En el Noroeste argentino, la participación de actores económicos en el terrorismo de Estado presenta una alta correlación con la principal actividad económica: la agroindustria azucarera. Ésa es una de las conclusiones a las que arribó la organización de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) en su informe “Hacia una política de verdad y justicia sobre la complicidad de actores económicos en delitos de lesa humanidad, en el marco del Terrorismo de Estado en la Argentina. Aportes desde la sociedad civil", que entregó la semana pasada a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
"Muchas veces, como en los casos de los establecimientos manufactureros azucareros, la empresa es propietaria de todo lo que se relaciona con la vida de su trabajador. De su tierra, de su casa, de la escuela donde lleva a sus hijos, del dispensario donde acude cuando está enfermo. El poder de la empresa resulta así, absoluto y de características feudales", sostienen en el informe en el que se analizan las particularidades de los ingenios en Tucumán y en Jujuy.
Según Andhes, Argentina es uno de los países con mayor actividad judicial en casos de responsabilidad empresarial. Sin embargo, el proceso de justicia ha tenido muchos escollos. De acuerdo con la organización, a partir de la asunción de Mauricio Macri, los quince casos de responsabilidad empresarial que se encontraban en la etapa previa al juicio no tuveiron avances sustanciales. Esa lógica empezó a romperse ahora con la elevación a juicio de Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Lemos por los secuestros en la zona de influencia del ingenio Ledesma.
