que se sumen a lo controles de cumplimiento.
