La provincia de Salta vivió su segunda jornada de audiencia pública no vinculante, que en este caso, tuvo como foco principal a la empresa Cosaysa SA, que presta servicios como Aguas del Norte, que pidió actualizar sus costos a octubre de 2020.
En las más de seis horas de exposición, tanto la empresa prestataria del servicio de agua potable, como los usuarios, los organismos estatales y las asociaciones, concluyeron que existe una falla y mala calidad en la prestación del servicio.
A eso se sumó que desde el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), expusieron un informe preliminar que llevó adelante el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). Su representante José María Rodríguez, explicó que el estudio se basó en dos aristas. La primera, que refiere al nivel de tarifas, que representa la sostenibilidad económica de la empresa; y la segunda, a las estructuras tarifarias, para saber cómo se distribuye ese costo a los usuarios.
Es por eso que desde el IERAL, se afirmó que Aguas del Norte "no tiene grandes desfasajes y está por debajo de la frontera de costos" operativos. El análisis además surgió de una comparación que se hizo entre las empresas prestatarias que brindan el servicio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Mendoza y Santa Fe.
En el caso de Salta, Aguas del Norte, se encuentra en similar línea con Aguas de Santa Fe, ya que ambas se ubican en un punto medio del análisis, demostrando que no presentan un desfasaje en sus costos operativos. Mientras que Aguas Mendocinas, presenta una deficiencia; y Aysa, se encuentra por encima de la frontera de costos.
La empresa brinda servicios de red en 92 de las 143 localidades de la provincia, que suman 326.262 usuarios. Su funcionamiento se da con los ingresos que perciben únicamente de la facturación, que luego se divide en tres grupos de costos: los operativos, que representan el 41%; los laborales, que son el 39%; y los no operativos, que equivalen al 20%.
De acuerdo a la proyección por tres años que realizó el Instituto con los datos presentados por la empresa, se señaló que a medida que transcurre la revisión tarifaria, "la inversión no coincide con los proyectado". Por lo que propusieron que si se dieran diferencia en esos valores, en más o menos, puedan ser incorporados a la base regulatoria de la próxima revisión tarifaria.
Por lo tanto, el Instituto marcó algunos desafíos, como implementar un sistema de contabilidad regulatoria; simplificar la estructura tarifaria; dar lugar a la aplicación metas de macro y micro de medición. Por último, redefinir e implementar el Plan Director, establecido del 2010 hasta el 2025 y que representan el centro de las inversiones en obras. "El proceso regulatorio es una construcción sistemática, permanente y requiere nutrirlo de información", concluyó.
Rodríguez estuvo en la audiencia porque desde el Comite de Defensa del Consumidor (Codelco), se pidió, el 6 de octubre, la presencia de la consultora perteneciente a la Fundación Mediterráneo; y el Enresp, aceptó.
Que el gobierno de haga cargo
El primero en exponer en la audiencia fue el presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, que reiteró que el único ingreso que perciben viene de las tarifas que se les cobra a los más de 320 mil usuarios del sistema de red. Mientras que las 51 localidades que no están dentro de ese sistema, forman parte del programa ATLAS (Asistencia Técnica a Localidades Aisladas Salta), por el que "no percibimos ninguna retribución".
El presidente de la empresa, sostuvo que cuando asumieron en 2020, vieron que una serie de obras que estaban proyectadas no fueron concluidas. Por ejemplo, con el Fondo de Reparación Histórica, fueron licitadas 7 obras en 2012 y se iniciaron en 2013. Pero sólo una está concluida, a otra le falta un mes para terminar, y 5, están paralizadas.
Otro caso, son las 7 obras pertenecientes al Plan 250 millones, que se licitaron en 2015 y se iniciaron entre 2016 y 2017. Allí, 3 se terminaron; una, iniciará próximamente, y 3 están paralizadas. En el caso del Plan Bicentenario, que licitó 5 obras en 2015/2016; tres fueron concluidas, y dos siguen paralizadas.
García Salado, aseguró que "si estas obras se hubieran concluido, otras hubieran sido las condiciones del servicio que hoy estamos prestando", haciendo un reconocimiento de la deficiencia que existe en la prestación. Agregó que el Plan Director, incluía obras que la Provincia tenía que hacer, pero no se concretaron.
En ese sentido, destacó que todas las grandes obras que se hicieron hasta 2019, fueron con fondos nacionales o provinciales; y no en base a lo recaudado de las tarifas que se les cobra a los usuarios. Por eso, solicitó que la Provincia trabaje de forma conjunta con la empresa para "optimizar y mejorar el servicio de agua que hoy tenemos".
A pesar, de pedir la revisión tarifaria, Aguas del Norte, nunca especificó una estimado en el aumento, y sólo se limitó a presentar los costos reales que dice tener.
Bajo el marco de la revisión, es que se presentó en la audiencia el PEM (Plan de Expansión y Mejoras) y el PAE (Plan de Obras del Estado), que están incluidos dentro del Plan Director. En el caso del PEM, los fondos provienen de un porcentaje de la tarifa, "pero como es tanta la desinversión, y tanto lo que hay que trabajar, arreglar y mejorar, se excede ese porcentaje", precisó la autoridad de Aguas del Norte.
Por lo que derivaron las grandes obras al POE, que obliga a la Provincia a realizarlas, sea con recursos propios, nacionales o internacionales. "Las grandes obras para mejorar el servicio, las tiene que hacer Provincia", aclaró. Y precisó que "los fondos de mantenimiento del servicio, "son los únicos que vienen de la tarifa y esa es la obligación de la empresa".
La empresa contó que recibe más de 10 mil reclamos mensuales, de los cuales 6 mil se sitúan en Capital, y 4 mil, en el interior. El gerente operativo, Javier Jurado, sostuvo que por las obras que no se finalizaron, provocan que existan mayores gastos en la optimización del servicio, como ser, la reparación de redes, que representan "uno de los altos costos operativos", que tiene la empresa.
Mal servicio
La Defensora de los Usuarios, Natalia Martínez, fue la encargada de cerrar la lista de expositores, y en su alocución de más de 40 minutos, pidió que no se aborde ninguna actualización de costos, "hasta tanto no se de una revisión integral" de cómo está el servicio en toda la provincia.
Se remitió a varias exposiciones previas de usuarios, de Metán, Tartagal, Embarcación, Capital, que dejaron en vista la mala calidad del servicio. "Me parece que esta revisión integral de la tarifa, tiene que ser integral como la ley así lo indica", aseguró, en referencia a que no sólo se revisen los costos que transmite la empresa, sino las condiciones sociales y económicas de los usuarios.
"Sabemos que el agua no se comercializa, es un derecho humano y hace a la dignidad de las personas, entonces, ¿dónde está el trato digno hacia las personas que reclaman", expresó. Mientras se desarrollaba la audiencia, en la puerta del Enresp, organizaciones de la izquierda se movilizaban en rechazo del aumento.
Por su parte, Carlos Manzur de Orán, propuso que para lograr un verdadero cambio, es preciso "rescatar el servicio", y que sea llevado adelante por los municipios. "Los usuarios pagamos eternamente un servicio que es deficitario y que no está cumpliendo con las leyes básicas de un servicio", cuestionó. A modo de ejemplo, dijo que en Orán, los residuos cloacales, se vierten de "manera pura" en los ríos del departamento.
Mientras que el diputado electo por San Martín, Jorge Restom, aseguró que la situación de su departamento "es una constante", porque carecen de un óptimo servicio. Precisamente este medio informó reiteradas veces, el pedido de las comunidades indígenas del norte salteño, que directamente no tienen nada de agua.
Por su parte, Mabel Perini, de Rosario de Lerma, fue la cara visible de las conocidas "Marchas del Silencio", que se dieron en su departamento por la falta de agua. Contó que el pedido de ese entonces, en enero de 2020, era la perforación de dos pozos de agua, pero que sólo uno se concluyó. Con una olla en sus manos, mostró que la mala calidad del agua, sólo les deja sarro y problemas de salud.
Aguas del Norte, factura de acuerdo a tres zonas. A modo de ejemplo mostró que en la ciudad, existe la zona 1, que involucra al micro y macro centro; la zona 2, que es un perímetro más alejado del centro; y la zona 3, que son los barrios periféricos.
Ana Enríquez, vive en el barrio Las Colinas, al oeste de la ciudad, y su ubicación la definiría como zona 3. La mujer denunció que "están viviendo el abandono del Estado y la empresa Aguas del Norte", porque no cuentan con una buena potencia las 24 horas, y en algunos casos, "nos tenemos que higienizar con una botella de agua". Por la poca presión, cuestionó que desde la empresa les impongan horario para cada acción diaria.
"El aumento es insostenible para todo los trabajadores" y muchos, "hemos perdidos nuestros puestos laborales", dijo. Rechazó cualquier tipo de aumento. y recordó que en marzo de este año, el presidente de la empresa firmó una nota donde se comprometía a solucionar la problemática del barrio, pero siguen sin tener novedades.
Otra situación es la que se vive en el barrio Tres Cerritos, uno de los que mantienen los costos más elevados en la facturación, y que denuncian desde hace meses la mala prestación del servicio. Silvia Hurtado, vecina del barrio, aseguró que la situación es "complicada" porque existe una baja de presión constante, y también se da cortes totales por un gran lapso de horas.
Al igual que todos los usuarios que expusieron, rechazó el aumento en las tarifas porque tienen "un servicio ineficiente" y "no se presentan las mínimas condiciones" que permitan pagar una nueva suba.
El Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Federico Nuñez, denunció que tuvo dificultades para acceder a la información, y que más allá del expediente que le llegó al Ente Regulador, no fue posible comprender "exhaustivamente el origen de las pretenciones" de aumento de la empresa.
"La sensación general de los usuarios, es que la prestación que se está dando es de mala calidad", en toda la provincia, a lo que dijo que no ve una voluntad verdadera para resolver los casos específicos que se viven en las distintas regiones, como sucede en el Chaco salteño. Sostuvo que la empresa se debate sólo en la mala calidad del servicio, pero poco habla sobre la ampliación o mejora del mismo.
