Otra causa que se cae en Comodoro Py. Esta vez es la que se originó con una de las tantas denuncias utilizadas durante el gobierno de Cambiemos para forzar la renuncia de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó en 2017. En base a una nota de Clarín, el fiscal José María Campagnoli le había adjudicado supuestas irregularidades en el alquiler de un edificio que se utilizaría para la nueva estructura operativa que preveía la reforma procesal penal, que le daba protagonismo a las fiscalías y que Mauricio Macri frenó por decreto. Al expediente también se sumó Elisa Carrió. Hubo allanamientos, acopio de documentos, declaraciones y escándalo mediático. Pero el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Julián Ercolini tuvieron que reconocer, después de cuatro años y medio, que no había ningún delito probado. "Los resultados de las diligencias practicadas no permitieron corroborar las alegaciones formuladas por los denunciantes", dice la resolución del juzgado que dispone el archivo. 

La publicación de Clarín que dio origen a la causa data del 25 de abril de 2017 y presentaba como una supuesta irregularidad el alquiler de un edificio para el Ministerio Público Fiscal que no había llegado a estar ocupado y a ser utilizado. El contrato que, en efecto, abarcaba en principio entre julio de 2015 y enero de 2016, tenía una razón de ser: allí funcionaría la gran nueva estructura que requeriría la implementación del nuevo Código Procesal Penal que se había votado en el Congreso y promulgado en diciembre de 2014, y que, por tratarse de un sistema acusatorio, daría gran relevancia al papel de las y los fiscales, entre otros tantos cambios, como la oralidad en los procesos y la agilidad en los tiempos. Cuando Macri llegó a la Presidencia no quiso avanzar con la puesta en marcha de esa reforma porque quería tener control sobre la Procuración y toda la estructura dependiente de ella. Su objetivo era echar antes Gils Carbó, algo que ya anunciaba en campaña. Por eso suspendió la aplicación del Código Procesal renovado por decreto. 

Pese a que todo esto era conocido y que, además, la Procuración rescindió obviamente el contrato de locación, el fiscal Campagnoli hizo una denuncia penal. A Campagnoli se le había hecho un jury de enjuiciamiento durante la gestión de Gils Carbó, que no prosperó, porque pasó el tiempo para que el tribunal diera un veredicto, y siguió en su cargo. La causa, que les tocó a Ercolini y a Taiano, objetaba el alquiler del inmueble de la avenida Corrientes 1615, con la firma VBR Group, por un total de 6,5 millones de pesos, 940 mil al mes, con un pago adelantado de 3,5 millones. La denuncia hacía hincapié en la obviedad de que allí no había trabajado nadie y que se compraron muebles en forma directa. 

Como era evidente que esto no prosperaría, en el expediente apareció Carrió --junto con Fernando Sánchez-- y formuló una denuncia adicional. Plantearon también una cuestión inmobiliaria: la compra de un inmueble para que funcione allí la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a las Investigaciones Fiscales. Fue una adquisición complicada por las características requeridas y finalmente se compró una propiedad en Perú 545 por 42 millones de pesos, monto cuestionado por los denunciantes, que sumaron objeciones a otro alquiler a unas cuadras, en Perú 143. Intentaron vincular las operaciones, además, con otro expediente donde se acusó a Gils Carbó por la compra del edificio donde funciona hoy la Procuración. 

Después de todo este tiempo y de un notable esmero por producir pruebas, nadie puedo demostrar ninguna irregularidad. El fiscal Taiano emitió un dictamen donde daba crédito a las explicaciones sobre todas las operaciones que dieron, entre otras personas, tres funcionarias --asesoras jurídicas-- de la misma Procuración que intervinieron en el control de los procedimientos. Taiano tuvo que reconocer que el edificio alquilado en avenida Corrientes estaba previsto para la implementación del Código Procesal, para ubicar allí procuradurías y unidades especializadas y que no había anomalías a la vista. Entendió justificada la compra de muebles, que ya estaban en el lugar, hechos a medida. La propiedad de Perú 545 no tendría tampoco problemas porque no había oferentes en la zona donde se inició la búsqueda con las características técnicas requeridas, que no fueron modificadas, y sobre el alquiler restante, el fiscal entendió que respondía a la urgencia de mudar ciertas oficinas, también con requisitos edilicios y para contratar con el Estado que no eran sencillos de satisfacer.  

Taiano fue quien pidió el archivo ante la "falta de elementos certeros que permitan acreditar los sucesos investigativos". Sostuvo que "las maniobras denunciadas no fueron corroboradas a raíz de la prueba producida" y  que "tampoco se vislumbran nuevas diligencias que puedan resultar de interés para profundizar la pesquisa sin incurrir en un dispendio jurisdiccional innecesario opuesto a los principios de economía procesal que deben ser observados". Gils Carbó nunca fue indagada porque no hubo con qué acusarla. El archivo deja la causa latente, pero es un inevitable reconocimiento de que la causa era la nada misma. 

Cuando la fiscalía deja de impulsar la investigación, el criterio habitual es que el juzgado no siga adelante. Por eso Ercolini dice que "se aprecia que luego de desarrollada una extensa investigación en la que elucidara distintos aspectos fácticos, y efectuado el correspondiente análisis probatorio respecto de los resultados a los que se arribara con las medidas practicadas, el representante del órgano que reviste la titularidad del ejercicio de la acción penal pública arribó a la conclusión de que lo actuado no le ha permitido continuar sustentando la hipótesis inicial de investigación que fuera planteada". En 2017, cuando se inició esta causa, hubo una catarata de denuncias en su contra y Gils Carbó terminó renunciando en octubre, después de que le enviaran un mensaje de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón según el cual si no dejaba el cargo irían presas ella y sus hijas.