Las escuchas que hizo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a funcionarios y empresarios kirchneristas que estaban presos en el penal de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri volvieron a resurgir en las últimas horas cuando el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que está a cargo de la causa de espionaje que se inició en Lomas de Zamora, ordenó una certificación de la información que había acumulado su colega Claudio Bonadio en el expediente conocido como Operativo Puf. Después de que se encontraran 109 transcripciones de conversaciones entre detenidos y sus defensores, el abogado Alejandro Rúa amplió la denuncia que ya había formulado ante el relator de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, quien, a finales de la administración Cambiemos, había alertado sobre una práctica sistemática de persecución a jueces y fiscales díscolos para el macrismo.

En su presentación, Rúa le pidió a García Sayán que haga un llamamiento a las autoridades del Estado argentino por las maniobras de espionaje ilegal en perjuicio, entre otras cosas, de la independencia de los abogados que se estaban comunicando con sus defendidos privados de la libertad, afectando los más elementales derechos de defensa. Además, solicitó que le pida al Estado nacional que envíe información, que se destruyan los registros de las comunicaciones, que se promueva una investigación y que se adopten medidas de no repetición.

Entre el 18 de agosto de 2017 y el 24 de febrero de 2019, se hicieron escuchas en doce teléfonos del penal de Ezeiza. La AFI retiró más de 2000 CDs. Solo entre enero y febrero de 2019, esa agencia realizó 109 desgrabaciones de esas conversaciones, según documentó Martínez de Giorgi la semana pasada y publicó el diario Ámbito Financiero. Las transcripciones fueron hechas a pedido de Bonadio, que, para entonces, motorizaba la causa conocida como “Operativo Puf”, una reacción a la investigación que estaba comenzando en el Juzgado Federal de Dolores sobre la organización criminal que tenía a Marcelo D’Alessio como su cara más visible. El argumento de Bonadio era que la denuncia del D’Alessiogate había surgido desde la cárcel de Ezeiza como una forma de contrarrestar la causa de los cuadernos.

Bonadio consiguió de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) copias de escuchas que había ordenado el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena sobre Mario Segovia, el Rey de la Efedrina, detenido en el penal de Ezeiza, y puso a la AFI a desgrabarlas. Después de la muerte de Bonadio, Martínez de Giorgi quedó a cargo de su juzgado y cerró la causa del “Operativo Puf”, dijo que no había delito y envió los CDs que estaban en la causa y las desgrabaciones a la fiscalía de Lomas de Zamora que estaba investigando el espionaje durante el macrismo.

En el capítulo sobre el espionaje penitenciario, se encontró que no solo la AFI escuchaba las conversaciones de los presos --incluso con sus abogados-- sino que también los espías habían organizado a los detenidos según el criterio del semáforo que empleaba la exSIDE para otros casos. También se hallaron fichas de las personas detenidas y de aquellas que acudían a visitarlas, junto con otra información de inteligencia. Por estos hechos, el juez Juan Pablo Augé procesó a los directivos de la AFI, del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a los Súper Mario Bros y a los integrantes del área de Jurídicos de la AFI, que creó una dirección especial para hacer desgrabaciones. Esas transcripciones fueron, se entiende, las que llegaron a manos de Elisa Carrió o del fiscal Carlos Stornelli, que dieron origen a la causa del “Operativo Puf” o los audios que se filtraban en medios de comunicación. En Lomas de Zamora, agentes de la AFI apuntaron directamente hacia Jurídicos por las pinchaduras de los teléfonos. Dijeron que quienes comandaban ese sector les pedían a los integrantes de Contrainteligencia que solicitaran intervenciones de nuevos teléfonos para continuar con el circuito de escuchas ilegales.

A pedido del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la fiscalía a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide se dedicó a analizar las escuchas que estaban en la causa Puf y también le pidió al juez Luis Armella, subrogante en la juridiscción y ahora a cargo de la causa Segovia, que le permitiera tener acceso a esas intercepciones. Estaban en esa tarea cuando la Sala IV de la Cámara Federal de Casación ordenó que la causa pasara a los tribunales de Comodoro Py.

Martínez de Giorgi retomó la tarea de la fiscalía de Lomas, y el 23 de septiembre pasado ordenó hacer el análisis de las transcripciones. Entre otras cosas, se hallaron desgrabaciones de conversaciones con sus abogados de Juan Pablo Schiavi, Roberto Baratta, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Las 109 transcripciones solo corresponden a los primeros días de 2019, antes de que estallara el D’Alessiogate y cesaran las escuchas ilegales. Resta aún analizar el período previo.

Los procesamientos por el espionaje penitenciario que dictó Augé, a pedido de los fiscales Incardona y Eyherabide, están actualmente en poder de la Cámara Federal de Comodoro Py. Son los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah quienes deben resolver si confirman los 38 procesamientos, si los revocan o si anulan parte de la causa, como había trascendido. El tribunal viene dilatando la definición que servirá a Martínez de Giorgi como brújula para continuar con la investigación que se inició en Lomas de Zamora.